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Vicentín, la mayor beneficiada con créditos de Macri, será expropiada por el Gobierno

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La agroexportadora de cereales tiene una deuda total de 1.350 millones de dólares. La mayor parte del paquete se remonta a al gobierno de Mauricio Macri. El Presidente anunció que pretende expropiar sus activos con una ley que enviará al Congreso.

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a la exportadora de cerealesVicentín, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos.

El mandatario, que hizo referencia varias veces a la soberanía alimentaria del país, también anunció que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, dijo Fernández.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente. Remarcó que se declarará a la empresa de interés público.

Gabriel Delgado, un economista del INTA de confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.

“Si hay evidencias de defraudación se harán las denuncias del acaso y lo llevaremos a la Justicia, pero queremos mantener en pie a un empresa muy importante”, aseguró el mandatario sobre versiones de la conducción privada de la compañía.

Control del 51%

La administración pública nacional tomaría el control del 51 por ciento de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por 350 millones de dólares que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de 1.350 millones de dólares.

“Este es un tema que venimos trabajando desde hace días con la senadora Anabel, mi amiga, y con Matías Kulfas, trabajaron entre ellos a partir de una idea de Anabel, la idea de la intervención y de la expropiación del grupo”, dijoi.

Y a renglón seguido puntualizó sus propósitos de enviar “al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión a YPF AGRO”, detalló el Presidente.

La referencia fue para la senadora Anabel Fernández Sagasti, también presente en la conferencia de presa quien aseguró: “Es una excelente noticia para todos los argentinos la decisión de poder rescatar a esta empresa que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos”.

Al parecer el “rescate” de Vicentin tiene tres objetivos: la recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociacion con los bancos acreedores y paz social y estabilidad laboral con gremios.

(Infobae)

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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