Nacionales
Unas 18 mil empresas dejaron de aportar jubilaciones en la cuarentena
Es por la crisis que desató la inactividad. Los más golpeados son los empleados en gastronomía, hotelería y comercio.
La incipiente recuperación de la actividad económica observada en junio desde niveles extremadamente depresivos de abril y mayo no logró sostenerse en julio y agosto, según se desprende de la estadística sensible del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Los datos de la oficina de Estudios de la AFIP dieron cuenta de que en julio otras 1.994 empresas no cumplieron con el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social (caja de jubilaciones) y amplió el éxodo acumulado desde el inicio de la cuarentena en prevención del COVID-19 a 17.651; en su mayor parte pertenecientes a sectores de actividad mano de obra intensiva.
En el caso específico de julio, tras la modesta recuperación de pagos por parte de 5.200 empleadores en junio, la baja registrada fue casi generalizada a las 19 grandes actividades en que se desagregan los datos, con las únicas excepciones de las empresas de la construcción 24, aunque perdieron en los 5 meses a 1.197 empleadores.
El severo perjuicio sobre la actividad productiva y comercial derivado de las prohibiciones de apertura de locales comerciales y de empresas dedicadas a rubros considerados no esenciales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y en particular a la movilidad a través del sistema público de pasajeros de la mayor parte de los trabajadores en esas actividades, donde con protocolo fueron autorizadas a comenzar a operar, se manifiesta en el aumento de los cierres definitivos y quiebras de empresas, aunque por la feria judicial y la prohibición de los despidos, no llegan a ser captados plenamente por las estadísticas oficiales.
Sectores golpeados
Las bajas del mes volvieron a estar concentradas en los rubros de hotelería y gastronomía con 595 establecimientos menos que en junio, y 4.203 desde el inicio de la cuarentena, es decir respecto de los registrados por el SIPA en febrero último. Le siguieron el comercio 357 y 5.108, en el mes y 5 meses respectivamente; servicio de transporte y logística 265 y 1.887; agro y ganadería 215 y 171; servicios de salud y sociales 125 y 365; y los empleadores dedicados a los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento con sendas bajas de 60 y 646 en los dos períodos considerados.
Otro de los grandes empleadores muy golpeados por la crisis derivado del estricto aislamiento social y obligatorio es el inmobiliario, el cual en julio se contrajo en 71, según los registros del SIPA y acumularon una baja respecto de febrero de 726 casos, a 21.613; y el de los servicios profesionales, científicos y técnicos, los cuales según esa fueron cayeron en 125 en el mes y 1.282 desde el inicio del ASPO.
(fuente Infobae)
Nacionales
Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación
Una semana antes de que se conozca el índice de inflación de enero, calculado con el nuevo IPC del Indec, este lunes se conoció la renuncia del director del organismo estadístico, Marcos Lavagna, el único funcionario nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández que sobrevivía en la Era Milei.
Según la prensa porteña, la salida de Lavagna “sorprendió a la Casa Rosada” y se produjo horas después de conocerse el Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde se afirma que de haberse aplicado antes la nueva tabla del IPC, los indicadores de inflación hubiesen sido más altos.
El índice de inflación de enero es el primero en medirse con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos, y que estaba listo desde hace meses, pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral.
El Informe de Política Monetaria del BCRA sostiene que con el nuevo IPC la inflación de los dos años de Miei hubiese sido más alta, por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec.
“Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el Indec reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023)”, dice el informe del Central.
“Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, explica el documento.
Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%, por lo que, con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante más por arriba, un desfasaje que los gremios ubican en 15 puntos.
El propio BCRA dice ahora que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”.
Nacionales
Oficializaron el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso
A través del Decreto 53/2026, el gobierno amplió el temario del Congreso, previsto para el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero, para tratar el “Régimen Penal Juvenil”, que busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años.
La medida se oficializó horas después del anuncio que dio el presidente Javier Milei, ayer en Mar del Plata, y fue formalizada este martes a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El texto normativo es escueto, pero contundente. En su artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
De esta manera, la decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto“.
El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad, hoy fijada en 16 años, y permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.
Nacionales
En Buenos Aires ofrecen créditos para pagar expensas atrasadas
En medio de recortes y sueldos congelados, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito para que los vecinos de consorcios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan pagar sus expensas atrasadas en hasta 18 cuotas.
De esta manera, el beneficio les permitirá cancelar hasta tres meses de deuda, con un monto máximo de $1.500.000 que se deposita directo en la cuenta del consorcio.
La línea tiene tasa fija del 60% TNA y cuotas de 3, 6, 9, 12 y 18 meses, siempre que no superen el 20% de los ingresos del solicitante. A modo de ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225.
Cabe recordar que, en 2025 las expensas subieron 36% en promedio en CABA y 313,6% en los últimos dos años, por lo que este nuevo crédito surge como una herramienta alternativa para facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.
Sin ir más lejos, el anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas, tanto en CABA como en el conurbano. Según datos arrojados por un relevamiento de ConsorcioAbierto 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.
El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires, lo que impacta directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.
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