Nacionales
Tras la media sanción en Diputados, senadores definen la legalización del aborto
BUENOS AIRES. En una sesión histórica, la legalización del aborto será debatida este miércoles 8 en el Senado, tras su aprobación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el rechazo a la iniciativa aparece con mayoría consolidada. Si la ley es rechazada, no podrá volver a tratarse este año.
Hasta ahora parece que se pondrá a consideración la media sanción de Diputados. El corazón del proyecto es la “legalización”, que en el sentido de la iniciativa implica el aborto “seguro, libre y gratuito” en todas las instituciones de salud, hasta la semana 14 de gestación. Plantea que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo deberá estar contemplada dentro del Programa Médico Obligatorio.
Aunque no se descartan sorpresas de último momento, ante versiones de inesperados proyectos “alternativos”, el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, principal operador de la ley, advirtió: “Vamos al recinto con la media sanción de Diputados y los cambios consensuados con el colectivo de mujeres, pero ninguna otra cosa que altere el espíritu del proyecto”.
Según los sondeos previos, la mitad más uno del cuerpo (37 senadores) ya manifestó su voluntad de votar en contra de la legalización del aborto. Si la iniciativa es rechazada, no podrá volver a discutirse en el Congreso hasta después del 1° de marzo próximo, fecha del comienzo de un nuevo período legislativo.
A favor de la legalización del aborto en sus diferentes variantes se han manifestado 31 senadores, mientras que solo dos legisladores -los peronistas José Alperovich (Tucumán) y Omar Perotti (Santa Fe)- mantienen en reserva el voto que emitirán en la sesión de hoy. El panorama se completa con la abstención de la senadora neuquina Lucila Crexell (MPN) y la ausencia por licencia de María Eugenia Catalfamo (PJ-San Luis), que cursa el octavo mes de embarazo.
La sesión será el corolario de un mes de debate en comisiones en la Cámara alta, en el que se escucharon cerca de 250 expositores y en el que, a diferencia de lo que ocurrió cuando el tema se discutió en Diputados, la Iglesia Católica y las evangélicas jugaron a fondo en contra de la iniciativa con movilizaciones en todo el país.
El Episcopado convocó a una misa en la Catedral para hoy, a las 20, en coincidencia con el desarrollo de la sesión. Para contrarrestarlo, las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito prometen llenar hoy las calles de los alrededores del Congreso, tal como lo hicieron cuando el proyecto se trató en la Cámara baja.
El debate parlamentario en el Congreso argentino generó todo tipo de repercusiones internacionales. Además de distintas voces de ONG’s y activistas, distintas cartas fueron enviadas a los legisladores argentinos por parte de importantes personalidades del mundo. La escritora Margaret Atwood le escribió a la vicepresidenta de la Nación, para pedirle la legalización del aborto en el país. También lo hicieron por carta más de 60 parlamentarios irlandeses, quienes contactaron a los senadores argentinos. En tanto, en las últimas horas, la contratapa del New York Times, con un comunicado de Amnistía Internacional llamó la atención del mundo por su mensaje “verde” a favor de la legalización del aborto.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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