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San Luis pagará sueldos en cuotas y Santiago del Estero declaró la emergencia

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El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró la emergencia provincial y dispuso un congelamiento del gasto público por seis meses; en tanto que en San Luis, el gobernador Claudio Poggi anunció que pagará los salarios estatales de diciembre en dos cuotas.

Mientras que Zamora justificó sus medidas cargando contra el “ajuste que va a impactar directamente en las provincias”, su par puntano, Poggi, que apoyó a Javier Milei en el balotaje de noviembre, pateó las culpas más hacia atrás y responsabilizó de la situación a su antecesor, el gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá.

Motosierra

“No es necesario explicar la situación que viene atravesando nuestro país desde hace bastante tiempo en términos económicos y financieros, pero que en los últimos días ha implicado anuncios del ministro de Economía sobre medidas de ajuste que según la propias expresiones van a impactar en las provincias, sobre todo cuando se habla de recortes específicos”, afirmó el gobernador santiagueño en un mensaje grabado al pueblo de su provincia.

“Nuestra provincia, hace 18 años viene manteniendo equilibrio fiscal, superávit financiero, desendeudamiento y una prolija y eficiente administración de lo que está a la vista”, argumentó y pasó lista: “Mantener la estabilidad de los empleados públicos, fomentar el trabajo privado, generar turismo, deporte, cumplir con las funciones esenciales del Estado, como la educación, la infraestructura básica y los servicios esenciales a los cuales nosotros acudimos con presupuestos equilibrados año tras año”.

“Lógicamente, los anuncios realizados, si bien no conocemos el alcance, nos obligan a tomar medidas preventivas de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos”, fundamentó.

“Por eso estoy enviando esta próxima semana el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público”, anunció Zamora.

Entre las medidas, el gobernador, enumeró el  congelamiento de vacantes, nuevos nombramientos y contrataciones en la administración pública y organismos descentralizados por el término de seis meses; congelamiento de la pauta publicitaria y de las transferencias a los municipios y comisiones municipales; y un régimen especial para el otorgamiento, revisión y control de subsidios estatales; viáticos, viajes y comisiones de servicios, entre otras.

Zamora aseguró, sin embargo, la continuidad de las obras públicas en ejecución, aunque comunicó que se suspenderán proyectos nuevos y licitaciones que no estén adjudicadas o con contrato.

Cuotas

Poggi anunció, también, un fuerte paquete de ajuste que incluye el pago de los estatales en cuotas, una medida por la que el mandatario puntano apuntó a su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, aunque reconoció que es la “primera vez en 40 años” que San Luis no pagará el sueldo completo a los empleados públicos de la provincia.

El mandatario adjudicó la decisión al “descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de los gastos” del gobierno anterior.

Poggi explicó que los sueldos provinciales de diciembre y enero se pagarán en dos cuotas: la primera a fin de mes y la segunda, a mediados del mes siguiente.

Poggi, sin embargo, no tendrá problemas con el pago del aguinaldo, ya que antes de dejar el cargo, Rodríguez Saá lo pagó el último día hábil de su gobierno.

 

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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