Nacionales
Salud Pública halló 4 millones de vacunas vencidas en frigorífico porteño
Se descubrieron dosis con fecha de caducidad entre 2015 y 2019 en un depósito de la Ciudad de Buenos Aires. Se iniciará una demanda penal a las autoridades ministeriales del gobierno macrista.
Ginés González García recorrió este miércoles el frigorífico Onetto, en la calle Solís de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad está relacionada directamente con el reciente hallazgo del Ministerio que conduce: encontraron en ese depósito 4 millones de vacunas vencidas entre 2015 y 2019.
Son dosis de Prevenar 13, para prevenir la bacteria del neumococo, Sabin oral, para la polio, y DTP o triple bacteriana, entre otras. Esas vacunas le habían costado al Estado, en su momento, más de $1400 millones informó El Ciudadano.
Las dosis fueron halladas después de una investigación combinada entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el área de Salud del gobierno nacional. Desde la cartera sanitaria estiman que el costo de destrucción de los materiales vencidos sería superior a $4 millones y, según le informaron a Data Clave, el almacenamiento por cuatro años costó $14.672.350.
En las próximas horas, se presentará una denuncia judicial por el desperdicio de 600 mil dosis de vacuna triple bacteriana.
No es la primera vez que, en nueve meses de gestión, el Ministerio a cargo de González García presenta cargos penales contra sus antecesores. Ya había ocurrido por una serie de correcciones de precios en contratos con laboratorios mientras Adolfo Rubinstein era el titular de la entonces Secretaría de Salud.
En la provincia de Buenos Aires había existido un caso previo similar a comienzos de año, aunque con cifras menos importantes. El Ministerio de Salud, con Daniel Gollán a la cabeza, encontró en enero unas 160 mil dosis que tenían fecha de caducidad en diciembre de 2019, correspondientes al gobierno de María Eugenia Vidal. Estaban en un galpón de Melchor Romero.
También en los primeros días del año, Ginés González García liberó unas 12.400.000 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones que estaban retenidas en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza. “Sólo un Estado indiferente puede que haber permitido que esto suceda”, dijo el ministro en conferencia de prensa en ese momento.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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