Nacionales
Por las promociones aéreas, los micros de larga distancia reducen frecuencias
Mientras aguardan que el Gobierno avance en un marco regulatorio para el sector, que les permita ganar competitividad y reducir precios, las empresas de micros de larga distancia comenzaron a reducir frecuencias, sobre todo en los tramos más largos, afectados por las promociones de líneas aéreas.
Diferentes empresas admitieron haber reducido frecuencias en viajes largos entre grandes ciudades, como de Buenos Aires a Mendoza, Córdoba o Bariloche, ya que salir con la mayoría de los asientos vacíos no es rentable. “Lo que hacemos es, en caso de poca diferencia horaria entre servicios de una y otra empresa y baja ocupación de asientos, sumar pasajeros a un sólo servicio para minimizar costos. El Ministerio de Transporte puede autorizarlo, pero lo hace de palabra, con lo cual estamos en una situación muy precaria, necesitamos que se legalice”, explicaron fuentes del sector. “Si un micro sale muy vacío todos pagan un boleto más caro; si se saliera con un 80% de ocupación, la tarifa sería más barata. Pero el promedio es menor al 50%”, agregaron.
La mayoría de las empresas realizan viajes largos, de 500 km. a 1000 km. Las más afectadas son las que cubren rutas de más de 1000 km., por la competencia del transporte aéreo. En los últimos meses, las aéreas que hacen vuelos domésticos (Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes) lanzaron fuertes promociones, antes de que nuevas firmas lleguen al mercado.
Así, al reservar con tiempo, se puede volar desde Buenos Aires a Mendoza (ida y vuelta) por $ 2096, mientras que en micro cuesta $ 1700 en precio promocional, $ 2350 en semicama (valor habitual), $ 3060 en cama y $ 3700 en cama suite, ida y vuelta, en viajes de 14 a 16.30 horas por tramo. A Bariloche, las aéreas ofrecen promociones a $ 2809, mientras que en ómnibus (de 20 a 24 horas) cuesta $ 2004 en promoción, $ 3340 en semicama y $ 3800 en cama, ida y vuelta. Es decir, viajar en avión cuesta apenas un poco más o incluso menos que hacerlo en micro, y en un viaje de corta duración.
Como anticipó El Cronista el lunes, se estima que el transporte de larga distancia caería un 20% por el arribo de nuevas aéreas: perderían más de 8 millones de pasajeros, de los 37,9 millones que trasladan al año.
En este contexto, las empresas reclaman, al menos desde 2013, un marco regulatorio que les permita adaptarse a la demanda. “Unimos más de 1500 puntos del país, muchos pueblos dependen de los micros, tanto en traslado de pasajeros como de encomiendas. Necesitamos que el Gobierno tenga más celeridad en tratar un marco regulatorio para ser más competitivos y bajar precios, una celeridad que sí tuvo para llamar a una audiencia para nuevas rutas a empresas aéreas, en tiempo récord”, destacó en tanto Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).
El transporte de larga distancia es considerado servicio público, de ahí la rigidez para hacer cambios en frecuencias y servicios. Las empresas buscan que el marco regulatorio contemple, por ejemplo, hacer acuerdos de código compartido, como las aéreas, para trasladar pasajeros de una empresa a otra en caso de baja ocupación (algo que hoy hacen bajo autorización, pero en forma precaria); cambios en sus bandas tarifarias, para bajar más los precios en servicios de escasa demanda y subirlos en los de alta; y contar con licencias legales, ya que desde 2013, cuando vencieron, están con permisos precarios. También reclaman una jornada laboral específica: hoy es de 8 horas y cada micro debe partir con dos conductores, pero cuentan las horas que viajan como acompañante como si condujeran, con lo cual cuando toman el volante estarían infringiendo la ley.
El arribo de más aéreas se da en un contexto donde los pasajeros de micro caen año a año: entre 2011 y 2015 se redujeron un 28%, de 50,5 millones a 37,9 millones de personas; y las distancias recorridas bajaron un 15,3%, según la Celadi, en base a la CNRT. En este contexto difícil, quedaron desde enero además como único medio de transporte público sin subsidio.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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