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Multas hasta $108 mil por incumplir con el Censo Nacional

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Censo Nacional
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El próximo miércoles 18 de mayo se llevará a cabo el el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 que obliga a todos los ciudadanos a permanecer en sus domicilios para completar el cuestionario o entregar el digital. En caso de incumplimiento hay multas que puede aplicar el Estado en caso de no participar o responder falsamente.

¿Qué ocurre con aquellos que no contesten o mientan el día del Censo 2022? Para ello, la ley fija una serie de penalizaciones dado que se trata de un deber cívico. Según la Ley 17.622, aquellas personas que no respondan o mientan sobre los datos brindados, deberán pagar una multa, cuyo valor se actualiza semestralmente.

“Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento previsto en la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional. Los importes mínimos y máximos previstos en el presente artículo se reajustarán semestralmente, el primero de enero y el primero de julio de cada año en función de los incrementos habidos en los semestres que vencen el treinta y uno de diciembre y el treinta de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos”, estipula la normativa.

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La última actualización de los montos se estableció a través de la Resolución 25/2022, publicada el 22 de febrero de este año. La multa mínima es de $1076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $107.799,35.

En ambas modalidades, los ciudadanos y ciudadanas deberán permanecer en sus domicilios tanto para entregar el formulario completado con anterioridad como para responder las preguntas del censista.

Cabe recordar que el Censo 2022 es obligatorio y según el artículo 17 del Decreto 726/2020, todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal.

Este cuestionario cuenta con 61 preguntas divididas en dos áreas. Una indaga sobre datos personales y la otra sobre las condiciones de la vivienda. Entre el total, están incluidas nuevas preguntas que buscarán reflejar mejor la actual coyuntura social.

El último censo nacional se realizó el miércoles 27 de octubre de 2010. En aquel relevamiento participaron más de 650 censistas y, entre otros datos relevantes, se arrojó que la población nacional estaba compuesta por 40.117.096 habitantes, 10,6 por ciento más que en 2001.

En este marco, según la ley, que además declaró el día del censo como Feriado Nacional, dejó establecidas las actividades prohibidas para el día indicado para el censo, para que las personas estén presentes en sus casas y cumplan con la obligación nacional y federal.

Según el artículo 2, quedan prohibidas hasta las veinte horas del día indicado para la realización del Censo: las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos.

Además, los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada.

En tanto, según el artículo 3, “los efectos salariales será de aplicación la legislación vigente en la materia para los días declarados feriados nacionales”.

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Proponen que provincias paguen a CABA por uso de sus hospitales y escuelas

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CABA

Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) pretenden que las provincias de los ciudadanos que utilicen los servicios de salud y educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reintegren los gastos al Estado porteño.

El proyecto de ley propone la creación de un “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional”, y es impulsado por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Mariana Kienast, del partido Republicanos Unidos, el espacio del diputado nacional Ricardo López Murphi, integrante de la coalición opositora.

“Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”, argumentó Kienast al presentar la iniciativa en la legislatura porteña.

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El texto señala que “los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe” cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” sea atendido en un centro asistencial de la ciudad.

Asimismo, establece que el informe debe detallar “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”, cuyos gastos se remitirán mensualmente “a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

Algo similar dispone en lo relacionado con el uso de las instituciones educativas públicas de CABA por parte de estudiantes domiciliados fuera del distrito.

La iniciativa establece que “los padres o tutores, cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera” de CABA, y “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes”.

Agrega que una vez “adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”.

“El consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA”, precisó Kienast.

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Alberto Fernández con Milagro Sala: “Se ha instaurado una clara persecución”

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MIlagro Sala

El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles a la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, hospitalizada en una clínica de Jujuy, y consideró la detención de la mujer “una clara persecución”.

Fernández dialogó con la dirigente social, detenida y procesada por la justicia jujeña desde hace 7 años, causas que el mandatario definió como “inventadas” por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que gobierna la provincia.

El presidente afirmó que en el caso de Sala “se ha instaurado un sistema de clara persecución”.

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“Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos”, advirtió Fernández.

En una rueda de prensa en la clínica donde está internada la dirigente social, el Presidente pidió a la justicia jujeña y a la Corte Suprema de Justicia ajustar las causas contra Sala a las normas procesales vigente en el país.

“Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud”, dijo el mandatario a los periodistas que lo aguardaban en la clínica.

“Apenas llegué de Alemania, me enteré de que estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que han tenido”, contó.

“Yo no vine a buscar aplausos”, dijo Fernández, argumentando que el objetivo de su visita es “acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho”.

Trombosis

La dirigente de Tupac Amaru fue hospitalizada por un cuadro de “trombosis venosa profunda”, y permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia, custodiada por policías armados.

Sus abogados informaron que Sala “se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”.

La dirigente está detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.

El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.

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Johnson rechazó pedido de Alberto Fernández sobre Malvinas

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Malvinas

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el pedido del presidente Alberto Fernández de retomar el diálogo bilateral por la soberanía de las Islas Malvinas.

La negativa británica a reabrir las deliberaciones por las islas en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, se dio en el transcurso de la cumbre del G-7, en Munich, Alemania.

Fernández se reunió con Johnson a pedido del británico, que estaba interesado en la posibilidad de ampliar las relaciones comerciales con Argentina, especialmente en lo relacionado con granos y alimentos.

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“Jonhson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania; pero en un momento le dije: ‘Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas’”, contó el presidente argentino.

“Eso ya se definió hace 40 años”, le contestó Johnson, en referencia a la guerra de 1982, cerrando la puerta a cualquier diálogo.

Fernández le reiteró que la Argentina está lista para retomar el diálogo de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, y pidió el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con la aerolínea nacional de bandera.

Un rato después del encuentro, el Gobierno británico publicó una carta en su sitio web, donde ofreció detalles de la reunión entre ambos mandatarios, y expresó que la soberanía de las Islas Malvinas no está en debate, reivindicando el derecho de los isleños a la autodeterminación, una pretensión que Argentina rechaza por considerarlos una “población implantada” a partir de la ocupación inglesa de 1833.

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