Nacionales
Michetti, tras ser sobreseída: “Quedó claro que no hay ningún delito”
La vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó su “enorme alegría” luego del sobreseimiento dispuesto ayer por el juez Ariel Lijo, en la causa en que se investiga el origen del dinero sin declarar que le robaron de su casa en noviembre del 2015.
“Siento una enorme alegría, porque no es lindo para uno que es una persona honrada, estar sospechada de algo. Fue un proceso difícil, duro para mi familia y amigos, y para mí misma; pero yo siempre tuve la serenidad que da la paz de la conciencia”, dijo la funcionaria al canal de noticias TN.
Para Michetti, “lo importante es que esto puede ser un caso testigo de que el país está cambiando, donde un funcionario se presta a la investigación de la Justicia sin hacer trampas, ni chicanas procesales. Se investigó y tenemos un fallo claro, y todo el mundo puede saber que la verdad era esta, y no una denuncia que tenía que ver con fines políticos”.
“En el fallo -dijo-, quedó claro que no hay ningún delito, ni siquiera una falla administrativa, ni en la administración de la Fundación SUMA, que es una ONG que se dedica únicamente a temas sociales, ni en lo que me robaron, que es dinero totalmente en blanco y no tiene nada en raro”, indicó.
“Todo está declarado, hemos presentado una gran cantidad de pruebas porque queríamos una investigación a fondo. Y yo estoy súper contenta de que se haya podido hacer semejante fallo y no sea una cosa así nomás”, concluyó Michetti.
Lijo sostuvo en un fallo de 176 carillas que se acreditó el “origen lícito del dinero que le fue sustraído” a la funcionaria en su domicilio el 22 de noviembre de 2015.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un abogado, a la que se sumaron más tarde diputados kirchneristas, luego de que una nota publicada por el diario Tiempo Argentino diera cuenta del robo ocurrido en la casa de Michetti la noche del balotaje.
El dinero robado a la vicepresidenta estaba compuesto por la suma aproximada de 245.000 pesos y 50.000 dólares, que Michetti atribuyó a préstamos de su pareja y a dinero aportado a su fundación SUMA, que aún no había sido bancarizado.
“Los testimonios recibidos y la prueba documental recabada en este sumario han corroborado la versión que sobre los hechos aquí investigados expuso Marta Gabriela Michetti en las distintas presentaciones efectuadas ante este Tribunal”, sostuvo Lijo.
La vicepresidenta había sostenido a través de un escrito que tres semanas antes de las elecciones le pidió a su asistente Santiago Riobó que la ayudara a recolectar fondos para pagar los gastos de la cena anual de su fundación, que se realizaría el 30 de noviembre.
En el mismo escrito, Michetti relató que le pidió a su hermana Silvina Michetti y al senador Federico Pinedo, que buscaran donaciones dentro del “equipo de trabajo” y del partido y que los aportes oscilaron entre 2.500 y los 15.000 pesos.
Tras escuchar a todos los testigos propuestos por la vicepresidenta, Lijo sostuvo que “los testimonios recibidos y la prueba documental recabada” han corroborado la versión de los hechos que expuso Michetti.
Sobre los 50.000 dólares, Michetti había dicho que se trató de un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, y que tenían que ver con el deseo de que su hijo hiciera una maestría en el exterior y la imposibilidad de costearla por falta de ahorros.
“Se verificó el préstamo en dólares realizado por su pareja, el cual fue debidamente exteriorizado por ambas partes en sus respectivas declaraciones juradas”, sostuvo el magistrado en el fallo.
Otro de los hechos que investigaba Lijo, y que también decidió archivar, fue el funcionamiento de una serie de fundaciones encabezadas por dirigentes del PRO que, de acuerdo a los denunciantes, generarían recursos para ese partido.
El magistrado sostuvo que tras analizar la información relacionada con esas organizaciones no se verificó “ningún hecho ilícito” y sostuvo que no era necesario realizar nuevas medidas de prueba por lo que correspondía archivar el expediente.
“Se concluye que no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita”, sostuvo el juez.
Las fundaciones investigadas y cuyos expedientes fueron archivados por el juez fueron SUMA, de Michetti; Fundar, Justicia y Seguridad, presidida por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzacco; y Formar, presidida por ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; entre otras.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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