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Los gastos de turistas en el exterior generaron un déficit de U$S 921 millones

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Por el incremento de los gastos de los turistas en el exterior, el balance cambiario arrojó un déficit de cuenta corriente de U$S 921 millones en febrero. Las reservas verdes del Banco Central no disminuyeron sólo por el acelerado endeudamiento del Gobierno que lleva a cabo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Se debió a los menores ingresos netos del rubro “Bienes” y mayores egresos netos por “Servicios”, en especial los vinculados con gastos de turistas en el exterior. La autoridad monetaria difundió su informe Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y Balance Cambiario de febrero de 2017, en el que consignó que las operaciones concertadas por las entidades autorizadas a operar en cambios con sus clientes resultaron en un déficit de U$S 244 millones, una reducción en la salida neta de U$S 2.378 millones respecto del déficit observado en enero y de U$S 668 millones si se lo compara con el mismo mes de 2016.

La autoridad monetaria amplió que realizó compras de forma directa al Tesoro Nacional por U$S 1.500 millones y que efectuó pagos por las operaciones de comercio exterior canalizadas por el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) vigente con Brasil y por ALADI por U$S 43 millones. El volumen operado en el MULC totalizó U$S 30.820 millones (U$S 1.712 millones en promedio diario), nivel 2% superior al del mismo mes del año anterior, explicado por las operaciones concertadas entre las entidades autorizadas y entre estas y sus clientes.

“Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en U$S 921 millones”, explicó la entidad. El Banco Central amplió que las operaciones por transferencias de bienes registraron un ingreso neto de U$S 252 millones, como consecuencia de cobros de exportaciones por U$S 3.637 millones (caída interanual de 9%) y pagos de importaciones por U$S 3.385 millones (aumento interanual de 6%).

“Las operaciones registradas en concepto de servicios mostraron una salida neta de U$S 908 millones (aumento interanual de 22%), principalmente explicada por los egresos netos vinculados a gastos de turistas en el exterior”, puntualizó.

La cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero mostró egresos netos por U$S 874 millones, cuyo componente principal fue la demanda neta para formación de activos externos de libre disponibilidad, que totalizó U$S 1.865 millones (compras netas de clientes de billetes por U$S 1.727 millones y transferencias con el exterior por U$S 138 millones).

La cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de U$S 2.358 millones, destacándose los ingresos del Gobierno nacional por colocaciones de LETES por unos U$S 850 millones -neto de pagos- y por las emisiones de Bontes por U$S 1.711 millones. Asimismo, se registraron ingresos por colocaciones de deuda en el exterior de gobiernos subsoberanos por unos U$S 2.000 millones, que fueron acreditados en cuentas locales en moneda extranjera mediante “canjes”.

Con estos movimientos, durante el mes de febrero las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en U$S 3.721 millones, finalizando el mes con un stock de U$S 50.608 millones, retornando a los niveles observados por última vez a mediados de 2011.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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