El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), dio a conocer el índice de pobreza en la Argentina, el cual alcanzó al 36,5% de las personas, unos 16,5 millones de argentinos según la medición en el primer semestre de 2022. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 27,7%.

El organismo oficial distinguió que un 8,8% de las personas vive bajo la línea de la indigencia, cifra que aumentó comprando con en el segundo semestre del 2021, en donde el 8,2% vivía en condiciones de indigencia, en ese mismo periodo el 37,2% de la población, unas 17,4 millones de personas, era considerada pobre.

De los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por debajo de la LP se encuentran 2.684.779 hogares, que incluyen a 10.643.749 personas y, dentro de ese conjunto, 660.494 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 2.568.671 personas.

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Los indicadores sociales principales mostraron una sensible mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020. En tanto, en el primer semestre del 2021, la pobreza descendió al 40,6% y la indigencia al 10,7%.

En la región hubo una reducción de la pobreza en la mayor parte de los conglomerados. La indigencia aumentó en tres regiones y disminuyó en las otras tres.

Por contrapartida, el Índice de Salarios subió 34,3% en el primer semestre, por debajo de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), pero con diferencia al interior de los ingresos, ya que los trabajadores privados tuvieron un alza del 36%; los empleados públicos, 35,2%, pero los no registrados, que son el 37% del total de los empleados, lograron una actualización del 27,9%.

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El ministro de Economía Sergio Massa presentó este miércoles en una reunión ampliada de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos, el proyecto de ley de presupuesto 2023 del Gobierno.

Con varias alusiones al rechazo del Presupuesto 2022 por parte de los diputados de la oposición, Massa explicó los datos centrales de la iniciativa que a partir de hoy se discutirá en el Congreso, que contempla un gasto total de casi $29 billones, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación promedio del 60%, y la reducción del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%.

Desde el inicio, Massa, planteó a los diputados la necesidad de “trabajar juntos en un acuerdo político” para conseguir la aprobación del presupuesto porque son necesarios esos consensos “dentro de las distintas visiones de país que están reflejadas en el Congreso”.

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La Cruz

“El fallido Presupuesto 2022 lo llevo como una cruz, porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazaron un Presupuesto. Espero como ministro tener más éxito que como presidente de la Cámara”, ironizó Massa.

Dijo que su “aprendizaje como ministro es que cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”.

Massa prometió “buscar una desaceleración de la inflación” para que el año próximo se ubique en un 60%, ya que este año ya alcanzó hasta agosto el 78,5% y seguramente superará el 90%”.

Adelantó que “en materia de financiamiento, el camino es reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro”. “Para 2023 tenemos, en términos de gestión y de desembolsos, un programa de asistencia de organismos multilaterales”, informó.

Argumentó que la “política argentina tiene un permanente reclamo para que haya equilibrio fiscal y del gasto”, e invitó al Congreso a “analizar a quienes son los beneficiarios de gastos tributarios del 2,5 por ciento del PBI”, que tienen exenciones impositivas.

También planteó que tendría que ser el “Congreso el que se expida en el tema de la concentración y la colusión en las compras públicas”, y defendió el nuevo esquema de subsidios.

“El esfuerzo para el ahorro energético lo tienen que hacer todos; no los usuarios y el Estado nacional, sino también las provincias”, expresó.

“Les pedimos a las provincias que incorporen a la tarifa social a aquellos ciudadanos que por cuestiones económicas pueden estar alcanzados por alguno de los niveles de subsidios”, pidió.

“Quiero que cualquier diputado y diputada antes de votar sienta que, tanto yo como el gabinete, estamos para rendir cuentas, despejar dudas y así podamos tener en 2023 un Presupuesto como se merece la Argentina, con una ley de este Congreso”, finalizó.

Conservadores

El ministro consideró el proyecto de Presupuesto 2023 como “racional y prudente” y en sintonía “con los objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Quisimos ser conservadores y prudentes”, argumentó. “Yo no soy mago, ni pretendo serlo, y no voy a mentirle a la gente”, advirtió.

“Las metas macroeconómicas –el crecimiento de la economía, el déficit y la inflación- están planteadas sobre la base de la política monetaria, la política fiscal, la política de acumulación de reservas, la política de inversión pública y privada; todas juntas son las que permiten construir las proyecciones macro económicas”, explicó.

“Yo presenté un programa que cumple objetivos y metas”, afirmó el ministro, invitando al Congreso a “hacer aportes adicionales”.

“Es responsabilidad de todos nosotros como dirigentes políticos. Lo que está planteado es una invitación al Congreso, porque hace 20 años que este capítulo lo renovamos casi automáticamente, sin mirarlo”, expresó Massa. “¿No será hora que lo miremos, que lo estudiemos? ¿No será hora que lo evaluemos, que lo discutamos?”, preguntó.

El ministro estuvo acompañado por su equipo económico, y flanqueado por la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, y el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Heller.

La reunión contó con la presencia de los jefes de bloques del Frente de Todos, Germán Martínez; la UCR, Mario Negri; el PRO, Cristian Ritondo; del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez; de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy; de Avanza Libertad, José Luis Espert; y de la izquierda, Romina del Pla y Myriam Bregman.

De goma

En la reunión, Massa también defendió su intervención en el conflicto laboral en el sector de la fabricación de neumáticos, de los señalamientos del bloque de izquierda, que lo acusa de “romper la huelga de los trabajadores” por el ultimátum que puso a las partes en conflicto, amenazando con abrir las importaciones.

“Nosotros tenemos que tratar de evitar el daño más grave a la hora de situaciones de conflicto”, señaló el ministro. “Que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150 mil empleos y no querer sentarse a negociar es un problema que creemos que tiene que tener atención por parte del gobierno”, consideró.

“Si tienen buena fe que se sienten en la mesa como corresponde”, manifestó Massa, al tiempo que deseó que “los trabajadores consigan el mejor acuerdo posible y que le ganen a la inflación”.

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dio luz verde el viernes pasado a las compañías para que avancen con dos nuevos aumentos de tarifas en los servicios de telefonía celular, internet y televisión hasta fin de año.

A través de la Resolución N° 1754/2022, publicada en el Boletín Oficial, las licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del primer día de octubre un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes, en un porcentaje de hasta 19,8%, tomando como referencia sus precios vigentes.

A partir del 1° de diciembre, las prestadoras podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta un 9,8% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores ya actualizados.

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Así, el servicio de televisión por cable e internet costará entre $3.600 y $4.500, el servicio de streaming $700, telefonía fija $500, y cuatro líneas de teléfono celular (de un hogar promedio), entre $12.000 y $14.000.

Además, a partir de octubre la recarga de 50MB de datos móviles por día costará $36, el segundo de voz $0,55, y $7,20 por cada SMS.

En diciembre, estos valores se actualizarán a $39,50 los 50MB diarios; $0,60 el segundo de voz, y $7,90 los SMS.

Un cálculo aproximado del impacto de las nuevas tarifas ubican el piso entre $16.855 y $19.755.

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