Nacionales
La vicepresidenta cerró una investigación administrativa contra el correo de Macri
BUENOS AIRES (Agencias). La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dio por cerrada de manera definitiva la causa administrativa en la que se investigó si hubo irregularidades en la aceptación por parte del Gobierno de una oferta del Correo Argentino, empresa de la familia del Presidente, para pagar una deuda que tiene desde 2001 y que fue denunciada ante la Justicia
Michetti rechazó una apelación que presentó el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el caso se siga investigando porque no se habían instrumentado todas las medidas de prueba que había solicitado. La vicepresidenta -que resolvió el caso porque Macri se excusó– dictó el decreto 907 en el que rechazó la apelación y señaló que así “queda agotada la vía administrativa”.
Por el caso del Correo Argentino hay tres causas abiertas: dos en el plano judicial y una -que fue cerrada hoy- en el administrativo. De las dos que continúan en trámite, una se encuentra en el fuero Comercial, desde 2001, y se discute la deuda de la empresa. La otra es penal, se inició en 2016, y están imputados el presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, por la aceptación de la controvertida oferta de pago.
El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Pertenece a Socma, cuyas acciones el Presidente cedió en 2009 a sus hijos. Desde 2003 hay una causa comercial por la deuda y a mediados de 2016 la compañía hizo una propuesta: pagar 296 millones de pesos en 15 cuotas anuales (que vencían en el 2033) con un interés del 7 por ciento anual.
El gobierno de Macri, a través del ministerio de Comunicaciones la aceptó. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo por “abusivo y perjudicial” para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2 de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones. Luego, frente a la polémica que se generó, el gobierno retiró la propuesta.
El Frente para la Victoria hizo una denuncia penal que quedó bajo la órbita del fuez federal Ariel Lijo. Están imputados y bajo investigación Macri, Aguad, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, directivos del Correo, síndicos del concurso y la jueza comercial Marta Cirulli.
Nacionales
Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario
A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.
Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).
En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.
De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.
Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.
Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.
Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.
Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad
Nacionales
La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei
La pobreza alcanzó al 52,9% de personas en todo en el país y la indigencia saltó del 9,3% al 18,1% durante el primer semestre del 2024, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El instituto nacional dio a conocer esta tarde el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos en Argentina durante el primer periodo de gobierno del presidente Javier Milei, que representa un salto en la pobreza de más de 11 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del 2023, que estaba en 41,7%.
Los índices de 52, 9% de pobreza y de 18,1% de indigencia implican para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que por debajo de la línea de pobreza (LP) se encuentren 4.319.760 hogares, donde viven 15.685.603 personas y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares estén por debajo de la línea de indigencia (LI), lo que representa 5.379.588 personas indigentes, de acuerdo al informe del Indec.
Otro punto que remarcó el instituto fue sobre los ingresos de los hogares, el cual arrojó que entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 el ingreso total medio aumentó 87,8% frente a subas de 115,3% de la canasta básica alimentaria (CBA) y de 119,3% en la canasta básica total (CBT).
Respecto a los grupos etarios que afectan la pobreza y la indigencia, el Indec detalló que dos tercios (66,1%) de las personas de entre 0 a 14 años forman parte de hogares por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el total de argentinos bajo LP para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y de 48,6% respectivamente.
En cuanto a la población mayor de 65 años, un 29,7% de las personas en esta franja etaria se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.
En relación a las regiones, el instituto indicó que la mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año se observó en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57,0%), mientras que los menores índices se registraron en la Patagonia (49,1%) y Pampeana (49,9%).
Nacionales
Jubilados y pensionados de Anses tendrán 4,17% de aumento en octubre
Hoy lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 798/2024, publicada en el Boletín Oficial, un incremento del 4,17% en los haberes mínimos y máximos a partir de octubre para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de agosto.
Con este incremento, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $234.540 a $244.320 y el máximo pase de $1.578.234 a $1.644.046, ya que, el organismo previsional estableció “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2024, será de $244.320,56″. Mientras que el máximo, a partir del décimo mes del año, será de $1.644.046,07.
En caso de que, como viene sucediendo los últimos meses, se confirme el otorgamiento de un bono de $70.000 a los que perciben la mínima, las jubilaciones más bajas pasarán de $304.540 a $314.320. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.
En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $82.287,12 y $2.674.292,72, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2024.
Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $111.765,50. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $195.456,45. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $265.456.
La fórmula vigente
Tras vetar la nueva fórmula jubilatoria sancionada en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei continúa con la aplicación del esquema previsional propio, puesto en marcha en julio pasado, que estipula el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo. Además, mantendría sin actualización el bono, siendo el octavo mes que otorga $70.000 por dicho concepto.
Al aplicar el monto del bono sin variaciones, “el aumento es inferior al índice inflacionario, ya que la suba apenas superaría el 3%, dependiendo la prestación”, sostienen desde el oficialismo, en tanto, “La suba del ingreso total que se acumuló en los últimos meses es bastante más baja que el incremento de los montos sin considerar el refuerzo”.
En este sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que “el poder de compra promedio de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% interanual”.
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