Nacionales
La Corte dijó que jubilados no pagan ganancias y le dio otro golpe al gobierno
Los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton conformaron la mayoría para declarar inconstitucional el pago del impuesto. Carlos Rosenkrantz no acompañó la decisión, que incide potencialmente en la situación de unos 300 mil jubilados que cobran más de 62 mil pesos.
BUENOS AIRES. Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad del pago de Ganancias para los jubilados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco ratificaron los fallos de primera y segunda instancia, que le habían dado la razón a la denunciante, María Isabel García.
En contra se pronunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien nuevamente quedó en soledad y alineado con la postura del Gobierno Nacional. Además, los magistrados le pidieron al Congreso que elabore una ley para darle un tratamiento diferenciado a “los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”.
Si bien la Corte resolvió en este caso puntual (y el voto de la mayoría hace un señalamiento especial sobre eso), lo más probable es que la decisión tenga efectos directos sobre el resto de los jubilados que ya iniciaron reclamos ante la Justicia y que indirectamente también alcance a los demás jubilados que son afectados por el tributo pero no presentaron aún sus demandas. Deberán, en ese caso, hacer su propio planteo ante los tribunales.
El universo de potenciales jubilados alcanzados por este fallo es de unos 300.000 en todo el país. Son quienes ganan más de 62.462 pesos por mes. Según informó la ANSES, por año recauda unos 5.265 millones de pesos por este concepto.
Si finalmente se confirman los fallos de primera y segunda instancia, el Estado dejará de percibir ese ingreso anual y, además, debería pagar a quienes judicializaron el reclamo (unos 400 jubilados), el retroactivo al momento del inicio de la presentación judicial, con los intereses correspondientes.
El fallo completo
Los cuatro jueces hicieron especial hincapié en la diferencia entre los trabajadores activos, que sí pagan Ganancias en sus salarios, y aquellos trabajadores pasivos que perciben el haber jubilatorio. “Desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación”, sostienen.
En el caso de los jubilados, subrayan los avances establecidos en la reforma constitucional de 1994 para proteger efectivamente a los “colectivos de personas en situación de vulnerabilidad” y enmarcan a los adultos mayores en ese grupo. “El envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”, señalan Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti.
De manera implícita, los magistrados hacen referencia al tema que más sensibiliza al Gobierno: la afectación de la recaudación tributaria. “No es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente ‘a cualquier precio’, pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales”, retrucan.
Dado que los jubilados a quienes se le cobra el impuesto a las Ganancias son un porcentaje muy minoritario del total, los jueces insisten en que “la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido”.
En el caso puntual de García, los jueces aluden especialmente a las particularidades de su situación. Contaba en 2015, al presentar la demanda, con 79 años, padecía problemas de salud y los descuentos realizados en su beneficio jubilatorio oscilaron en el período marzo a mayo de 2015 entre el 29,33 por ciento y el 31,94 por ciento.
En conclusión, los cuatro jueces supremos repasan algunos casos de su propia jurisprudencia en materia de Seguridad Social, “en las que el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva”.
Nacionales
La Justicia intimó al gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y advirtió que podría penalizar económicamente a los funcionarios por cada día de demora.
Se trata de la segunda medida judicial presentada este año ante el incumplimiento de la ley, la primera fue a finales de marzo, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país.
Se trata de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes. Sin embargo, no fue aplicada hasta el momento.
En los últimos días, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 23 días de paro en todo el país como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre.
En este contexto, el magistrado Cormick dejó en claro que entendía que el gobierno nacional le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.
“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostiene el documento.

Juez federal Martín Cormick
En octubre del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el gobierno pagara lo que adeudaba.
La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En tanto, el 25 de junio pasado, la Corte ratificó –con su habitual parsimonia– lo que había resuelto Cormick.
El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el gobierno iba a transferir 24,33% a las universidades para el pago de salarios –21% en junio y un 3% adicional en octubre–, se comprometía a actualizar en un 20% los gastos de funcionamiento y a incrementar la partida para los hospitales universitarios.
Después de que el gobierno nacional presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.
El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.
La posición del gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.
Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades, pero en ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno. La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que afirmaba que los sueldos docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año.
Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla. Según los cálculos de las universidades, hay un desfasaje del 35%.
Universitarios convocan a la quinta marcha ante el incumplimiento de la ley
Nacionales
El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, durante la reunión se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de “feriados locales/provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días .
La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y transmitió la definición del gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de Caba, provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.
Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red Sube de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país.
Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.
Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
Por parte del gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Karina Milei encabezó la reunión para coordinar acciones ante la visita del sumo pontífice.
Nacionales
El médico misionero Richard Malan fue designado presidente del Incucai
El médico misionero Richard Malan fue designado como nuevo presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), según informó este viernes el gobierno nacional.
La designación fue formalizada mediante el Decreto 971/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa el desembarco de Malan en la conducción del organismo nacional encargado de coordinar las políticas vinculadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Hasta ahora, el profesional se desempeñaba como vicepresidente del instituto, cargo que ocupaba desde 2023.
Malan es médico especialista en Clínica Médica, Hemoterapia e Inmunohematología y Gestión de Servicios de Salud. Entre 2006 y 2020 estuvo al frente del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones y, entre 2009 y 2020, dirigió el organismo provincial de Donación y Trasplante (Cucaimis).
Durante su gestión en Misiones impulsó la creación del Laboratorio de Inmunología y Trasplante y del Banco de Tejidos. Según destacó el gobierno nacional, durante esos años se registró un crecimiento sostenido en materia de donación y trasplante, que permitió alcanzar la denominada lista de espera cero para trasplantes de córneas en la provincia.
Además, desde 2016 se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra de Medicina del Trasplante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones.
Trayectoria
Malan se incorporó al Incucai en 2020, donde estuvo al frente del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y participó en el desarrollo de nuevos centros de trasplante de médula ósea en hospitales públicos.
También lideró el proyecto de creación del Laboratorio Nacional de Inmunogenética, destinado a facilitar el acceso a estudios inmunogenéticos y de histocompatibilidad para pacientes con indicación de trasplante.
Con su designación, Malan reemplazará a Carlos Soratti, quien deja la presidencia del Incucai después de casi dos décadas al frente del organismo, con distintos períodos de gestión desde 2003.
El mismo decreto designó a Gabriela Hidalgo, hasta ahora directora del Incucai, como vicepresidenta del Directorio del organismo.
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