Nacionales
Jubilación al recinto: desdoblan la edad y eliminan el mínimo de 20 años para jueces
Son dos de las principales modificaciones a las que accedió el oficialismo. También hubo cambios en el cálculo de los futuros beneficios. Este jueves se trata si es que se llega al quórum.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El oficialismo accedió a incorporar algunos cambios en el proyecto de ley del Gobierno que recorta las jubilaciones de magistrados y diplomáticos, con lo cual quedó listo bajar al recinto este jueves.
Entre las modificaciones aceptadas por el oficialismo figura el desdoblamiento de la edad jubilatoria de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Para los hombres será de 65 años, de manera escalonada, y de 60 años para las mujeres.
Además, se eliminó como requisito para acceder a la jubilación el haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial, según dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Otro cambio importante es el que anticipó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y se refiere a que el Gobierno elevó una modificación a uno de los artículos del proyecto (el artículo 17 inciso b) que establece el cálculo de los futuros beneficios.
En ese sentido, se estableció que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Este mismo criterio se aplicará para la movilidad de los haberes, aclaró el funcionario.
Explicaciones oficiales
El titular de Seguridad Social dijo que “es innumerable la cantidad de magistrados que al cumplir los 60 años y los requisitos que establece el régimen actual, iniciaron su trámite jubilatorio en la Anses y lo suspendieron al momento del cese”.
Por ello puntualizó que “los señores magistrados que hoy no hicieron el trámite pero que al día anterior a la promulgación de la ley hayan cumplido con los requisitos de la ley 24.018, conservarán sus derechos, no estarán afectados”.
Negó que “se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios que están en condiciones de adquirir el beneficio, sea que se jubilen hoy o sea que se continúen trabajando hasta los 75 años que es el límite que fija la Constitución”, dijo.
La oposición
El bloque de Juntos por el Cambio condicionó su presencia en la sesión de este jueves a que se incorpore en el texto una cláusula transitoria que garantice que quienes hayan cumplido las condiciones para acceder a la jubilación con la ley actual (antes de la modificación propuesta por el Ejecutivo) se les permita que accedan a la misma pero que puedan seguir trabajando. Este universo abarcaría a 280 jueces y fiscales.
“No queremos que se debilite el sistema de Justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, enfatizaron los voceros de Juntos por el Cambio.
En el plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto el diputado Pablo Tonelli insistió en la inclusión de la cláusula transitoria en el texto, pero Goñi insistió en que sería redundante, porque el texto es suficientemente claro.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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