Nacionales
Javier Milei volvió a prorrogar por decreto el Presupuesto 2023
Por segunda vez, el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, prorrogó el Presupuesto de 2023 al no haber alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes y no convocar a sesiones extraordinarias por temor a afectar el equilibrio fiscal.
De esta manera, en la mañana de hoy fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 1131/2024, que oficializó la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año próximo.
Esto significa que, por segunda vez consecutiva, se extendió el presupuesto que fue aprobado en el último año de la presidencia de Alberto Fernández. Al respecto, el Ejecutivo justificó la decisión apuntando a la “necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales”.
A su vez, en su artículo 2, delega al jefe de Gabinete Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero. En este marco, otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría afectar las negociaciones con las provincias y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Antecedentes y tensiones con las provincias
El último proyecto de presupuesto fue presentado en septiembre pasado, sin embargo, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
En esta oportunidad la prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias, entre quienes las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Algunas de las principales exigencias de los mandatarios provinciales son: las deudas por cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
En conjunto, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares, aunque según pudo revelar la agencia Noticias Argentinas, desde Balcarce 50 insistieron en que “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
Posibles cambios a partir de febrero
Desde el oficialismo consideran que el Presupuesto podría tratarse en febrero si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes.
Al no haber podido alcanzar acuerdos concretos, y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
Nacionales
Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país
Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.
En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
Los casos que rondaron Misiones
Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.
Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo.
Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.
Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.
Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.
Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones
Nacionales
El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis
El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.
De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.
Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.
El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.
La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.
La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.
Nacionales
La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.
El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.
Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.
En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.
El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.
El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.
En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
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