Nacionales
Hoy se reunen Frigerio y Prat Gay con hoy con los gobernadores: se reparten $ 37 mil M
El Gobierno de Mauricio Macri apuesta además a sellar hoy el Acuerdo para el Fortalecimiento del Federalismo, que augura sin embargo nuevos tironeos por recursos con los Ejecutivos, en medio de la incomodidad por el desembarco de la bonaerense María Eugenia Vidal en la Corte para batallar el fin del techo al Fondo del Conurbano (ver aparte).
Se trata de la fijación de pautas para Nación y las provincias en pos del equilibrio fiscal en 2019 y de la eficiencia del gasto público, que incluye además una reforma tributaria (que será detallada por Prat Gay) para apuntalar el crecimiento de la actividad económica.
En la tarde de ayer, en despachos del interior esperaban el texto final del entendimiento, tras sugerencias aportadas por los ministros de Hacienda en pos de -argumentaron- “garantizar la seguridad jurídica de las provincias y que quede claro que no hay renunciamientos en materia de reclamos judiciales”. Pero mandatarios y ministros entienden que el acuerdo es a priori sólo un “documento político”, y que aún resta una dura pulseada en torno del respaldo financiero que recibirán las provincias.
“El equilibrio fiscal a 2019 es una meta ideal y posible, pero primero hay que ver dentro de qué esquema de financiamiento deberemos cumplirla”, aseguró ayer un ministro de Hacienda provincial a este diario, anticipando el tono que tendrá el cónclave de hoy.
Para evaluar este escenario, los mandatarios peronistas concretarán una reunión previa en el Hotel Savoy, a las 11.30. La preocupación se apoya en el fuerte retroceso que sufren los envíos de coparticipación, por el freno en la actividad económica y cambios tributarios impulsados por Macri que impactaron en la recaudación nacional y redujeron la torta de tributos que se reparten al interior.
De hecho, varios gobiernos salieron a advertir que la devolución escalonada de la coparticipación de este año sellada en mayo en Córdoba -un 3% “cash” (en goteo diario) y un 6% de la mano de un crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES- no alcanzará a compensar las pérdidas por ese retroceso. Por eso las provincias buscarán arrancarle hoy a los funcionarios de Macri la promesa de un reparto de recursos “más justo y federal”, intentarán garantizar fondos para la obra pública y el financiamiento de los déficits previsionales para las cajas no transferidas, y enfatizarán la necesidad de revertir el hecho de que la mayor parte de la coparticipación quede hoy en manos de Nación, a fuerza de los parches que sufrió la ley nacional.
La incomodidad creció luego del desembarco de la macrista Vidal en la Corte para exigir la eliminación del techo de $650 millones en el Fondo del Conurbano. “Es un reclamo legítimo, pero la pregunta es quién soportará el financiamiento”, advirtió un ministro provincial a Ámbito Nacional, con la mirada puesta en que los fondos salgan de Nación.
El temario de la reunión con los gobernadores -en la que el macrismo busca aceitar la relación con las provincias con la mirada puesta en las necesidades de consenso en el Congreso- incluye además la presentación del proyecto de ley de “Transparencia y Buenas Prácticas en la Obra Pública”, que apuesta a generar mayor competencia en las licitaciones, participación de pymes y la erradicación de la corrupción.
La reunión se iba a desarrollar en Puerto Madryn, aunque por razones de salud de Mario Das Neves fue trasladada. Serán de la partida el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, y el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, entre otros, mientras que luego los gobernadores participarán del acto de Macri en el que anunciará la devolución de fondos de las obras sociales a los gremios.
Hay ausentes con aviso, como el socialista santafesino Miguel Lifschitz (en California, en medio de cortocircuitos político-electorales con Macri) y los peronista Carlos Verna (La Pampa) y Das Neves, de licencia por enfermedad.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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