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Hay 1.400.000 de nuevos pobres en Argentina, según un informe de la UCA

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Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió hoy al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de “protección social” ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de ‘nuevos pobres’ y le pide “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.

Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un “diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada” por la administración de Mauricio Macri y los “urgentes desafíos” que se plantean.

Salvia explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que “más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia”, en un contexto en el que -resaltó- “los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad” para los sectores más desprotegidos.

El trabajo mantiene un equilibrio entre “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la “pobreza extrema” (que afecta a 4 millones de personas) y los “costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses”.

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.

En una detallada síntesis, Salvia resaltó como objetivos “imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza” que los sectores sociales más postergados accedan a la “seguridad social y a programas de transferencias de ingresos”.

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca “soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la “tan inevitable como dolorosa transición” pero que -por lo general- se adoptaron “de manera tardía”.

Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

En ese marco, advierte que “el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social”, sino también los “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”, quienes -según señala el informe- no recibieron una “especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.

El informe indica que a este segmento de la población “no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales” y considera a esta “masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares” como los “‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”.

Asimismo se reconoce que el gobierno necesita “tiempo” para que la economía comience a crecer, pero advierte que “muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una “importante reducción” entre 2010 y 2011, pero que “esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015”.

“La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015”, se remarca.

En cuanto a los ingresos monetarios, indica que “se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015”.

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Tuberculosis en aumento en Argentina: en Misiones subió 44,9% en un año

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Los casos de tuberculosis pasaron de 6349 en 2025 a 6482 en 2026, lo que representa un aumento de 2,1% en Argentina, siendo Misiones la provincia con mayor diferencia porcentual en los incrementos de un año al otro con 44,9%, seguido por Mendoza (42,6%), Entre Ríos (38,8%) y Santa Fe (32,9%).

En detalle, del 2025 al 2026 Misiones pasó de 49 a 71 casos, Mendoza de 54 a 77, Entre Ríos de 85 a 118 y Santa Fe de 350 a 465.

Los datos corresponden al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y dio cuenta de que, tras una baja en el año 2021, los contagios aumentaron de forma sostenida hasta alcanzar el máximo actual este año.  

“Entre 2020 y 2026, considerando las notificaciones acumuladas desde la semana 1 hasta la semana 22 de cada año, se observa una tendencia general ascendente. Los casos pasaron de 3.777 en 2020 a 6.482 en 2026, lo que representa un aumento de 2.705 casos (71,6%). Si bien en 2021 se verificó un descenso respecto de 2020, a partir de 2022 las notificaciones aumentaron de manera sostenida, alcanzando en 2026 el valor más alto de la serie”, indica el último BEN.

La distribución por sexo muestra un mayor número de casos de tuberculosis en varones. En 2025, concentraron 10.483 contagios, equivalentes al 60,7% del total; las mujeres en tanto, registraron 6.725 casos.

En cuanto a la edad, el 61,5% de los casos incidentes se distribuyó en la población de 15 a 44 años. En menores de 15 años se registró 1.271 casos, el 7,8 por ciento del total.

Factores que habrían influido en la suba

El Ministerio de Salud de la Nación atribuye la tendencia tanto a factores sociales y sanitarios que favorecen la transmisión como a una mayor capacidad de detección y diagnóstico. Más del 86% de los departamentos del país notificaron casos durante el bienio 2024-2025.

Para reforzar el diagnóstico, la cartera sanitaria distribuyó más de 40.500 cartuchos para pruebas moleculares y 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD) para estudios de detección. El objetivo es mejorar el diagnóstico temprano y el seguimiento de los tratamientos para reducir contagios y muertes.

El PPD es una prueba cutánea, también conocida como prueba de Mantoux, que sirve para detectar si una persona ha estado expuesta a la bacteria de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis).

Para los casos notificados en 2024, el resultado más frecuente fue el éxito del tratamiento, con 9.034 casos (53,3%). Le siguieron la pérdida de seguimiento, con 2.715 casos (16,0%), los casos que continuaban en tratamiento, con 2.378 (14,0%), los fallecidos, con 1.263 (7,5%), y los casos sin información, con 1.160 (6,8%).

Prevención

La enfermedad causada por el bacilo de Koch se presenta con tos persistente por más de 15 días (a veces con sangre), fiebre, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso y provoca en promedio una muerte cada siete horas en Argentina, pese a contar con vacuna y tratamiento.

La vacuna BCG es la principal arma para prevenir una vieja enfermedad causada por una bacteria desde que los niños nacen. Una combinación de antibióticos durante algunos meses permite tratarla en el caso de contraerla. 

Sin embargo, la patología no para de crecer. La información oficial sobre los contagios de tuberculosis vuelven a mostrar una tendencia ascendente y en promedio una muerte cada siete horas en Argentina, según los últimos datos publicados, algo que preocupa a las autoridades.

Cuatro pacientes con tuberculosis fueron detenidos por negarse al tratamiento

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El diputado pampeano Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

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El diputado pampeano Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial

El gobierno nacional confirmó este viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, cargo que había quedado vacante tras la salida de Manuel Adorni, quien actualmente se desempeña como jefe de Gabinete de la gestión libertaria.

La noticia fue anunciada por el propio Adorni a tráves de su cuenta X (ex Twitter), luego de mantener una reunión junto al presidente Javier Milei y el flamante funcionario en la residencia de Olivos.

“Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió el ahora ex portavoz.

Ravier es economista, docente universitario, diputado nacional electo en 2025 y presidente del partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de La Pampa.

Tras el anuncio, el diputado nacional por Misiones Diego Hartfield se pronunció en redes sociales para felicitar a Adrián Ravier por su designación como vocero presidencial.

“Felicitaciones Adrián Ravier. Te lo merecés no solo por tu calidad comunicativa y académica, sino también porque sos una gran persona, me va a doler no tenerte tan cerca mío en las comisiones”, escribió el legislador misionero en su cuenta de X.

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Ley del Lobizón: eliminan padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón

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La denominada “Ley Hojarasca”, que el gobierno de Javier Milei tramita en el Congreso para la derogación de “leyes viejas, obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica”, incluye a la Ley 20.843, de Padrinazgo Presidencial, conocida como la “Ley del Lobizón”, que establece que todo séptimo hijo, varón o mujer, tiene derecho al padrinazgo honorífico del presidente de la Nación y una beca completa de estudios.

La “Ley del Lobizón” se promulgó el 28 de septiembre de 1974, por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, y terminó de institucionalizar una costumbre nacida de un mito popular de origen guaraní, que hasta ese momento se tramitaba mediante decretos presidenciales y solo reconocía a los séptimos hijos varones.

Se trata de una tradición legal que se originó para contrarrestar la creencia, muy arraigada en el litoral argentino, de que el séptimo hijo varón se convierte en Lobizón en las noches de Luna llena, y que la ley en trámite de derogación extendió también a las séptimas hijas mujeres, producto del mito eslavo traído por inmigrantes rusos y ucranianos de que ellas se transforman en brujas.

Ahijados misioneros

El primer caso de ahijado presidencial se registró en el país en 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes radicados en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, Enrique Brost y Apolonia Holmann, dio a luz al séptimo de sus hijos, José Brost, y deciden escribir al entonces presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrinara.

Desde entonces, la historia registra unos 11.381 ahijados y ahijadas presidenciales, de los que el 60% corresponde a casos contemplados en la ley de 1974, mientras que el 40% restante refiere al período donde el tema se manejaba a través de decretos de “gracia presidencial”.

En Misiones, tan íntimamente ligada al mito regional del Lobizón, las familias locales han recurrido históricamente a esta norma y, según bibliografía oficial, tras la promulgación de la ley por Isabelita, se dispararon las solicitudes desde la tierra colorada.

Aymara Soledad Martínez, ahijada del presidente Javier Milei en 2025, recibió los diplomas y la beca de estudios de la Ley 20.843.

El último caso registrado fue el de Aymara Soledad Martínez, una niña de siete años de San Vicente, que en septiembre de 2025 se convirtió en la primera ahijada misionera del presidente Milei, por lo que su familia recibió los atributos y beneficios establecidos en la ley: la medalla oficial, el diploma y la correspondiente beca nacional de estudios.

Anteriormente, en agosto de 2019, el presidente Mauricio Macri se convertía en el padrino de Cristian Yohel Held, que fue bautizado en el Hospital de Día, de Posadas, y cuyo caso cobró relevancia porque el personal de salud asistió activamente a la madre para gestionar el subsidio educativo anual.

Históricamente, en las zonas rurales de Misiones y en las cercanías de las comunidades guaraníes, las familias y los efectores de salud han impulsado fuertemente estos trámites ante el nacimiento de un séptimo hijo varón debido al temor real y comunitario que generaba la leyenda del “Luisón” o lobizón en la región.

El bautismo de Cristian Yohel Held, ahijado del presidente Mauricio Macri, en agosto de 2019

Durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hubo una suerte de “ola de padrinazgos presidenciales”, con la decisión del Poder Ejecutivo, en mayo de 2015, de regularizar una tanda histórica de nombramientos en la provincia.

Debido a que los trámites se demoraban años en completarse, CFK dispuso el madrinazgo simultáneo de seis misioneros, algunos de los cuales ya eran adultos: Alberto Cardozo, de Eldorado, que entonces tenía 31 años; Damaris Micaela Paredes, de Puerto Iguazú; Joaquín Emanuel Orué, también de Eldorado; Lucas Valentín Espinoza, de Posadas; y Marianela Ortiz, de Puerto Esperanza.

Durante las presidencias de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999), decenas de familias del interior misionero, especialmente de localidades como Oberá, Aristóbulo del Valle y El Soberbio, tramitaron el padrinazgo para sus séptimos hijos varones o mujeres.

En esa época, los ahijados presidenciales recibían, además de la medalla de oro y el diploma, un ajuar completo enviado por el Ministerio de Salud y Acción Social, que incluía cuna, ropa, cochecito y asistencia directa para la construcción o mejora de las viviendas rurales.

Tierra del Mal 

En los registros más antiguos de la provincia, de mediados del siglo 20, previos a la ley formal pero cuando ya existía el decreto tradicionalizado por presidentes como Juan Domingo Perón o Arturo Frondizi, eran los directores de escuelas rurales quienes detectaban si en las colonias o cerca de las aldeas guaraníes nacía un séptimo hijo varón consecutivamente.

El trámite se iniciaba de urgencia, no solo por el dinero, sino para evitar el aislamiento social del niño, dado que la creencia popular de que el chico se transformaría los viernes de luna llena causaba temor real las comunidades.

Estos expedientes históricos, que contienen las cartas manuscritas de las madres misioneras, las partidas de nacimiento y las respuestas oficiales con la firma del presidente, se encuentran resguardados en el Archivo de la Administración Pública, del Archivo General de la Nación.

Antes de la masificación de los registros civiles, el bautismo religioso era el centro del trámite. La tradición obligaba a que el bautismo del séptimo hijo contara con un representante del presidente, que usualmente era un edecán militar, el gobernador o el intendente local.

En los libros de bautismo de las parroquias de Misiones, como la Catedral de Posadas o las iglesias de Apóstoles, Oberá y Eldorado, el párroco dejaba asentado en el margen del acta una nota que indicaba: “Padrino: Excelentísimo Señor Presidente de la Nación…”.

Incluso en los diarios locales de la época, como El Territorio, solían publicar notas sociales con fotos cuando un “ahijado de Perón” o un “ahijado de Frondizi” era bautizado en las colonias.

Durante el peronismo, la Fundación Eva Perón o la propia Presidencia enviaban medallas de oro macizo, diplomas enmarcados, libretas de ahorro con un depósito inicial para el niño y, en las colonias tabacaleras, asistencia directa para mejorar la vivienda.

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