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Hay 1.400.000 de nuevos pobres en Argentina, según un informe de la UCA
Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió hoy al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de “protección social” ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de ‘nuevos pobres’ y le pide “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.
Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.
Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un “diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada” por la administración de Mauricio Macri y los “urgentes desafíos” que se plantean.
Salvia explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que “más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia”, en un contexto en el que -resaltó- “los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad” para los sectores más desprotegidos.
El trabajo mantiene un equilibrio entre “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la “pobreza extrema” (que afecta a 4 millones de personas) y los “costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses”.
Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.
En una detallada síntesis, Salvia resaltó como objetivos “imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza” que los sectores sociales más postergados accedan a la “seguridad social y a programas de transferencias de ingresos”.
Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.
En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca “soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la “tan inevitable como dolorosa transición” pero que -por lo general- se adoptaron “de manera tardía”.
Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.
En ese marco, advierte que “el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social”, sino también los “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”, quienes -según señala el informe- no recibieron una “especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.
El informe indica que a este segmento de la población “no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales” y considera a esta “masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares” como los “‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”.
Asimismo se reconoce que el gobierno necesita “tiempo” para que la economía comience a crecer, pero advierte que “muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.
En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una “importante reducción” entre 2010 y 2011, pero que “esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015”.
“La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015”, se remarca.
En cuanto a los ingresos monetarios, indica que “se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015”.
A partir de enero de 2026 el gobierno nacional implementará un esquema único y focalizado de subsidios residenciales en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país, cuya cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión.
La medida dejará atrás tanto la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) como los programas separados, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un solo régimen simplificado.
De esta manera, desde el primer mes del año próximo sólo existirán dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es “transparentar el precio real del servicio, aumentar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y consolidar la disciplina fiscal”.
La Secretaría de Energía abrió este viernes a consulta pública el proyecto, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de quince días hábiles para recibir opiniones y observaciones de la sociedad civil y de los actores del sector.
Los beneficiarios actuales podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada si lo requieren. El acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales y no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.
Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán que hacerlo a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.
Algunos detalles
Actualmente, el subsidio estatal consiste en una bonificación sobre el precio de la energía consumida, que se suma a los cargos de distribución, transporte e impuestos. Este modelo divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos declarados en relación a la CBT publicada por el Indec.
La cobertura para los beneficiarios será del 50% del costo de la energía durante los meses de mayor consumo, con una bonificación menor el resto del año.
En electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño).
Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.
En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.
Además, quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial.
El gobierno de Javier Milei anunció este sábado los nombres de los reemplazantes de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, que el próximo 10 de diciembre asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación.
En el Ministerio de Seguridad, sucederá a Bullrich Alejandra Monteoliva, mientras que en Defensa el elegido para reemplazar a Petri fue el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, hijo del genocida Carlos Roque Presti, jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, a cargo de los centros clandestinos de detención conocidos como La Cacha, Arana y Comisaría 5ta.
“Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, señala el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA).
Monteoliva, funcionaria de confianza de Bullrich actual secretaria de Seguridad del Ministerio, se presenta como Magíster en la materia y fue ministra de Seguridad en Córdoba hasta el levantamiento policial de 2013.
“Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la “Doctrina Bullrich”, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”, señala el comunicado de la OPRA.
Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.
Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con… https://t.co/8I85J50IwY
— Mg. Alejandra S. Monteoliva (@AleMonteoliva) November 22, 2025
En sus redes sociales, la funcionaria agradeció al presidente Javier Milei por “su confianza” y se comprometió a sostener la política de Bullrich para “consolidar el orden” y “garantizar las condiciones para que nuestro país crezca en paz y en libertad”.
Sobre el nominado para sustituir a Petri, el comunicado remarca que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 22, 2025
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
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