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Habilitaron las clases presenciales en todas las universidades del país

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El Gobierno Nacional habilitó el retorno de las actividades presenciales en universidades e institutos, cumpliendo un protocolo y lineamientos generales que garanticen las medidas de cuidado de los trabajadores y estudiantes ante la pandemia por coronavirus.

Así se estableció a través de la Decisión Administrativa 1995/2020, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Gines González García, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“Establécese que en el marco del protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios, aprobado por la Resolución del Ministerio de Educación 1084 del 8 de agosto de 2020, este revisará y prestará conformidad a los planes jurisdiccionales para el retorno de las actividades”, indica el artículo 1 de la norma.

Asimismo establece que “con la conformidad del ministerio de Educación, la efectiva reanudación de las actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios será decidida por las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica”.

Las actividades presenciales podrán reanudarse “conforme los protocolos que en cada caso establezcan las autoridades sanitarias locales” y, entre esas medidas de cuidado, se encuentran “la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19”.

En tanto, los desplazamientos de las personas “deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente”, indica la disposición.

Por su parte, los institutos y universidades “deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras, trabajadores y estudiantes”.

La medida indica además que los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “decidirán la efectiva reanudación, pudiendo suspender las actividades y reiniciarlas en el marco de sus competencias territoriales, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria”.

En tanto, el personal directivo, docente y no docente y los estudiantes que asistan a las actividades académicas presenciales “quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto”.

No obstante, en los considerandos, se recomienda que el transporte público “solo sea empleado cuando no se cuente con medios alternativos”.

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Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación

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Una semana antes de que se conozca el índice de inflación de enero, calculado con el nuevo IPC del Indec, este lunes se conoció la renuncia del director del organismo estadístico, Marcos Lavagna, el único funcionario nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández que sobrevivía en la Era Milei.

Según la prensa porteña, la salida de Lavagna “sorprendió a la Casa Rosada” y se produjo horas después de conocerse el Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde se afirma que de haberse aplicado antes la nueva tabla del IPC, los indicadores de inflación hubiesen sido más altos.

El índice de inflación de enero es el primero en medirse con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos, y que estaba listo desde hace meses, pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral.

El Informe de Política Monetaria del BCRA sostiene que con el nuevo IPC la inflación de los dos años de Miei hubiese sido más alta, por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec.

“Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el Indec reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023)”, dice el informe del Central.

“Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, explica el documento.

Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%, por lo que, con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante más por arriba, un desfasaje que los gremios ubican en 15 puntos.

El propio BCRA dice ahora que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”.

 

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Oficializaron el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso

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A través del Decreto 53/2026, el gobierno amplió el temario del Congreso, previsto para el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero, para tratar el “Régimen Penal Juvenil”, que busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. 

La medida se oficializó horas después del anuncio que dio el presidente Javier Milei, ayer en Mar del Plata, y fue formalizada este martes a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El texto normativo es escueto, pero contundente. En su artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

De esta manera, la decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto“. 

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad, hoy fijada en 16 años, y permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

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En Buenos Aires ofrecen créditos para pagar expensas atrasadas

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En medio de recortes y sueldos congelados, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito para que los vecinos de consorcios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan pagar sus expensas atrasadas en hasta 18 cuotas. 

De esta manera, el beneficio les permitirá cancelar hasta tres meses de deuda, con un monto máximo de $1.500.000 que se deposita directo en la cuenta del consorcio.

La línea tiene tasa fija del 60% TNA y cuotas de 3, 6, 9, 12 y 18 meses, siempre que no superen el 20% de los ingresos del solicitante. A modo de ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225. 

Cabe recordar que, en 2025 las expensas subieron 36% en promedio en CABA y 313,6% en los últimos dos años, por lo que este nuevo crédito surge como una herramienta alternativa para facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Sin ir más lejos,  el anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas, tanto en CABA como en el conurbano. Según datos arrojados por un relevamiento de ConsorcioAbierto 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.

El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires, lo que impacta directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.

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