Nacionales
Generación Zoe: “Cositorto reconoció que no tiene un peso”, dijo abogado
El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, imputado por estafa y asociación ilícita, declaró este jueves ante la Justicia de la ciudad correntina de Goya, donde enfrenta 100 denuncias y 75 querellas de inversionistas defraudados.
Cositorto, acusado de presuntas estafas bajo el denominado esquema piramidal Ponzi, declaró por más de una hora ante la justicia correntina, donde se presentó como víctima de una conspiración en su contra y dijo que si lo dejan en libertad podrá seguir con sus negocios y pagar a los ahorristas.
“Yo libremente, en vez de estar incomunicado, hoy tengo negocios que puedo volver a operar a nivel mundial y les puedo pagar, como lo hice con los 153 pagos que envié”, dijo el coach de Zoe.
“En ningún momento nosotros generamos una estafa hacia la gente, nos quebraron la empresa en el mes de febrero y en enero yo mandé a este país U$S17 millones”, afirmó.
Cositorto argumentó que el “ataque” a la criptomoneda de grupo por parte de las firmas Mercado Pago y Ualá, y de la prensa, llevaron a la quiebra de Zoe con una pérdida que situó en los U$S120 millones.
“Tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle, adictos, soy pastor desde el año 2003. He ayudado a muchísima gente”, dijo Cositorto en su defensa.
“Si usted me pregunta, por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie y es una situación realmente lamentable, también para mi hijo, que es discapacitado y precisa al padre”, concluyó el imputado.
Sin plata
Sobre la declaración del CEO de Zoe, el abogado de los denunciantes correntinos, Pablo Fleitas, reseñó: “Cositorto se victimizó y reconoció que no tiene un peso”.
“Reconoció que estuvo prófugo, no se consideró culpable, se ubicó como víctima de la situación que está pasando y atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa”, resumió.
Sobre la causa que se tramita en Goya, el abogado señaló que Cositorto “confirmó que estuvo en Goya y reconoció su relación con los detenidos Lucas Camelino y Nicolás y Javier Medina, y pidió misericordia para ellos”.
“La causa en Corrientes es muchísimo más grande que la de Córdoba”, aseguró Fleitas en declaraciones a la agencia Télam.
“Hay personas que les entregaron los ahorros de toda su vida o sus indemnizaciones”, indicó el letrado, haciendo especial referencia a los trabajadores de la empresa tabacalera Massalin Particulares, que cerró sus puertas en Goya en 2019.
“Uno de los casos más impactantes –comentó- es el de un trabajador de más de 50 años que perdió el brazo operando una máquina en una empresa y fue indemnizado con US$ 40.000, que entregó en su totalidad a la firma de Cositorto”.
Nacionales
Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país
Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.
En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
Los casos que rondaron Misiones
Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.
Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo.
Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.
Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.
Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.
Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones
Nacionales
El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis
El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.
De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.
Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.
El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.
La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.
La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.
Nacionales
La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.
El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.
Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.
En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.
El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.
El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.
En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
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