Nacionales
Fui Colimba: convocan a ex soldados a declarar en causas de lesa humanidad
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó una nueva convocatoria a ex conscriptos para que aporten sus testimonios a los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
Es el segundo llamado que hace el organismo a quienes hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983.
“Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país”, dice el texto de la convocatoria.
“Ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes”, argumenta.
De hecho, la primera convocatoria, realizada en 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”, permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que empujaron el avance de juicios, como la investigación de los crímenes cometidos en Campo de Mayo, en la que sobrevivientes y familiares realizaron las primeras convocatorias a los ex conscriptos.
Los testimonios de los ex soldados ayudaron a reconstruir el funcionamiento de los “vuelos de la muerte” que operaban desde Campo de Mayo, y condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601, del Ejército Argentino.
También, posibilitaron el esclarecimiento y la condena de tres ex oficiales del Ejército por los delitos de secuestro, tortura y homicidio, en el juicio que investigó crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 (RIM), de Mercedes.
Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, donde fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, que continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente, en una casa de San Andrés, partido de San Martín, en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y otra persona sin identificar, y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.
Los testimonios sirvieron también para probar la planificación y participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de “La Pastoril”, una quinta ubicada en Moreno, el 29 de marzo de 1976, donde se produjo el secuestro de ocho militantes y el asesinato de otros siete.
Las jaulas
La campaña, titulada “Fui colimba”, ocupa un espacio destacado en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos, con entrevistas a tres ex conscriptos y videos animados realizados a partir de sus declaraciones en los juicios.
El material recoge los testimonios de los ex soldados Manuel Almirón, Raúl Fernández y Rubén Danilo Núñez, que aportaron detalles estremecedores de los vuelos utilizados por los militares para deshacerse de los cuerpos en el mar.
En el video, Almirón recuerda y declara en el juicio por los vuelos de la muerte del batallón 601 en Campo de Mayo.
Habla de un fogón de conscriptos, la noche que el sargento Castillo se pasa de copas y cuenta, suelto de lengua sobre los vuelos.
Recuerda otra noche, en que espía por la hendija del portón de un hangar. “Miro, y adentro había como treinta personas más o menos; muchachos desnudos, chicas embarazadas; algunas de cuclillas, otras paradas”, relata.
Fernández, ubica en el mapa el lugar exacto, en la cabecera de la pista, donde muchas veces encontró ampollas y frasquitos de Ketalar, una droga utilizada por la tripulación de los vuelos para adormecer la carga de detenidos conducida a la muerte.
Sus declaraciones permitieron ubicar con precisión el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El campito”.
El testimonio de Núñez, recogido en los microrrelatos disponibles en el sitio, también transcurre de noche.
“Habíamos terminado la cena, nueve o diez de la noche; queríamos tomar una bebida, entonces salí y fui al kiosco de los bomberos a comprar. Ni bien entré, se cortó la luz en todo el sector, inclusive en nuestro hangar y también la de la calle”, relata Núñez.
“Quise volver. Un bombero me dijo: ‘No, no, esperá’. Hubo corridas, yo me quedé en la oscuridad. Al rato, salí por la puerta de atrás y ahí fue cuando vi que aterrizaban dos Fokker en la pista”, continúa el ex soldado.
“Vi claramente las letras del avión: Fuerza Aérea”, agrega.
“Alcancé a ver que descargaron como unas jaulas, parecían de madera, y las ponían en el playón”, recuerda.
“Oía un murmullo de los que estaban en el avión. Ahí, había solo oficiales y suboficiales. No sé qué era, pero se notaba que intentaban hacer lo que estaban haciendo lo más silenciosamente posible”, describe.
Dice Núñez que era común que los soldados comentaran que “en los aviones Twin Otter llevaban gente para matarla”.
“Lo comentaban otros soldados también que estaban más cerca de esos aviones”, afirma, y dispara: “Adentro de las jaulas me pareció que había personas”.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.
Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.
El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.
Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/AEai0sBmfL— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025
Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.
Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.
En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.
Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.
El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete.
A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.
Los detalles
La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.
Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.
Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio.
En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.
Argumentación del triple veto
El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.
Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.
aviso_329236Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones
Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.
“Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones.
Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.
Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas.
Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape
“Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.
Intento por voltear el decreto
Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia.
En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.
De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.
El funcionamiento
El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.
Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.
Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.
Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.
En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada.
También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.
Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.
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