Nacionales
Fui Colimba: convocan a ex soldados a declarar en causas de lesa humanidad
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó una nueva convocatoria a ex conscriptos para que aporten sus testimonios a los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
Es el segundo llamado que hace el organismo a quienes hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983.
“Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país”, dice el texto de la convocatoria.
“Ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes”, argumenta.
De hecho, la primera convocatoria, realizada en 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”, permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que empujaron el avance de juicios, como la investigación de los crímenes cometidos en Campo de Mayo, en la que sobrevivientes y familiares realizaron las primeras convocatorias a los ex conscriptos.
Los testimonios de los ex soldados ayudaron a reconstruir el funcionamiento de los “vuelos de la muerte” que operaban desde Campo de Mayo, y condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601, del Ejército Argentino.
También, posibilitaron el esclarecimiento y la condena de tres ex oficiales del Ejército por los delitos de secuestro, tortura y homicidio, en el juicio que investigó crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 (RIM), de Mercedes.
Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, donde fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, que continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente, en una casa de San Andrés, partido de San Martín, en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y otra persona sin identificar, y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.
Los testimonios sirvieron también para probar la planificación y participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de “La Pastoril”, una quinta ubicada en Moreno, el 29 de marzo de 1976, donde se produjo el secuestro de ocho militantes y el asesinato de otros siete.
Las jaulas
La campaña, titulada “Fui colimba”, ocupa un espacio destacado en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos, con entrevistas a tres ex conscriptos y videos animados realizados a partir de sus declaraciones en los juicios.
El material recoge los testimonios de los ex soldados Manuel Almirón, Raúl Fernández y Rubén Danilo Núñez, que aportaron detalles estremecedores de los vuelos utilizados por los militares para deshacerse de los cuerpos en el mar.
En el video, Almirón recuerda y declara en el juicio por los vuelos de la muerte del batallón 601 en Campo de Mayo.
Habla de un fogón de conscriptos, la noche que el sargento Castillo se pasa de copas y cuenta, suelto de lengua sobre los vuelos.
Recuerda otra noche, en que espía por la hendija del portón de un hangar. “Miro, y adentro había como treinta personas más o menos; muchachos desnudos, chicas embarazadas; algunas de cuclillas, otras paradas”, relata.
Fernández, ubica en el mapa el lugar exacto, en la cabecera de la pista, donde muchas veces encontró ampollas y frasquitos de Ketalar, una droga utilizada por la tripulación de los vuelos para adormecer la carga de detenidos conducida a la muerte.
Sus declaraciones permitieron ubicar con precisión el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El campito”.
El testimonio de Núñez, recogido en los microrrelatos disponibles en el sitio, también transcurre de noche.
“Habíamos terminado la cena, nueve o diez de la noche; queríamos tomar una bebida, entonces salí y fui al kiosco de los bomberos a comprar. Ni bien entré, se cortó la luz en todo el sector, inclusive en nuestro hangar y también la de la calle”, relata Núñez.
“Quise volver. Un bombero me dijo: ‘No, no, esperá’. Hubo corridas, yo me quedé en la oscuridad. Al rato, salí por la puerta de atrás y ahí fue cuando vi que aterrizaban dos Fokker en la pista”, continúa el ex soldado.
“Vi claramente las letras del avión: Fuerza Aérea”, agrega.
“Alcancé a ver que descargaron como unas jaulas, parecían de madera, y las ponían en el playón”, recuerda.
“Oía un murmullo de los que estaban en el avión. Ahí, había solo oficiales y suboficiales. No sé qué era, pero se notaba que intentaban hacer lo que estaban haciendo lo más silenciosamente posible”, describe.
Dice Núñez que era común que los soldados comentaran que “en los aviones Twin Otter llevaban gente para matarla”.
“Lo comentaban otros soldados también que estaban más cerca de esos aviones”, afirma, y dispara: “Adentro de las jaulas me pareció que había personas”.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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