Nacionales
Fue contundente el fallo de la Corte contra el tarifazo en gas
Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo “de clase”), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a “boca de pozo”, con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz.
En una resolución abarcativa y con varias aristas, el aumento fue anulado para todos los usuarios residenciales de todo el país, a quienes la Corte les otorgó la razón en el amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Por su propia jurisprudencia, la Corte sólo identificó a este segmento (según cifras oficiales, un 26% de los consumidores totales de gas) como una cantidad de personas con un interés homogéneo que les permitiría acceder a un proceso colectivo. El voto conjunto de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fijó el trazo grueso al que adhirió con sus propios fundamentos Juan Carlos Maqueda. El debut de Horacio Rosatti fue a través de un extenso voto en el que desplegó otras variables de la sentencia. El desarrollo fue un compendio de la sucesión de errores e imprevisiones que el Poder Ejecutivo tuvo en materia tarifaria desde que fijó los aumentos, y también le dejó advertencias a futuro: las audiencias públicas “esenciales” no podrán tener un carácter testimonial, sino que de su resultado se desprenderá la gradualidad, uno de los requisitos previstos para los aumentos.
De alguna forma, ratificó -en esta segmentación- lo dispuesto el 7 de julio por la Cámara Federal de La Plata. Para los usuarios finales se volverá al cuadro tarifario previo al 1 de abril y no se les cobrarán retroactivos. En el caso del resto, quienes deberían pagar la nueva tarifa con retroactividad, no los comprende el fallo pero abre la posibilidad de que se multiplique la litigiosidad.
Los jueces no ingresaron a analizar todos los segmentos porque allí tenían visiones contrapuestas. Como resultado, es probable que el aumento de los costos en servicios públicos provoque un traslado a precios, en momentos en que el Gobierno se esperanzaba con un descenso de la inflación.
La Corte le dejó al Gobierno la obviedad de poder fijar la política tarifaria, pero le arrebató poder establecer de forma unilateral -sin consulta previa- el precio de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), es decir, lo que se les paga a los productores. Sostuvo que de acuerdo con la evolución normativa en la materia, sólo podría excluirlo de una audiencia pública si lo dejara librado al libre mercado de oferta y demanda. De otra forma, deberá incluirlo en la discusión junto con los valores de transporte y distribución.
La Corte recordó que desde 2004 fue el Estado el que, durante el kirchnerismo, fijó ese valor, algo que continuó en la administración de Mauricio Macri. “En la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la Ley 24.078”, sostuvo. En su voto, Maqueda reafirmó este punto, que el Gobierno creía ganado cualquiera fuese el resultado, lo que le permitiría cobrar en las facturas más del 60% del valor de los aumentos, según su propio informe.
La Corte también ordenó al Gobierno mantener la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del pueblo de la Nación (crucial en las audiencias), cargo vacante desde abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. No sin quejarse de fallos genéricos, la Corte también advirtió a jueces y tribunales sobre la procedencia de los amparos otorgados, en lo que pareció un mensaje para futuras aplicaciones restrictivas en cuanto a medidas de alcance general.
En el repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo hasta una irónica mención a las denominadas “audiencias informativas” y el subrayado sobre que si las condiciones del sistema energético eran críticas, obligaba a tener medidas “prudentes”.
Lejos de dramatizar como el oficialismo, la Corte recordó qué otras vías tiene el Gobierno para suplir lo que destinará a subsidios y deslizó que las empresas tuvieron créditos y los usuarios pagaron cargos en sus boletas destinados a infraestructura, lo que apuntó a conjurar las amenazas de las prestatarias sobre su crítica situación.
“Frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que no les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas”, sostuvo el Tribunal sobre el impacto económico de la medida. Rosatti, por sus fundamentos, aclaró otro de los argumentos oficiales y sostuvo que “la seguridad jurídica -requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética- se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas”.
El gobierno nacional, a través del ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, autorizó al Ejército Argentino a detener civiles que cometan delitos en flagrancia en el marco del Operativo Roca, dispositivo de seguridad que se lleva adelante junto a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para reforzar la seguridad en zonas de frontera en el norte del país, principalmente en Salta.
“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 firmada por ministro Luis Petri, según consignaron fuentes militares a Clarín, diario que sacó a la luz la medida que rige desde la semana pasada, cuando los uniformados comenzaron a movilizarse hacia zonas de vigilancia.
La resolución agrega que las órdenes emanadas a las tropas están regidas por “reglas de empeñamiento”, donde se determinan desde el comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder en un enfrentamiento.
Según añade el mismo diario, el objetivo de estas normas es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.
Publicada la nota, el ministro Petri ratificó la medida en X y expuso: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes”.
“Elijan de qué lado van a estar”, planteó después.
Si, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de lado van a estar.
El Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en la frontera norte
https://t.co/V6lfhNZNvQ— Luis Petri (@luispetri) April 28, 2025
Y en otro tuit ahondó sobre el tema: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”.
“Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por que acá algunos se escandalizan?”, cerró.
Operativos en frontera
El operativo Julio Argentino Roca comenzó el 15 de abril y estará activo hasta el 15 de diciembre. El objetivo es militarizar las fronteras Norte y Noreste del país y para ello se movilizaron 10.000 soldados con drones, radares, vehículos y aeronaves como el avión Diamond para relevamientos.
El dispositivo se suma al Plan Güemes, lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que establece a la región de Orán y Aguas Blancas como “zonas especiales de investigación”, en el marco de la Ley Antimafia, aunque otra fase implica la incorporación de las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Un operativo similar, llamado Plan Guacurarí fue anunciado para la frontera seca de Misiones con Brasil, en las zonas de Bernardo de Irigoyen y San Antonio, entre otras localidades, e iba a ser presentado oficialmente el 9 de marzo, con la presencia de Bullrich en territorio, pero el acto fue suspendido por la trágica inundación de Bahía Blanca y desde allí no hubo más novedades.
Bullrich sobre balaceras contra gendarmes en Irigoyen: “No nos amedrentan”
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno decretó siete días de duelo nacional por la muerte del papa Francisco y Misiones adoptó la misma medida.
“Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres”, publicó Adorni en su cuenta en X e informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decretó los días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre.
El primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia falleció este lunes a las 7.35, hora italiana. Había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo 38 días internado, hasta recibir el alta el 23 de marzo.
La noticia de su partida conmociona al mundo en general. En Misiones, el primero en expresarse públicamente fue el gobernador, Hugo Passalacqua.
“El corazón del pueblo misionero llora la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, publicó el mandatario provincial y continuó: “Pastor cercano, voz de los humildes y faro de esperanza. Su palabra seguirá siendo refugio en los tiempos difíciles y su legado de amor y fe vivirá por siempre entre nosotros. Que en paz descanse y que brille para él la luz eterna”.
El corazón del pueblo misionero llora la partida de Su Santidad el Papa Francisco. Pastor cercano, voz de los humildes y faro de esperanza. Su palabra seguirá siendo refugio en los tiempos difíciles y su legado de amor y fe vivirá por siempre entre nosotros. Que en paz descanse y… pic.twitter.com/vO7oUNpmps
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 21, 2025
En otro posteo, el gobernador anunció que Misiones se sumó a la medida nacional y decretó siete días de duelo, por lo cual se suspenden los actos oficiales y se enarbolarán a media asta las banderas nacional y provincial en todos los edificios públicos.
“Como ciudadano y feligrés, con gran pena y dolor, firmé el decreto que establece siete días de duelo en la Provincia por la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, sostuvo Passalacqua en sus redes, donde compartió el documento.
El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, también despidió al sumo pontífice en sus redes sociales: “Fue puente, abrazo y voz de quienes no la tenían, su mensaje de paz y esperanza seguirá iluminando el camino de millones en todo el mundo. Hasta siempre Papa Francisco”.
Otra figura pública misionera que despidió al líder de la iglesia católica fue el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto: “Siento profunda tristeza al despedir a Francisco. Una vida dedicada al servicio del Señor, nos enseñó con el ejemplo los valores del Evangelio, a través del diálogo, la inclusión y hermandad”.
Y añadió: “Con inmensa gratitud, encomendamos su alma al infinito amor misericordioso de Dios”.
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue electo sumo pontífice en la noche del 13 de marzo de 2013, cuando se anunció que el nuevo papa venía “de los confines de la tierra”.
El gobierno nacional derogó la resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ratificada por el entonces ministerio de Agricultura de la Nación, que limitaba la plantación de yerba mate a un máximo de cinco hectáreas nuevas por productor al año.
La normativa eliminada buscaba fortalecer la sustentabilidad del sector yerbatero “poniendo en un plano de igualdad a grandes, medianos y pequeños productores para que puedan desarrollar nuevas plantaciones”, había informado el instituto.
Aunque el objetivo principal de esta resolución del Inym era el “arraigo” de los pequeños productores yerbateros en sus chacras, como así también un equilibrio entre la oferta y la demanda del producto para evitar una sobreproducción que haga caer el precio.
Con la resolución 452/2025 del ministerio Economía de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ahora la plantación de nuevos cultivos quedó liberada, favoreciendo a los industriales del sector yerbatero y poniendo en peligro a los pequeños productores de Misiones y Corrientes.
En los considerandos, Nación respalda su decisión en el mega DNU 70 del 20 de diciembre del 2023, por medio del cual “se dispuso la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y se estableció que quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”, se desprende de la resolución de hoy.
Y se agrega: “Así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
Además de la eliminación del límite de plantación de nuevo cultivos, el ministerio de Economía informó que en enero el directorio del Inym ordenó el archivo de todos los sumarios de fiscalización “iniciados como consecuencia de las tareas de control realizadas por aplicación de la resolución 170/2021 del citado Instituto Nacional”.
En tanto, a través de la resolución de hoy, se dispuso la “suspensión de todas las actividades de registración y control establecidas como consecuencia dicha norma”, por lo cual se eliminó la Comisión de Seguimiento del organismo.
De esta manera, a raíz de la medida que lleva la firma del ministro Luis “Toto” Caputo, el sector yerbatero quedó desregulado por completo y ya no hay un límite de cinco hectáreas anuales por productor para nuevas plantaciones.
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