Nacionales
Fue contundente el fallo de la Corte contra el tarifazo en gas
Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo “de clase”), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a “boca de pozo”, con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz.
En una resolución abarcativa y con varias aristas, el aumento fue anulado para todos los usuarios residenciales de todo el país, a quienes la Corte les otorgó la razón en el amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Por su propia jurisprudencia, la Corte sólo identificó a este segmento (según cifras oficiales, un 26% de los consumidores totales de gas) como una cantidad de personas con un interés homogéneo que les permitiría acceder a un proceso colectivo. El voto conjunto de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fijó el trazo grueso al que adhirió con sus propios fundamentos Juan Carlos Maqueda. El debut de Horacio Rosatti fue a través de un extenso voto en el que desplegó otras variables de la sentencia. El desarrollo fue un compendio de la sucesión de errores e imprevisiones que el Poder Ejecutivo tuvo en materia tarifaria desde que fijó los aumentos, y también le dejó advertencias a futuro: las audiencias públicas “esenciales” no podrán tener un carácter testimonial, sino que de su resultado se desprenderá la gradualidad, uno de los requisitos previstos para los aumentos.
De alguna forma, ratificó -en esta segmentación- lo dispuesto el 7 de julio por la Cámara Federal de La Plata. Para los usuarios finales se volverá al cuadro tarifario previo al 1 de abril y no se les cobrarán retroactivos. En el caso del resto, quienes deberían pagar la nueva tarifa con retroactividad, no los comprende el fallo pero abre la posibilidad de que se multiplique la litigiosidad.
Los jueces no ingresaron a analizar todos los segmentos porque allí tenían visiones contrapuestas. Como resultado, es probable que el aumento de los costos en servicios públicos provoque un traslado a precios, en momentos en que el Gobierno se esperanzaba con un descenso de la inflación.
La Corte le dejó al Gobierno la obviedad de poder fijar la política tarifaria, pero le arrebató poder establecer de forma unilateral -sin consulta previa- el precio de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), es decir, lo que se les paga a los productores. Sostuvo que de acuerdo con la evolución normativa en la materia, sólo podría excluirlo de una audiencia pública si lo dejara librado al libre mercado de oferta y demanda. De otra forma, deberá incluirlo en la discusión junto con los valores de transporte y distribución.
La Corte recordó que desde 2004 fue el Estado el que, durante el kirchnerismo, fijó ese valor, algo que continuó en la administración de Mauricio Macri. “En la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la Ley 24.078”, sostuvo. En su voto, Maqueda reafirmó este punto, que el Gobierno creía ganado cualquiera fuese el resultado, lo que le permitiría cobrar en las facturas más del 60% del valor de los aumentos, según su propio informe.
La Corte también ordenó al Gobierno mantener la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del pueblo de la Nación (crucial en las audiencias), cargo vacante desde abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. No sin quejarse de fallos genéricos, la Corte también advirtió a jueces y tribunales sobre la procedencia de los amparos otorgados, en lo que pareció un mensaje para futuras aplicaciones restrictivas en cuanto a medidas de alcance general.
En el repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo hasta una irónica mención a las denominadas “audiencias informativas” y el subrayado sobre que si las condiciones del sistema energético eran críticas, obligaba a tener medidas “prudentes”.
Lejos de dramatizar como el oficialismo, la Corte recordó qué otras vías tiene el Gobierno para suplir lo que destinará a subsidios y deslizó que las empresas tuvieron créditos y los usuarios pagaron cargos en sus boletas destinados a infraestructura, lo que apuntó a conjurar las amenazas de las prestatarias sobre su crítica situación.
“Frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que no les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas”, sostuvo el Tribunal sobre el impacto económico de la medida. Rosatti, por sus fundamentos, aclaró otro de los argumentos oficiales y sostuvo que “la seguridad jurídica -requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética- se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas”.
A partir de enero de 2026 el gobierno nacional implementará un esquema único y focalizado de subsidios residenciales en las tarifas de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país, cuya cobertura alcanzará a quienes cumplan criterios de ingresos y habrá cambios en los parámetros de exclusión.
La medida dejará atrás tanto la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) como los programas separados, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un solo régimen simplificado.
De esta manera, desde el primer mes del año próximo sólo existirán dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es “transparentar el precio real del servicio, aumentar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y consolidar la disciplina fiscal”.
La Secretaría de Energía abrió este viernes a consulta pública el proyecto, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de quince días hábiles para recibir opiniones y observaciones de la sociedad civil y de los actores del sector.
Los beneficiarios actuales podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada si lo requieren. El acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales y no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.
Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migradas automáticamente, con la posibilidad de actualizar su información. En tanto, quienes utilicen gas propano indiluido por redes o garrafas de GLP de 10 kilos, y aún no estén registrados, tendrán que hacerlo a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.
Algunos detalles
Actualmente, el subsidio estatal consiste en una bonificación sobre el precio de la energía consumida, que se suma a los cargos de distribución, transporte e impuestos. Este modelo divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos declarados en relación a la CBT publicada por el Indec.
La cobertura para los beneficiarios será del 50% del costo de la energía durante los meses de mayor consumo, con una bonificación menor el resto del año.
En electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en meses templados (primavera y otoño).
Para el gas natural por redes, el subsidio estatal cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre, meses considerados de elevada demanda, sin bonificación para el resto del año. El bloque subsidiado de gas natural se definirá según región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.
En el caso de los usuarios de garrafas y gas propano, se prevé un subsidio directo transferido a través de billeteras virtuales. Los que ya perciben el Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán migrados automáticamente al nuevo régimen y mantendrán la protección estatal, con reglas más claras y uniformes.
Además, quienes utilicen gas propano indiluido por redes y aún no estén inscriptos podrán anotarse a partir de enero en el sitio oficial.
El gobierno de Javier Milei anunció este sábado los nombres de los reemplazantes de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, que el próximo 10 de diciembre asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación.
En el Ministerio de Seguridad, sucederá a Bullrich Alejandra Monteoliva, mientras que en Defensa el elegido para reemplazar a Petri fue el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, hijo del genocida Carlos Roque Presti, jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, a cargo de los centros clandestinos de detención conocidos como La Cacha, Arana y Comisaría 5ta.
“Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, señala el comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA).
Monteoliva, funcionaria de confianza de Bullrich actual secretaria de Seguridad del Ministerio, se presenta como Magíster en la materia y fue ministra de Seguridad en Córdoba hasta el levantamiento policial de 2013.
“Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la “Doctrina Bullrich”, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”, señala el comunicado de la OPRA.
Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.
Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con… https://t.co/8I85J50IwY
— Mg. Alejandra S. Monteoliva (@AleMonteoliva) November 22, 2025
En sus redes sociales, la funcionaria agradeció al presidente Javier Milei por “su confianza” y se comprometió a sostener la política de Bullrich para “consolidar el orden” y “garantizar las condiciones para que nuestro país crezca en paz y en libertad”.
Sobre el nominado para sustituir a Petri, el comunicado remarca que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 22, 2025
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
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