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Fue contundente el fallo de la Corte contra el tarifazo en gas

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Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo “de clase”), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a “boca de pozo”, con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz.

En una resolución abarcativa y con varias aristas, el aumento fue anulado para todos los usuarios residenciales de todo el país, a quienes la Corte les otorgó la razón en el amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Por su propia jurisprudencia, la Corte sólo identificó a este segmento (según cifras oficiales, un 26% de los consumidores totales de gas) como una cantidad de personas con un interés homogéneo que les permitiría acceder a un proceso colectivo. El voto conjunto de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fijó el trazo grueso al que adhirió con sus propios fundamentos Juan Carlos Maqueda. El debut de Horacio Rosatti fue a través de un extenso voto en el que desplegó otras variables de la sentencia. El desarrollo fue un compendio de la sucesión de errores e imprevisiones que el Poder Ejecutivo tuvo en materia tarifaria desde que fijó los aumentos, y también le dejó advertencias a futuro: las audiencias públicas “esenciales” no podrán tener un carácter testimonial, sino que de su resultado se desprenderá la gradualidad, uno de los requisitos previstos para los aumentos.

De alguna forma, ratificó -en esta segmentación- lo dispuesto el 7 de julio por la Cámara Federal de La Plata. Para los usuarios finales se volverá al cuadro tarifario previo al 1 de abril y no se les cobrarán retroactivos. En el caso del resto, quienes deberían pagar la nueva tarifa con retroactividad, no los comprende el fallo pero abre la posibilidad de que se multiplique la litigiosidad.

Los jueces no ingresaron a analizar todos los segmentos porque allí tenían visiones contrapuestas. Como resultado, es probable que el aumento de los costos en servicios públicos provoque un traslado a precios, en momentos en que el Gobierno se esperanzaba con un descenso de la inflación.

La Corte le dejó al Gobierno la obviedad de poder fijar la política tarifaria, pero le arrebató poder establecer de forma unilateral -sin consulta previa- el precio de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), es decir, lo que se les paga a los productores. Sostuvo que de acuerdo con la evolución normativa en la materia, sólo podría excluirlo de una audiencia pública si lo dejara librado al libre mercado de oferta y demanda. De otra forma, deberá incluirlo en la discusión junto con los valores de transporte y distribución.

La Corte recordó que desde 2004 fue el Estado el que, durante el kirchnerismo, fijó ese valor, algo que continuó en la administración de Mauricio Macri. “En la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la Ley 24.078”, sostuvo. En su voto, Maqueda reafirmó este punto, que el Gobierno creía ganado cualquiera fuese el resultado, lo que le permitiría cobrar en las facturas más del 60% del valor de los aumentos, según su propio informe.

La Corte también ordenó al Gobierno mantener la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del pueblo de la Nación (crucial en las audiencias), cargo vacante desde abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. No sin quejarse de fallos genéricos, la Corte también advirtió a jueces y tribunales sobre la procedencia de los amparos otorgados, en lo que pareció un mensaje para futuras aplicaciones restrictivas en cuanto a medidas de alcance general.

En el repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo hasta una irónica mención a las denominadas “audiencias informativas” y el subrayado sobre que si las condiciones del sistema energético eran críticas, obligaba a tener medidas “prudentes”.

Lejos de dramatizar como el oficialismo, la Corte recordó qué otras vías tiene el Gobierno para suplir lo que destinará a subsidios y deslizó que las empresas tuvieron créditos y los usuarios pagaron cargos en sus boletas destinados a infraestructura, lo que apuntó a conjurar las amenazas de las prestatarias sobre su crítica situación.

“Frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que no les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas”, sostuvo el Tribunal sobre el impacto económico de la medida. Rosatti, por sus fundamentos, aclaró otro de los argumentos oficiales y sostuvo que “la seguridad jurídica -requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética- se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas”.

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Paritarias bancarias: el salario inicial ascendió a $1,8 millones

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bancarios

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, que además es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales y el salario inicial de los trabajadores del sector llegará al asciende a $1.779.351,32.

La suba se corresponde a una actualización de los sueldos de mayo de 2025 y se traduce en un 1,5% de aumento, en línea al índice de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Censos (Indec).

De esta manera, el sector bancario acumula aumentos de 13,5% en lo que va del año y en junio un trabajador que recién se inicie tendrá un sueldo de  $1.779.351,32, al que se suma el monto correspondiente a la participación en las ganancias del sector (ROE), que se estableció en $80.365,30.

Según detalló Infobae, el incremento salarial se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo componentes remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.

Además del salario mensual, el ajuste impacta en el monto correspondiente al Día del Bancario, celebrado cada 6 de noviembre, cuando los empleados del sector perciben un bono anual adicional.

Con esta última actualización, el monto mínimo del bono quedó fijado en $1.586.230,15, valor que también estará sujeto a correcciones futuras según las próximas actualizaciones salariales mensuales.

El acuerdo fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las siguientes entidades: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y el Banco Central de la República Argentina. Este esquema de revisión mensual se mantiene como un caso excepcional dentro de las negociaciones paritarias, dada la capacidad financiera del sector y la existencia de una cláusula específica dentro del convenio colectivo de trabajo. 

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La inflación fue de 1,5% en mayo y acumula 13,3% en el año

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una variación de 1,5%. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 43,5%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 13,3%.

El dato mensual representa una desaceleración de 1,3 puntos porcentuales respecto al mes de abril, cuando el aumento había sido del 2,8%. De esta manera, el organismo confirmó que el último resultado quebró la barrera del 2%, convirtiéndose en la lectura más baja desde julio de 2020.

A su vez, la inflación acumula menos de 14% en el año y la variación interanual cayó al 43,5%, muy por debajo del 211% registrado a fines de 2024.

Desde el Palacio de Hacienda, sostienen que el resultado estuvo en línea con los relevamientos privados: el REM del BCRA había estimado 2,1%, mientras que Libertad y Progreso proyectaba 1,8% y EcoGo, 1,9%.

Los mayores incrementos del mes fueron Restaurantes y Hoteles (+3,5 %), Comunicación (+3,1 %) y Vivienda, agua y electricidad (+3,1 %), en tanto que Frutas cayó 6 % y la carne subió 2,3 %.

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El Gobierno vetará “todo proyecto que atente contra el déficit cero”

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presupuesto 2025

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al aumento de las jubilaciones y la moratoria, tanto el vocero presidencial Manuel Adorni como el propio mandatario nacional Javier Milei, ratificaron la decisión de no avanzar sobre los proyectos que impliquen “gastos de recursos”.

Por amplia mayoría, a última hora de ayer la oposición logró aprobar los incrementos de los haberes jubilatorios en un 7,2%, el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos y la extensión de la moratoria por dos años.

La iniciativa impulsada por la oposición obtuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, y ahora pasó al Senado para su sanción definitiva. Sin embargo, el oficialismo anticipó que frenará la instancia vetando el proyecto previo a su aprobación total.

Tras los resultados en Diputados, el presidente Milei utilizó su cuenta en la red social “X” para exponer su postura al respecto y reiteró: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero”.

En la misma línea, el vocero Adorni coincidió en que “la medida apunta contra el objetivo de ir a déficit cero” y anticipó: “El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal“.

“El populismo ya no es parte del camino. Fin”, concluyó el portavoz al expresarse en la misma red social para confirmar lo anticipado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Previo al debate en el Congreso, Francos había asegurado que “si se aprueban” los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo “los va a vetar” porque “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, sostuvo en declaraciones radiales.

Para el jefe de Gabinete, antes de hablar de jubilaciones “es necesaria una reforma laboral” para que “existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado, según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Por otro lado, consideró que una reforma laboral “no va a tener impacto inmediato”, ya que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, por lo que también dejó en claro que “será necesaria una reforma tributaria”.

Diputados aprobó 7,2% de aumento en las jubilaciones y llevó el bono a $110.000

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