Nacionales
Extienden por un año la emergencia citrícola en 8 provincias, Misiones incluída
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó sobre tablas un proyecto que extiende la emergencia económica, productiva, financiera y social en este sector.
La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto para prorrogar por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola en ocho provincias argentinas.
El proyecto recibió 242 votos a favor y solo uno en contra, del diputado Juan Martín (UCR-Santa Fe). Si bien la iniciativa no formaba parte del temario de la sesión, los bloques aprobaron su tratamiento sobre tablas tras un acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria, y de ese modo posibilitaron la rápida sanción de la ley.
El proyecto aprobado extiende el plazo -vencido en mayo pasado- de la Ley 27.507, que declaró la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, a las que ahora se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
José Ruiz “Pitín” Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sostuvo que la ley “tiene una intención clara de paliar la crisis que estamos viviendo en el sistema productivo”.
El correntino precisó que “el sector produce más de 700 millones de dólares al año y da trabajo a casi 100.000 personas” en forma directa e indirecta, por la complejidad de la cosecha.
Por su parte, la entrerriana Mayda Cresto (Frente de Todos) destacó que Argentina es “el octavo país productor de cítricos a nivel mundial”.
Advirtió que “ya el año pasado el sector atravesaba una profunda crisis por la elevada presión impositiva, altos costos internos y tasas imposibles de pagar”, y luego sobrevino la pandemia, que “coincidió con el momento más importante para la cosecha”.
Cresto explicó que también para la producción de peras y manzanas se prorrogó la emergencia, en ese caso en tres oportunidades, y así es como “está repuntando la actividad”.
El tucumano Mario Leito, también del oficialismo, recordó que su provincia había sido originalmente excluida de la emergencia aunque “somos el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales citrícolas”.
Según Leito, en Tucumán la actividad “genera 50.000 puestos de trabajo y representa el 50% de las exportaciones de la provincia”. “Las circunstancias convirtieron a este sector en un sector necesitado de las políticas del Estado”, lamentó.
Desde la UCR, Atilio Benedetti observó que la situación de emergencia “hace un año podía ser discutible, pero hoy hay muchísimas más razones para acompañar este proyecto”.
“Las economías regionales basan su desarrollo en dos patas, el consumo interno y la exportación, y a diferencia de hace un año, hoy tenemos la dificultad cambiaria, distintos tipos de dólares de referencia”, alertó el agrodiputado.
A esto sumó que “ha habido un cierre anticipado de las posibilidades de exportación, hay sobrecostos por el Covid, y para agravar más el cuadro, está el problema climático, que está afectando a la mayor parte del territorio argentino y a muchas actividades”.
Desde el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani hizo una fuerte autocrítica: “Somos grandes especialistas en dictar leyes de emergencia para todo, pero somos muy incapaces de presentar políticas públicas que alienten la producción para salir de la dependencia de la emergencia”.
“Nunca salimos del concepto de emergencia. Pasan los gobiernos de todos los signos políticos y no somos capaces de estructurar una política de desarrollo productivo y estratégico para las economías regionales”, insistió.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, que además es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT), firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales y el salario inicial de los trabajadores del sector llegará al asciende a $1.779.351,32.
La suba se corresponde a una actualización de los sueldos de mayo de 2025 y se traduce en un 1,5% de aumento, en línea al índice de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Censos (Indec).
De esta manera, el sector bancario acumula aumentos de 13,5% en lo que va del año y en junio un trabajador que recién se inicie tendrá un sueldo de $1.779.351,32, al que se suma el monto correspondiente a la participación en las ganancias del sector (ROE), que se estableció en $80.365,30.
Según detalló Infobae, el incremento salarial se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, incluyendo componentes remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.
Además del salario mensual, el ajuste impacta en el monto correspondiente al Día del Bancario, celebrado cada 6 de noviembre, cuando los empleados del sector perciben un bono anual adicional.
Con esta última actualización, el monto mínimo del bono quedó fijado en $1.586.230,15, valor que también estará sujeto a correcciones futuras según las próximas actualizaciones salariales mensuales.
El acuerdo fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las siguientes entidades: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y el Banco Central de la República Argentina. Este esquema de revisión mensual se mantiene como un caso excepcional dentro de las negociaciones paritarias, dada la capacidad financiera del sector y la existencia de una cláusula específica dentro del convenio colectivo de trabajo.
ACTUALIZACIÓN SALARIAL MAYO 2025
Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Mayo de 2025.
Más info → https://t.co/3VMa2NQwhk pic.twitter.com/8i0Q1PXkT0
— Asociación Bancaria (@La_Bancaria) June 13, 2025
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