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En un año, los productos de primera necesidad subieron hasta un 136%

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El oficialismo auguró un año 2017 con una inflación en torno al 17%, cifra a partir de la cual se propone discutir las paritarias de los trabajadores, principal motor del consumo interno. Pero la estimación oficial es puesta en duda si se tiene en cuenta la remarcación de precios, principalmente, los que hacen a artículos de primera necesidad.

Tal es el caso del pan, que esta semana pasó a costar cerca de $ 50 el kilo, luego de una suba de 15%. Según la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, la suba responde a un aumento en el costo de la materia prima: según estiman en el sector, la harina aumentará un 12% en los próximos días, y un 10% más en el mes de abril, que se suman al incremento del 16,8% que tuvo el producto durante 2016.

Según un relevamiento de precios de la consultora Ecolatina para ámbito.com, a enero de 2017, el kilo de pan francés aumentó un 33,7% interanual. Teniendo en cuenta la suba de febrero, el aumento fue del 70% interanual.

Pero no sería el único producto de primera necesidad que muestra un alza de ese nivel. Tal es el caso del aceite de girasol, que entre enero de 2016 a enero de 2017, registró un alza del 136,1%.

Vale recordar que, debido al incremento del aceite durante los primeros meses del año pasado (en julio de 2016 ya tocaba el 80%), el Gobierno tuvo que acordar topes mensuales con el sector aceitero, de entre el 4% al 6%.

Los lácteos también sufrieron subas importantes durante 2016. Tal es el caso de la manteca, cuyo precio se incrementó un 90,1% interanual, seguida por la leche, cuyo litro aumentó un 22,2%.

En el primer caso, y a diferencia de lo ocurrido con el aceite, el Gobierno no intervino para regular el precio. Incluso, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, argumentó en declaraciones a la prensa que había faltante del producto porque había “una decisión empresarial de hacer más queso porque les permite un mayor margen de rentabilidad“. Y añadió en este marco que se trató de “decisiones empresariales en las que no nos podemos meter“.

Respecto a la leche, el sector advirtió sobre la suba a mediados de año pasado cuando, en señal de protesta, regaló el producto en las rutas como forma de dar a conocer los cierres de tambos, los problemas derivados de las inundaciones en las zonas tamberas, y la eliminación de productos lácteos de la lista de Precios Cuidados, tales como las leches marca “La Serenísima” (entera y descremada en sachet, y en polvo).

Las frutas y hortalizas también forman parte de los productos de primera necesidad que aumentaron durante 2016. Encabeza la lista la papa, cuyo precio se incrementó un 38,3% interanual. Frutas como la manzana, registraron una suba del 21,7%.

Respecto a las carnes, se registró un alza del 33,4% en el precio del pollo y un 18% en carnes rojas.

En tanto el pollo, se trata de otro producto que en 2016 el Gobierno no reincorporó a la lista de Precios Cuidados, al igual que el pescado.

Sin embargo, nuevos cortes de carne roja sí se agregaron al listado oficial, pero con subas. Es el caso del asado, uno de los cortes más requeridos, que tuvo un aumento del 18%.

Pero reemplazar el consumo de la carne por arroz o fideos, tampoco es una opción más barata. En un año, el precio del arroz subió un 24,6%, y el de los fideos, un 8,5%.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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