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El macrismo logró sancionar la reforma previsional y ahora va por los impuestos y los gastos para 2018

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El Gobierno nacional consiguió esta mañana que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la reforma previsional, luego de cinco días de tensión e incidentes tanto en el recinto como en las calles, con el apoyo de 128 votos a favor; 117 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa fue votada en general alrededor de las 7, después de doce horas de debate, abriendo el camino ahora para el tratamiento de la reforma impositiva y Presupuestos 2018, en una maratónica sucesión de reuniones para llegar a fin de años con leyes clave para la administración.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades y los presidentes de bloque, el proyecto tributario desembarcará a las 17, luego de un cuarto intermedio que se impuso por el primer tramo en que se discutió la reforma previsional, en procura de un intermedio reparador.

En tanto, la denominada “ley de leyes” podría bajar al recinto mañana o el jueves, a fin de completar el ciclo de importancia otorgado por el Gobierno nacional a las iniciativas en cuestión, aunque para la segunda parte no se esperan reacciones populares como las que se desataron en los últimos días.

En el caso de la reforma previsional, la votación se realizó las 7:13 y a las 7:20, tras lo cual por pedido del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, se votó un cuarto intermedio hasta las 17, para continuar con agenda parlamentaria dispuesta para las sesiones extraordinarias.

La sesión arrancó ayer poco después de las 14, ocasión en que Cambiemos logró el quórum con 130 diputados en sus bancas, pero a esta hora todavía el debate estaba lejos de comenzar, ya que los incidentes fuera del Congreso y las gestiones con gobernadores estaban en su punto de máxima tensión política.

Después de cinco horas de cruces con pedidos de levantamiento de la sesión y el planteo de sucesivas cuestiones de privilegio, recién empezó el debate por la iniciativa que cambia la fórmula jubilatoria.

Al llegar la medianoche la tensión no cesó en el recinto. Cuando finalizaba la intervención de los bloques y se debía pasar a los discursos individuales de cada diputado, la oposición hizo un intento más de suspender la sesión.

El detonante fueron las palabras de Daniel Filmus, quien hizo referencia a las protestas en toda la Ciudad y el interior el país, que ya habían llegado a las afueras del Congreso: “Creo que tenemos que tener un gesto de responsabilidad. Hay una situación realmente de angustia, de dolor. La gente está en la calle, la Ciudad muy pocas veces tiene esta expresión. Un sector muy importante de nuestro pueblo no está dispuesto a dejar que se apruebe esta ley que perjudica a tantos argentinos, especialmente a los más humildes”.

Luis Petri, que presidía la sesión en reemplazo de Emilio Monzó, no dio lugar a la votación argumentando que ya había sido desechada en una ocasión anterior. Llovieron insultos y reproches que tildaron a la sesión de antidemocrática e inconstitucional. El legislador de la UCR le cedió la palabra a la neuquina Alma Sapag.

El desarrollo durante la madrugada fue con idas y vueltas, acusaciones y réplicas, preguntas y respuestas, hasta que alrededor de las 6 comenzó el tramo final de las exposiciones, cuando tomó la palabra -nuevamente- Graciela Camaño como presidenta del bloque Frente Renovador. Le siguió el titular del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, y el presidente de la bancada del FPV, Agustín Rossi, que propuso un minuto de silencio por las víctimas fatales de la represión y los incidentes del 19 y 20 de diciembre de 2001.

“Va a empezar una resistencia pacífica. Imagine que si hoy hubo cacerolas, mañana va a haber más cacerolas. Todos sabemos cómo evolucionan estos procesos en la sociedad Argentina”, señaló el dirigente kirchnerista.

A su turno, Mario Negri, en representación de Cambiemos, planteó que la “oposición responsable no reparte fósforos a los que se anden con nafta” y pidió iniciar la votación, con el resultado mencionado.


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UTA llamó a un paro de colectivos por 24 horas para el 5 de marzo

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uta paro de colectivos

Tras culminar la conciliación obligatoria sin acuerdo por los reclamos salariales, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de colectivos en todo el país, a excepción -hasta ahora- del área metropolitana de Buenos Aires (Amba), para el próximo martes 5 de marzo.

El anuncio de la medida de fuerza fue realizado esta tarde por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), entidad que representa a más de 40 empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.

“Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, anunciaron a través de su cuenta en X.

En la publicación, además, se adjuntó un comunicado que añade: “En atención al vencimiento del período de conciliación laboral impuesto, y tras dos meses sin ofrecimiento salarial alguno y a la profundización del conflicto, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″.

Además, AAETA informó que el 7 de marzo habrá una nueva audiencia virtual para “monitorear el estado de situación” y establecer nuevas medidas.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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