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El Gobierno subió el piso, bajó el techo y eliminó las zonas para cobrar las asignaciones

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BUENOS AIRES (Agencias). El Gobierno nacional dispuso aumentar a 2.816 pesos el ingreso mínimo para acceder a las asignaciones familiares y bajó a 83.917 pesos el máximo del grupo familiar o 41.900 pesos el ingreso individual, al tiempo que eliminó las diferencias por zonas.

El procedimiento fue definido por distintos medios como “actualización de los pisos y techos” que perciben por cada hijo los empleados en blanco y monotributistas, contemplado en el mismo decreto por el cual equiparó la asignación por hijo en 1.578 pesos, también para la Patagonia donde este monto se duplicaba.

De acuerdo con los fundamentos de la medida, que fue adoptada en medio del ajuste fiscal en marcha, el Gobierno pretende evitar la evasión, ya que según dijo el director de ANSES, Emilio Basavilbaso, se trata de “ordenar las asignaciones y actualizar los pisos” a partir de los que se perciben.

A partir de cálculos realizados por especialistas, se determinó que las asignaciones familiares representan el 6,35 por ciento del gasto corriente del Estado según el Presupuesto 2018 y se actualizan bajo la fórmula de movilidad jubilatoria y de asignaciones universales. La primera categoría recibe los 1.500 pesos, monto que va bajando a medida que crecen los ingresos.

El nuevo decreto establece un nuevo piso de ingresos para recibir una asignación familiar: se pasó de un mínimo de 200 pesos a 2.816 pesos para empezar a percibir la asignación familiar.

Al respecto, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca explicó que “muchos empleadores registraban a los trabajadores por un ingreso menor al real, para evadir aportes patronales”. Quienes no lleguen a ese monto, cobrarán la Asignación Universal por Hijo, si no se detectan ingresos registrados.

La medida se presenta como un intento de mejorar la formalización de trabajadores y evitar “las avivadas”.según publicó Perfil hoy. Para esto, cruzarán datos de ANSES y AFIP y prometen contactar a las empresas donde se detectan irregularidades.

Del otro lado, se bajó el techo para recibir asignaciones familiares, que estaba por arriba del mínimo no imponible de Ganancias. Esto generaba casos donde se obtenían los dos beneficios: la asignación y el descuento sobre el impuesto a las ganancias. El máximo por grupo familiar para recibir la asignación bajó de $ 94.786 a $ 83.917, o un ingreso individual de $ 41.900.

Otra de las medidas incorporadas en el decreto unifica el valor de las asignaciones en todo el país. Para el Gobierno, no hay diferencias entre “un chico de La Matanza y uno de la Patagonia”.

Para justificar la medida, señalaron que ya no hay relación entre el costo de vida y las distintas zonas del país. Las diferencias de monto que se mantienen responden a los casos de chicos con discapacidad.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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