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El gobierno aumenta 5% jubilaciones y eleva el mínimo a 19 mil pesos

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La jubilación mínima subió más del 35% en lo que va del año y más del 75% de los beneficios previsionales le gana a la inflación, confirmó Cafiero.

En las vísperas del debate por el proyecto de ley de una nueva fórmula de movilidad, el Gobierno anunció un aumento del 5%, el cual regirá a partir de diciembre. Se trata del cuarto incremento que el Poder Ejecutivo aplica por decreto en lo que va del año.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, fueron los encargados de informar la última actualización, que eleva el haber mínimo a $19.035.

Asimismo, también se verán alcanzadas por esta suba las Pensiones No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las asignaciones familiares.

Así, la jubilación mínima acumulará un incremento del 35,5% en todo el año, una cifra superior al alza de precios proyectado para el 2020 (32%).

Según precisó Raverta, “el 70% de los jubilados y jubiladas le ganará a la inflación”. Este último segmento –que abarca a la mayoría de los beneficiarios- tuvo un aumento mayor por el pago de distintos bonos a la largo del primer cuatrimestre.

Otro dato que se desprende de la actualización dispuesta por el Gobierno es que los haberes mínimos finalizarán el año con un aumento superior al promedio de las negociaciones paritarias firmadas a lo largo del año.

Hasta octubre, unos 3,7 millones de puestos de trabajo recibió aumentos salariales establecidos por la paritaria 2020, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. La cifra representa el 84% del total del empleo asalariado privado encuadrado en convenios de trabajo de más de 10.000 trabajadores.

El aumento salarial promedio ponderado según la cantidad de trabajadores alcanzados por cada convenio- punta a punta (diciembre 2019 a diciembre 2020)- es del 33%, e incorporando los incrementos salariales retroactivos de 2019 que se pagaron o se están pagando.

Así, las jubilaciones mínimas se aseguran una suba por empalme en diciembre que supere la inflación, a la espera de la aplicación de la nueva fórmula en marzo bajo una actualización semestral.

En diciembre de 2019 y enero de este año se pagaron dos bonos de $ 5.000. En marzo, las jubilaciones recibieron un aumento fijo del 2,3% más un bono de $ 1.500, mientras que en abril hubo otro bono de $ 3.000.

Luego, en junio, se decretó una actualización del 6,12% para todas las jubilaciones, mientras que en septiembre fue del 7,5%.

“Estamos contentos de poder contar esta noticia, Arrancamos con la mínima de $ 14.000 y nos comprometimos a reparar ese daño. Fijamos la gratuidad de los remedios, y un haber promedio invierte el 30% de sus ingresos en medicamentos. Además congelamos las tarifas”, subrayó la titular de Anses.

Además, destacó que con el aguinaldo de fin de año, un jubilado que gana la mínima cobrará poco más de $ 28.000.

De esta manera, el Gobierno también sorteó posibles jurídicos, ya que pudo concretar el empalme con la nueva fórmula de movilidad.

Cabe recordar que la propuesta del oficialismo prevé un aumento semestral en marzo, por lo cual podría haber surgido una contradicción legal al verse obligado a pagar una suba en diciembre.

Tras la suspensión de la fórmula sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri a principios del corriente año, los haberes se ajustaron por decreto y los jubilados de la mínima (4,4 millones) recuperaron más de 5% de su capacidad de compra mientras que más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación, según datos oficiales.

Respecto al proyecto, Cafiero afirmó que “aún se está trabajando en la redacción del texto, luego ingresará al Congreso y se terminará debatiendo en sesiones extraordinarias”, según informó El Destape.

De acuerdo al organismo previsional, habría dos subas semestrales con la nueva ley en 2021: una en marzo del 11,9% y otra del 18,2% en septiembre.

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Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

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Luego de la publicación del Decreto 462/2025 el pasado 8 de julio en el boletín oficial de la Nación, directores regionales de todo el país, junto a coordinadores de programas de investigación, emitieron un comunicado repudiando la medida que redujo cargos jerárquicos poniendo en riesgo el regular funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Esto es así porque fue eliminada la autarquía del organismo y resultó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo que estuvo conformado por diez miembros quedó reducido a un solo presidente.

Bajo el título “Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, los ex directivos cuestionaron que “bajo el discurso de `modernización´, se concentra el poder en una sola figura designada políticamente, el presidente de la institución, eliminando su estructura participativa y federal”. 

Por lo que señalaron: “Esto no es modernizar: es centralizar, debilitar y poner en riesgo una institución estratégica para el desarrollo de la Nación”. 

El Inta fue creado en 1956 y desde entonces ha transitado por diversos contextos políticos, sosteniendo las misiones para las que fue creado, como ser: “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”.

De esta manera, aseguraron que dichas acciones se hicieron posibles sobre los cimientos de sus pilares principales: la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas, la presencia territorial en todo el país, la articulación y cooperación nacional e internacional, gobernanza público-privada y concursos públicos para acceder a cargos técnicos y de conducción.

Por este motivo, los directores regionales del Inta enfatizaron: “Este decreto con excusas de “modernización” viene a destruir la constitución de esta institución de ciencia y técnica, estratégica para la innovación productiva, la soberanía tecnológica y el desarrollo local, como la de muchos otros organismos del estado”.

Nueva estructura

Tras ser subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se conoció el nuevo organigrama del Inta, en el que el gobierno designó al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, cuyo puesto tendrá rango y jerarquía de secretario.

En tanto, María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica.

Para finalizar, los ex directivos manifestaron que el decreto en cuestión “propone en sus artículos, una conducción centralizada, vertical, que elimina la autonomía institucional, al modificar la composición y representatividad del Consejo Directivo, excluyendo a representantes del sistema científico y organizaciones del sector agropecuario y concentrando la mayoría de las decisiones en manos del gobierno de turno”. 

Por lo que, a su entender, la nueva estructura “elimina la posibilidad de sostener líneas de trabajo y políticas públicas estables, independientes de los vaivenes políticos”.

En ese sentido, resaltaron: “Reducir el Inta a una oficina dependiente del Poder Ejecutivo es ignorar su historia, su valor estratégico y el consenso social que lo respalda. Implica romper con la continuidad de políticas públicas esenciales para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica, las economías regionales, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad”.

Durante una reunión entre Bronzovich y directores experimentales, plantearon algunas de las acciones venideras del organismo, entre las que resaltan: bajar la cantidad de cargos jerárquicos que asciende a 932, mejorar el control de presentismo, seguir con la investigación ligada con el sector privado, hacer un retiro voluntario de trabajadores y, entre otras acciones, disminuir la cantidad de Centros Regionales y programas, al mismo tiempo en que aseguraron que se mantendrán los becarios.

Declaración Matriz Nacional-1
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El Argentum, la moneda con nombre de película que propone López Murphy

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López Murphy

Hace unos días, el diputado nacional del partido Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, presentó en el Congreso un proyecto de ley para la creación de una nueva moneda que reemplace al Peso, el Argentum, con el símbolo AG.

El nombre en cuestión no tendría nada de peculiar, si no fuera porque coincide con el título de la película que los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenarán en agosto, Homo Argentum, con un estelar elenco encabezado por Guillermo Francella.

El término elegido por el ex ministro de Economía del gobierno de La Alianza, que inventó el corralito, guarda referencia con la etimología de la palabra en Latín, donde alude a la “plata”, como metal precioso.

Cohn y Duprat, en cambio, se valieron para su película de la acepción del término que dio origen al nombre de Argentina y al gentilicio que se aplica a la población del país.

Así, Homo Argentum, se propone el retrato del “argentino promedio” a través de los diversos personajes encarnados por Francella, en 16 estereotipos distintos.

Mil a uno

En términos técnicos, el proyecto de López Murphy propone quitarle tres ceros al Peso y cambiarle de nombre.

Así, el Argentum comenzaría a circular en enero de 2026 con una conversión de $1.000 por cada 1 AG, con la posibilidad de que ambos signos monetarios convivan durante los siguientes seis meses.

En su proyecto, el diputado de Republicanos Unidos, esgrime fundamentos puramente técnicos y hace hincapié en que la nueva moneda que propone va a facilitar las operaciones contables, reducir errores en los sistemas digitales y simplificar contratos, balances y liquidaciones.

La idea no es nueva, como tampoco los argumentos. Desde 1970, Argentina eliminó 13 ceros de su moneda a través de sucesivos cambios de denominaciones: del Peso Ley, se pasó al Peso Argentino; luego, vino el Austral y, finalmente, el Peso actual, que entró en vigencia en 1991.

 

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El gobierno anunció el cierre por decreto de Vialidad Nacional

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En la tarde de hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció los últimos decretos con “superpoderes” del gobierno nacional, entre los que finalmente confirmaron la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos detalles serán publicados en el Boletín Oficial mañana martes.

La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, lanzó el vocero mientras anticipaba la medida que también alcanzará a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Al mismo tiempo, hizo referencia a la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una causa vinculada a la licitación irregular de obras para rutas. 

La medida, en concreto, afectará a alrededor de 5500 empleados, de los cuales al menos 140 se desempeñan en Misiones.

Respecto a la infraestructura, unas 118 rutas nacionales quedarían “a la deriva” con más de 40 mil kilómetros “sin mantenimiento ni cobertura”, según denunciaron los gremios del sector que desde hace varios días se mantienen en estado de alerta y movilización en varios puntos del país, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara el lanzamiento del decreto en cuestión.

De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, planteó Adorni durante el anuncio realizado en Casa Rosada.

A su vez, informó que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradas como nunca antes en la historia del país”.

Cabe recordar que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue creada como una entidad autárquica del Estado Nacional en 1932, transformando la antigua dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Corte de calle y protesta en Posadas

Esta mañana, empleados y referentes gremiales se apostaron en la intersección de las calles Jujuy y Bolivar para rechazar el inminente decreto que pondrá en riesgo los puestos de al menos 140 trabajadores en Misiones, mientras que otros serían cesanteados. 

El Decreto Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que ahora serán derogados, fue la encargada de la creación y regulación de la Dirección Nacional de Vialidad, definiendo su estructura, funcionamiento y fondos. En concreto, se ocupó de la conservación, mantenimiento y proyección de las rutas nacionales, de las cuales en Misiones se ven comprometidas las arterias 12, 14, 105 y 101.

Posible disolución de Vialidad Nacional afectaría a 140 empleados misioneros

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