Nacionales
Investigarán a Macri, Aguad y Srur por la tragedia del submarino ARA San Juan
Lo dispuso la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur la tragedia del submarino ARA San Juan, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.
El tribunal de apelaciones emitió un fallo de 177 páginas en el que confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al exmandatario y a sus exfuncionarios.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor Héctor Alonso; y el ex jefe de operaciones Hugo Miguel Correa.
Los ex altos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.
En el mismo fallo, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del exjefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.
Pericias
El tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, dispuso además la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ (submarino San Juan) por parte de la empresa Ocean Infinity”.
También ordenó una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”.
Durante la audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la querella mayoritaria de familiares de tripulantes de ARA San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras, había reclamado que se investigara y se citara a indagatoria al expresidente Macri, al exministro a Aguad y al exjefe de la Armada.
El ARA San Juan fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que, según dijo López Mazzeo durante la audiencia de las apelaciones, el 5 de diciembre de 2017, ya había información sobre la supuesta ubicación del submarino; motivo por el cual Macri, Aguad y Srur también fueron denunciados ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento.
(Télam)
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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