Nacionales
El Congreso responsabilizó a Macri y Aguad por el hundimiento del ARA San Juan
Lo hizo a través de la comisión bicameral que investigó la tragedia. Fue avalada por la oposición, mientras que el oficialismo intentó diluir las culpas. El resultado tendrá efectos judiciales en varios niveles.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). La comisión bicameral del Congreso de la Nación calificó al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, como responsables políticos del hundimiento del submarino ARA San Juan.
El pronunciamiento, que votado en mayoría por la oposición, fue presentado tras fuertes presiones de la Casa Rosada que intentaron diluir las culpas, pero al final los oficialistas optaron por firmar en disidencia y redujeron las cargas a los militares exonerados.
El submarino ARA San Juan desapareció el 17 de noviembre de 2017 y fue hallado un año más tarde por la empresa Ocean Infinity, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 900 metros.
La bicameral se creó por ley y empezó a funcionar el 20 de marzo de 2018, desde cuando se realizaron 55 reuniones, con más de 50 expositores.
En la primera parte de las conclusiones, los legisladores señalaron que el Ministerio de Defensa ignoró los informes navales sobre el mal estado de la flota y recordaron que como responsable de la cadena de mando, no puede desentenderse por no haber actuado para prevenir la tragedia, como tampoco su jefe, el presidente Mauricio Macri.
“Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina”, señaló uno de los párrafos del informe.
Y añadió que “el presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia” y “sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño”.
La reconstrucción
Según la reconstrucción del comité de expertos (integrado por Pedro Bassi, Marcelo Covelli, Jorge González, Gustavo Krsaser y Alejandro Maegli), el submarino tuvo una explosión primaria, que fue informada a las autoridades del Comando de la Fuerza de Submarinos y submarinos y aun así no existió una orden para detener la nave, que se sumergió e implosionó.
“Los expertos señalan que pudo haber ocurrido una explosión al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, donde la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, ocasionara una explosión que dejara sin capacidad de respuesta a la tripulación”, dice el informe.
Los legisladores concedieron por unanimidad que la falta de mantenimiento de la nave no puede reducirse a este gobierno, en tanto que en su disidencia el oficialismo consideró que la comisión no está facultada a determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas de los funcionarios y mucho menos las políticas.
Añadieron que las facultades operacionales del presidente con las fuerzas armadas se limitan a tiempos de guerra y que los militares acceden a sus cargos previo acuerdo del Senado de la Nación.
El informe servirá como respaldo de la investigación judicial que lleva adelante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, que no tiene ningún imputado y en el Congreso aseguran que las conclusiones de la bicameral le servirán como respaldo político para acorralar a los militares exonerados señalados como responsables directos, sin disidencia alguna.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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