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El Congreso convirtió en ley la devolución del IVA a jubilados

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El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo para reintegrar el 15% del IVA por compras realizadas a través de tarjeta débito a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales hasta un tope de $ 300.

El acompañamiento del bloque del PJ-Frente para la Victoria y de Compromiso Federal a la medida fue realizada con la advertencia de que la medida puede “ser motivo de controversia judicial”, dijo el senador Miguel Angel Pichetto (FPV-PJ), si los recursos para compensar la retracción de ingresos por IVA no salen de la Nación.
Pichetto adelantó que presentará un proyecto “para clarificar” la posición y recordó que “venimos de una sentencia (de la Corte Suprema) que ha sido categórica de modo que una ley del Congreso no puede afectar la coparticipación y una ley convenio”.

La posición fue expuesta también por Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), quien si bien confirmó que votaba en forma positiva el proyecto advirtió que es “el gobierno nacional el que asume la responsabilidad de eximir el pago del impuesto con cargo a la cuenta de la parte (del IVA) que afecta a la Nación” y no a las provincias.

De lo contrario, advirtió el senador peronista, se “debería modificar la ley de coparticipación” y recordó la sentencia judicial definitiva que ordenó restituirle a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% que la Nación les había retraído para el financiamiento del ANSES en la década del 90. Por eso pidió a sus pares que manifestaron preocupación por el impacto de la medida en las finanzas provinciales que “no nos rindamos antes de tiempo” y tengan presentes el fallo de la Corte.
Por su parte, el jefe del bloque radical, Angel Rozas (UCR- Cambiemos) destacó que la medida es una de las que “se han tomado en estos cinco, seis meses (de gobierno) que son muy valorables” para paliar el impacto del ajuste económico en los sectores más vulnerables. El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), también destacó al informar el contenido del proyecto que la devolución ayuda “a aliviar un impuesto regresivo” al consumo, que tiene mayor incidencia en los sectores de menores recursos.

Además, Abal Medina apuntó que la medida es “significativa” en tanto que “tiene un costo fiscal de $ 30.000 millones por año suponiendo unos 9,2 millones de beneficiarios”, a la vez que manifestó que el proyecto también es importante porque “fomenta el blanqueo y la formalización de la economía”. “En un gobierno nacional que parece muchas veces tener dos velocidades” en las decisiones que toma “sin dudas este proyecto es una buena noticia”, resaltó el senador.
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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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