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División de poderes: el gobierno le pide a la Corte que frene los amparos contra el tarifazo

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El Gobierno nacional busca que la Corte Suprema ponga un freno a los amparos que se multiplican en todo el país en la Justicia contra los aumentos de tarifas de luz y gas. Por eso se presentó ante el máximo tribunal para que frene las medidas que suspendieron las subas, según informó C5N.

El oficialismo realizó una presentación judicial para terminar con la sucesión de amparos contra los aumentos en los servicios. Busca que el máximo tribunal intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.

El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentó el martes un recurso a la Corte Suprema para que inhiba el fallo de Chubut que frenó los aumentos, e intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.

Entre los argumentos, se habla de la “gravedad institucional” que generarían los amparos a tarifas de un servicio esencial como el gas.

La decisión se conocen en momentos en que los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, se encuentran reunidos con gobernadores patagónicos, con el propósito de abordar los reclamos y evaluar nuevas alternativas por el impacto de las subas en las tarifas de luz y gas, tanto en el sector industrial como residencial.

La reunión se lleva a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la asistencia de los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de La Pampa, Carlos Verna,

Asisten por Tierra del Fuego el secretario de Energía, Omar Nogar; por Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vakuie y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; y por Santa Cruz el vicegobernador Pablo González.

En el primer encuentro del lunes 23, la propuesta del Gobierno nacional fue fijar un tope del 400% para los aumentos a hogares de la Patagonia y La Pampa, mientras mantuvo la posición de darles a industrias y comercios de todo el país la posibilidad de pagar ahora el 50% de las facturas y el otro 50% en cuotas en los períodos de primavera-verano de este año y del próximo.

Para los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Río Negro el tope del 400% es insuficiente, a lo que suman la disconformidad por los aumentos de más del 2.000% que están recibiendo los comercios e industrias de la zona, incluidos los que se dedican a la actividad turística. El problema de la región es que estuvo exceptuada de las alzas dispuestas en 2014 por la administración anterior y ahora los valores se alinearon con los del resto del país.

Doce obispos de la Patagonia enviaron ayer una carta a los ministros Aranguren y Frigerio, para expresarles su inquietud por el fuerte impacto del aumento de gas y electricidad en la región. “Queremos compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad”, indicaron en la misiva.

También sostuvieron: “No nos caben dudas de que son aumentos que en algún momento deberían darse particularmente en los grandes centros urbanos que contaban con servicios subsidiados por el Estado, pero lamentamos que estos aumentos no hayan sido hechos gradualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno no es benévolo en la Patagonia y que en las provincias más australes del país se prolonga durante todo el año”.

Se espera que hoy el Gobierno ofrezca una nueva propuesta para las pymes y que extienda el tope del 400% a las provincias y partidos que no tuvieron aumentos en 2014 por decisión judicial, entre los que se encuentran Santa Fe, Mendoza, San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Hasta el momento hay fallos de la Justicia frenando los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1 de abril en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Tierra del Fuego y Mendoza. En esta última provincia, la Justicia suspendió ayer por seis meses los aumentos en los departamentos del sur, San Rafael y General Alvear, y retrotraer las tarifas a los valores vigentes el 1 de abril. Estas jurisdicciones habían quedado afuera del fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza del 80%.

En tanto, en San Luis, tal como lo había solicitado el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el titular del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, presentaron una “acción declaratoria de certeza” en el Juzgado Federal, solicitando que se frenen las subas y se apliquen las tarifas anteriores.

Allende explicó que “las primeras facturas de la empresa provincial que recibirán los usuarios van a tener aproximadamente un incremento que impactará sobre 20 de los 60 días totales del bimestre, por eso no será totalmente facturado el aumento dispuesto por el Enargas, pero haciendo una proyección de un período del año pasado, comparado con el mismo de este año, el aumento superaría el 1.500% y en algunos casos llegaría hasta 2.000 veces más sobre los valores históricos”.

Por último, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, instó al Enargas a realizar audiencia pública en un plazo de 20 días para acordar un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, y en caso de que no se cumpla ese requisito, ordenará retrotraer los valores a los vigentes hasta el 31 de marzo.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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