Nacionales
División de poderes: el gobierno le pide a la Corte que frene los amparos contra el tarifazo
El Gobierno nacional busca que la Corte Suprema ponga un freno a los amparos que se multiplican en todo el país en la Justicia contra los aumentos de tarifas de luz y gas. Por eso se presentó ante el máximo tribunal para que frene las medidas que suspendieron las subas, según informó C5N.
El oficialismo realizó una presentación judicial para terminar con la sucesión de amparos contra los aumentos en los servicios. Busca que el máximo tribunal intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.
El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentó el martes un recurso a la Corte Suprema para que inhiba el fallo de Chubut que frenó los aumentos, e intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.
Entre los argumentos, se habla de la “gravedad institucional” que generarían los amparos a tarifas de un servicio esencial como el gas.
La decisión se conocen en momentos en que los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, se encuentran reunidos con gobernadores patagónicos, con el propósito de abordar los reclamos y evaluar nuevas alternativas por el impacto de las subas en las tarifas de luz y gas, tanto en el sector industrial como residencial.
La reunión se lleva a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la asistencia de los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de La Pampa, Carlos Verna,
Asisten por Tierra del Fuego el secretario de Energía, Omar Nogar; por Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vakuie y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; y por Santa Cruz el vicegobernador Pablo González.
En el primer encuentro del lunes 23, la propuesta del Gobierno nacional fue fijar un tope del 400% para los aumentos a hogares de la Patagonia y La Pampa, mientras mantuvo la posición de darles a industrias y comercios de todo el país la posibilidad de pagar ahora el 50% de las facturas y el otro 50% en cuotas en los períodos de primavera-verano de este año y del próximo.
Para los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Río Negro el tope del 400% es insuficiente, a lo que suman la disconformidad por los aumentos de más del 2.000% que están recibiendo los comercios e industrias de la zona, incluidos los que se dedican a la actividad turística. El problema de la región es que estuvo exceptuada de las alzas dispuestas en 2014 por la administración anterior y ahora los valores se alinearon con los del resto del país.
Doce obispos de la Patagonia enviaron ayer una carta a los ministros Aranguren y Frigerio, para expresarles su inquietud por el fuerte impacto del aumento de gas y electricidad en la región. “Queremos compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad”, indicaron en la misiva.
También sostuvieron: “No nos caben dudas de que son aumentos que en algún momento deberían darse particularmente en los grandes centros urbanos que contaban con servicios subsidiados por el Estado, pero lamentamos que estos aumentos no hayan sido hechos gradualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno no es benévolo en la Patagonia y que en las provincias más australes del país se prolonga durante todo el año”.
Se espera que hoy el Gobierno ofrezca una nueva propuesta para las pymes y que extienda el tope del 400% a las provincias y partidos que no tuvieron aumentos en 2014 por decisión judicial, entre los que se encuentran Santa Fe, Mendoza, San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Hasta el momento hay fallos de la Justicia frenando los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1 de abril en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Tierra del Fuego y Mendoza. En esta última provincia, la Justicia suspendió ayer por seis meses los aumentos en los departamentos del sur, San Rafael y General Alvear, y retrotraer las tarifas a los valores vigentes el 1 de abril. Estas jurisdicciones habían quedado afuera del fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza del 80%.
En tanto, en San Luis, tal como lo había solicitado el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el titular del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, presentaron una “acción declaratoria de certeza” en el Juzgado Federal, solicitando que se frenen las subas y se apliquen las tarifas anteriores.
Allende explicó que “las primeras facturas de la empresa provincial que recibirán los usuarios van a tener aproximadamente un incremento que impactará sobre 20 de los 60 días totales del bimestre, por eso no será totalmente facturado el aumento dispuesto por el Enargas, pero haciendo una proyección de un período del año pasado, comparado con el mismo de este año, el aumento superaría el 1.500% y en algunos casos llegaría hasta 2.000 veces más sobre los valores históricos”.
Por último, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, instó al Enargas a realizar audiencia pública en un plazo de 20 días para acordar un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, y en caso de que no se cumpla ese requisito, ordenará retrotraer los valores a los vigentes hasta el 31 de marzo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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