Nacionales
Declararon la inconstitucionalidad del DNU de Macri que modifica la ley de ART
Un juez del fuero laboral declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri que modificó la Ley de Riesgos de Trabajo. La Justicia entendió que la iniciativa es contraria a la Carta Magna y el Derecho internacional de los derechos humanos.
Según el fallo al que accedió Ámbito Financiero, la norma fija un doble estándar para los trabajadores registrados y los informales, a la hora de iniciar una demanda laboral, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley. Fue firmado ayer por el juez nacional subrogante de Trabajo Alejandro Aníbal Segura, en el marco de un expediente que analizaba un reclamo de Florencia Soledad Alcaraz contra la compañía de seguros Federación Patronal iniciado el 2 de febrero, por un accidente de trabajo que sufrió en 2015.
Según la resolución, el juez declaró “de oficio la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 54/2017, más allá de que por motivos que son de público y notorio conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional haya decidido convocar a Sesiones Extraordinarias a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, en sesión del día 15-2-2017 con el voto de 88 sobre 257 diputados nacionales, haya sancionado con fuerza de ley el proyecto que en Orden del Día Nº 1269 puede ser consultado en el Boletín de la Cámara respectiva”.
Según sostuvo, “el proyecto aprobado, en lo que aquí se analizará, reproduce el texto del art. 1º, DNU 54/2017 cuyas objeciones a la luz de la Constitución Nacional y el Derecho internacional de los derechos humanos, se dejará sin efecto para el presente caso” en base a una serie de consideraciones “fácticojurídicas” que se detallan en la resolución.
El cuestionamiento se focalizó en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, lo cual –dijo la reglamentación- “constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
“No abordaré la declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad del art. 1º, DNU 54/2017 por los carriles del avasallamiento de las autonomías provinciales, sino por su propia naturaleza excluyente e irrazonablemente violadora del principio de igualdad”, advirtió.
Tras citar profusa jurisprudencia, el juez resaltó que “el principio de igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se conceda a otros en iguales circunstancias” y afirmó que hay diferencias para trabajadores registrados e informales.
“Existen, para el art. 1º, DNU 54/2017 sendas hipótesis que van a determinar el carácter obligatorio y excluyente de la instancia administrativa o la eximición del mismo. La primera es la de autos, una persona que trabaja y cuya relación laboral se encuentra debidamente registrada. La segunda hipótesis consta en el segundo párrafo de la norma: los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas…, no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita”, afirmó.
Añadió que “el trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, la Comisión Médica Central y el recurso de apelación aleja en el tiempo al enfermo o accidentado de una pronta reparación del daño sufrido”, tras consideralo “otro insólito despropósito que ratifica la irrazonabilidad del trato desigual” con el trabajador informal.
“Declaro inconstitucional al art. 1º, DNU 54/2017 en cuanto viola el principio de igualdad ante la ley contenido en el art. 16, CN: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”, dado que establece un trato diferencial inaceptable entre dos personas en igual condición –trabajar y accidentarse o enfermarse– de acuerdo con una condición ajena a su voluntad (estar o no registrada su relación laboral)”, añadió.
Nacionales
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, el cual arrojó que la inflación en ese mes fue 2,9% y que el balance interanual llegó al 32,4%.
Durante el primer mes del año el costo de vida fue impulsado por Alimentos y bebidas (4,7%), siendo el rubro que más aumentó por encima de la media, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres, seguido por Restaurantes y hoteles (4,1%).
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026
El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna, quien hasta el pasado 2 de febrero se desempeñó como director del organismo de estadísticas, nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según explicó el ex número dos de Toto Caputo, Joaquín Cottani, el gobierno venía trabajando en un nuevo tipo de medición cuya metodología estaba lista desde mediados de 2024, sin embargo el Indec no actualizó la medición de la inflación, motivo que habría precipitado la renuncia de Lavagna.
Actualmente el instituto usa datos de 2004/05, a pesar de tener datos más recientes de 2017/18. De esta manera se subestima el gasto que los hogares hacen en servicios y transporte, que han aumentando de precio exponencialmente en los últimos años, en el país y el mundo.
Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación
Nacionales
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
Según datos relevados en el informe “Análisis de la dinámica laboral y de empleadores”, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en todo el país cerraron al menos 21.046 empresas (30 por día), lo que conllevó a la pérdida de 272.607 puestos de trabajo (393 por día), desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta octubre de 2025.
Entre las empresas más conocidas que se vieron obligadas al cierre se encuentran la marca de galletitas y bizcochos Tía Maruca en Chascomús (2025); la red de canales locales Somos (2024), la fábrica de conservas alimenticias Inca en La Rioja (2025); la firma de dulces Otito en Jujuy (2025); la fábrica de envases de hojalata Comeca en Mendoza (2025); las sucursales de la cadena de electrodomésticos Frávega en Posadas, Temperley y Pergamino (2025); el mayorista Diarco en Entre Ríos y Chaco (2024); y recientemente la empresa textil Alal anunció su cierre definitivo en Corrientes y Chaco, tras superar los 100 años de trayectoria.
Estos cierres se enmarcan en la desregulación económica impulsada por el gobierno nacional, por lo que desde las cámaras empresariales pyme apuntan a la “desregulación competitiva” que favorece la importación de productos extranjeros y la contracción del mercado interno debido al deterioro de los ingresos.
“No vemos indicios de una recuperación rápida de la recesión. La caída de las ventas está llevando a recortar horas extras y suspender personal, lo que eventualmente conduce a despidos“, expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Al mismo tiempo, señalan la falta de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales, pese a los reiterados llamados para abordar la crisis.
Conflictos, despidos y cierres en Misiones
El mismo estudio de Cepa identificó al menos 14 conflictos empresariales activos en Misiones, vinculados a despidos, suspensiones, cierres y situaciones de crisis que afectan tanto a trabajadores como a la continuidad de distintas firmas ubicadas en Posadas, Apóstoles, Eldorado, Andresito y otras localidades, donde se registraron medidas de ajuste y reestructuración.
De esta manera, el mapa da cuenta de despidos y suspensiones en comercios como el Hipermercado Libertad; la fábrica de colchones Taurus; el frigorífico El Abasto; Ratti Construcciones; Dass Calzados; y las cooperativas yerbateras Andresito y La Hoja.
Mientras que el aserradero Diessel, Mazter Maderas y una sucursal de Electro Misiones se vieron obligados al cierre.
En este contexto, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la tierra colorada perdió 444 empresas con personal registrado y 1.709 trabajadores formales en los primeros dos años de la gestión de Milei.

Caída del empleo formal
Según datos revelados por el mismo informe de Cepa, se observa un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.
Entre los sectores más afectados se encuentra Transporte y Almacenamiento, con una pérdida de 5.042 empleadores. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 4.184, Servicios inmobiliarios sufrió una caída de 3.057 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.275, Industria manufacturera de 2.238, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1.869 y Construcción registró una reducción de 1.797 empleadores en el mismo período.
A su vez, el sector “Administración Pública” fue el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 83.014 trabajadores, y en términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15,6%).
Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 23 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (20.969 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (77 casos).
El informe en cuestión también refleja que, al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa, se observa que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 66,80% de la pérdida de empleo (-182.114 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -90.493 casos, explicando el 33,2% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.600.859, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.983.707.
Análisis de la dinámica laboral y empresarial - CEPA - Datos 10.2025La tienda de moda Etam anunció el cierre definitivo de su sucursal en Posadas
Nacionales
La CGT convocó a movilizarse el miércoles contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) descartó convocar a un paro general y llamó a una movilización frente al Congreso el miércoles, cuando el Senado debata la reforma laboral que desvela al gobierno de Javier Milei.
La decisión se tomó este mediodía en una reunión de la cúpula cegetista, en la sede de la central obrera en el centro porteño, donde prevaleció la convocatoria a la movilización y se descartaron las propuestas de acoplar a la marcha un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, de los sindicatos del transporte de la CATT, y la de un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano, de La Fraternidad.
Según el portal de noticias Infobae, “las propuestas de hacer paros no lograron suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral”.
“Esta lucha no termina porque después del Senado tiene que ir a Diputados; si se llega a aprobar esta ley en general, esperamos que en el tratamiento de artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical”, dijo Andrés Rodríguez, de UPCN, a los periodistas que esperaron la salida de los sindicalistas de la reunión.
“Nosotros pretendemos prácticamente neutralizar todo aquel artículo que atente contra los derechos del trabajo”, afirmó.
Por su parte, Gerardo Martínez, de la Uocra, (UOCRA) afirmó que la estrategia consiste en “seguir dialogando con todos los sectores que puedan influir en el rechazo a esta reforma que atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”. Y si ese camino no prospera, advirtió que “recurriremos a la justicia para solicitar el rechazo de aquellos artículos que sean inconstitucionales”.
De la reunión, participaron los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Hugo Moyano (Camioneros), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Palazzo (bancarios), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.
Nuevo texto
El Senado tiene previsto tratar el miércoles el proyecto de reforma que el oficialismo tituló Ley de Modernización Laboral y cuyo apoyo negocia a contrarreloj con las bancadas dialoguistas y los gobernadores.
Según dejaron trascender periodistas acreditados en el Senado, el nuevo texto del proyecto incluye una fórmula para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que supone la ley, y posterga para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.
A la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios.

La conducción de la CGT se reunió este viernes en la sede porteña de la central obrera.
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