Nacionales
Declararon la inconstitucionalidad del DNU de Macri que modifica la ley de ART
Un juez del fuero laboral declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri que modificó la Ley de Riesgos de Trabajo. La Justicia entendió que la iniciativa es contraria a la Carta Magna y el Derecho internacional de los derechos humanos.
Según el fallo al que accedió Ámbito Financiero, la norma fija un doble estándar para los trabajadores registrados y los informales, a la hora de iniciar una demanda laboral, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley. Fue firmado ayer por el juez nacional subrogante de Trabajo Alejandro Aníbal Segura, en el marco de un expediente que analizaba un reclamo de Florencia Soledad Alcaraz contra la compañía de seguros Federación Patronal iniciado el 2 de febrero, por un accidente de trabajo que sufrió en 2015.
Según la resolución, el juez declaró “de oficio la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 54/2017, más allá de que por motivos que son de público y notorio conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional haya decidido convocar a Sesiones Extraordinarias a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, en sesión del día 15-2-2017 con el voto de 88 sobre 257 diputados nacionales, haya sancionado con fuerza de ley el proyecto que en Orden del Día Nº 1269 puede ser consultado en el Boletín de la Cámara respectiva”.
Según sostuvo, “el proyecto aprobado, en lo que aquí se analizará, reproduce el texto del art. 1º, DNU 54/2017 cuyas objeciones a la luz de la Constitución Nacional y el Derecho internacional de los derechos humanos, se dejará sin efecto para el presente caso” en base a una serie de consideraciones “fácticojurídicas” que se detallan en la resolución.
El cuestionamiento se focalizó en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, lo cual –dijo la reglamentación- “constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
“No abordaré la declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad del art. 1º, DNU 54/2017 por los carriles del avasallamiento de las autonomías provinciales, sino por su propia naturaleza excluyente e irrazonablemente violadora del principio de igualdad”, advirtió.
Tras citar profusa jurisprudencia, el juez resaltó que “el principio de igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se conceda a otros en iguales circunstancias” y afirmó que hay diferencias para trabajadores registrados e informales.
“Existen, para el art. 1º, DNU 54/2017 sendas hipótesis que van a determinar el carácter obligatorio y excluyente de la instancia administrativa o la eximición del mismo. La primera es la de autos, una persona que trabaja y cuya relación laboral se encuentra debidamente registrada. La segunda hipótesis consta en el segundo párrafo de la norma: los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas…, no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita”, afirmó.
Añadió que “el trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, la Comisión Médica Central y el recurso de apelación aleja en el tiempo al enfermo o accidentado de una pronta reparación del daño sufrido”, tras consideralo “otro insólito despropósito que ratifica la irrazonabilidad del trato desigual” con el trabajador informal.
“Declaro inconstitucional al art. 1º, DNU 54/2017 en cuanto viola el principio de igualdad ante la ley contenido en el art. 16, CN: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”, dado que establece un trato diferencial inaceptable entre dos personas en igual condición –trabajar y accidentarse o enfermarse– de acuerdo con una condición ajena a su voluntad (estar o no registrada su relación laboral)”, añadió.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses.
Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional.
Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%.
Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%.
En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.
En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento.
#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/n7aRYFVFA5
— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.
La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.
En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.
El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.
Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.
Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.
Línea roja
Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.
Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.
El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.
Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
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