Nacionales
Cristina Kirchner contra Google por llamarla “ladrona de la Argentina”
La vicepresidenta realizó una presentación judicial para que se perite al gigante de internet luego de que en el buscador apareciera una leyenda agraviante.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una presentación judicial contra la empresa Google, luego de que el buscador en lugar de describir su cargo institucional publicara en su panel de conocimiento la leyenda “Ladrona de la Argentina”.
En el escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta solicitó una pericia informática “urgente” contra Google. Asimismo, anticipó que si la demanda prospera y se impone un resarcimiento económico, los montos que se perciban serán donados al hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata (lo mismo había hecho con la indemnización por decenas de miles de euros que debió pagarle el diario italiano Corriere Della Sera, también por difamación).
Según explicaron fuentes del entorno de la ex presidenta, “su objetivo más allá de la demanda civil que tiene un efecto resarcitorio, es un objetivo político: sentar un precedente para que de acá en adelante esto no le pase a ningún argentino ni argentina”.
En mayo, varios medios se hicieron eco de que el buscador de Google había colocado una infamante leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo que ocupa hoy Fernández de Kirchner. Dentro del panel de conocimiento del principal buscador de la web, en lugar de describir su rol de Vicepresidenta figuraba la leyenda de “Ladrona de la Nación”.
Si bien la ex presidenta decidió accionar legalmente contra Google, el cuadro de información del motor de búsqueda levanta automáticamente los datos biográficos de Wikidata, que forma parte del universo colaborativo de la enciclopedia digital editada por los usuarios.
El propio buscador reconoce que la cantidad diaria de visitas supera los tres billones. Para la defensa de la Vicepresidenta, el daño propiciado no alcanza solo a las visitas en el sitio web sino que se ve agravado exponencialmente por las interacciones que han tenido los usuarios de la plataforma.
Según el escrito presentado ante el Fuero Federal Civil y Comercial, se solicitó a la Justicia que “arbitre todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador “Google” de una persona destacada”.
En la presentación se solicita además un detalle de forma clara y precisa acerca de cómo se generó la publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa, qué cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones tuvo, que acciones tomó la empresa con relación ésta y totalidad de interacciones entre el 17 de mayo y el 23 de mayo de 2020, período en el que estuvo publicada.
El escrito señala además que la vicepresidenta “estos ataques y mentiras los ha sufrido por parte de opositores malintencionados en otras oportunidades, pero nunca habían sido perpetrados directamente por el buscador de internet, en uso de su propia plataforma, bajo su exclusiva responsabilidad y campo de acción”.
“En suma, Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante con relación a Cristina Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor”, concluye el texto.
En tanto, desde Google Argentina señalaron a este medio que tomaron conocimiento de la presentación judicial “a través de los medios, pero aún no hemos sido debidamente notificados”.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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