Nacionales
Coronavirus: el gobierno olvida a los trabajadores informales
Para afrontar la crisis dada por el coronavirus el gobierno misionero hace unos días dio a conocer una licencia de catorce días para aquellos trabajadores estatales que hayan tenido contacto con alguna persona infectada o estèn dentro del grupo de riesgo, que también rige para trabajadores públicos y privados con relación de dependencia, la medida excluye a los trabajadores en negro y a los monotributistas, como si fueran marginales de la sociedad.
BUENOS AIRES Y MISIONES. Un pequeño gesto que da a conocer la gran brecha entre los trabajadores en negro y en blanco, y el favoritismo del gobierno misionero, poniendo en descuido a una gran parte de la población (trabajadores no registrados) exponiendolos a un contagio masivo por su condición económica.
En un contexto más nacional según un informe de la IDESA (El Instituto para el Desarrollo Social Argentino), Argentina, ante el riesgo de la expansión, propone ir en la misma dirección que China, conocido por cesar el avance del virus adoptando un paro de actividades económicas y sociales y el encerramiento compulsivo de la población en sus domicilios.
Dicha medida deja expuesto al virus al 45% de las familias que por tener un trabajo informal, quedan fuera del paraguas de protección otorgado tanto por el gobierno provincial como nacional.
Lo que supondría un colapso económico para estas familias, las cuales en sí componen una parte de la economía del país, al ser consumistas, conformar casi la mitad de la población y al estar ligados de alguna forma a pequeñas empresas.
IDESA se preguntó cuál puede ser el resultado de paralizar la actividad económica a los fines de recluir a la población: sobre el tema, la empresa consideró que sirve mirar las vías por las que provienen los ingresos laborales de los hogares en la Argentina.
Según los datos de la encuesta de hogares del INDEC se observa que el 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado; el 22% de los hogares tiene como jefe a un asalariado no registrado; el 23% de los hogares tiene como jefe a un cuentapropista.
“Estos datos muestran que sólo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia registrado. En estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida que el empleador continúe pagando los salarios”, alertó el informe. Además, evaluó que, para ello, como ocurre en los países desarrollados, el Estado debería contemplar subsidios, especialmente para las empresas más pequeñas.
“Pero la otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo por su cuenta con lo cual recluirse en su hogar implica cesar de tener ingresos”, señaló IDESA.
En ese sentido, sostuvo que hay un agravante: muchos de esos hogares son pobres, “de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”.
Para la consultora, “en los países desarrollados un confinamiento acotado en tiempo y espacio es posible porque tienen espacio fiscal para subsidiar a las empresas y las familias viven del ingreso formal”.
“Pero en la Argentina, con un sector público quebrado y la mayoría de las familias, sobre todo las más vulnerables, viviendo de la informalidad el remedio será peor que la enfermedad. Por eso, es recomendable agudizar la creatividad para adoptar medidas preventivas alternativas que produzcan menos daño social”, concluyó.
Para prevenir un contagio de más del 45% de la población el Gobierno Nacional como los provinciales tendrán que tomar medidas para ayudar a los trabajadores informales, un tema difícil de estudiar pero sin un tratamiento especial afectará gravemente a la economía y podría causar una gran cantidad de muertes.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses.
Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional.
Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%.
Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%.
En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.
En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento.
#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/n7aRYFVFA5
— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.
La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.
En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.
El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.
Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.
Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.
Línea roja
Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.
Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.
El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.
Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
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