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Coimas de Odebrecht: indagarán al primo de Macri, a De Vido, ex funcionarios y empresarios

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BUENOS AIRES. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, entre los cuales figuran Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y el ex ministro kirchnerista Julio de Vido.

El listado incluye también a otros ex funcionarios argentinos y empresarios, además de los representantes de la constructora brasileña Odebrecht, el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, en una ronda que comenzará en junio y concluirá con Jorge Corcho Rodríguez en octubre.

Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se tomarán en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en las que IECSA, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- intervino como parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias se realizarán desde el 6 de junio con Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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