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El gobierno denunció a Macri por el contrabando de armas a Bolivia

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El gobierno nacional denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.

En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”, se indicó en la denuncia.

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Jueza suspendió hasta después de las elecciones plan de $ 5.000 para jóvenes

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La jueza federal María Servini hizo lugar a un amparo y suspendió el plan Más Cultura Joven, del Ministerio de Cultura de la Nación, por entender que quebranta le ley electoral.

El recurso fue impulsado por Alejandro Carlos Gómez, con el patrocinio del abogado Cristian Cao, señalando que el plan de la cartera de Tristán Bauer, que consistía en la entrega de $ 5.000 a jóvenes para gastarlos en actividades culturales, riñe con la letra del artículo 64 del Código Nacional Electoral.

Los denunciantes argumentaron que el plan del gobierno, que debería comenzar a regir desde el 1 de noviembre, se activa 13 días antes de las elecciones cuando la ley establece un límite de 25 días.

“Era un acto de proselitismo político inadmisible por las mismas normas del Código Electoral, ya que la libertad para emitir el voto debe ser el bien jurídico protegido”, señalaron Gómez y Cao, según informó el diario La Nación.

La jueza Servini dispuso aceptar la medida cautelar y restringir la liberación de los fondos del plan cultural hasta después de las elecciones del 14 de noviembre próximo.

Beneficiarios

El plan beneficia a todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bajo cualquiera de sus modalidades admitidas.

Asimismo, se incluye a titulares de la Asignación Universal por Embarazo, y a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.

Los beneficiarios de Más Cultura Joven podrán utilizar la suma de 5.000 en un amplio espectro de espectáculos, eventos y centros culturales.

A modo de ejemplo, se mencionan “salas de cine, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, accesos y/o tickets en línea para museos, espacios, centros y/o circuitos o corredores culturales”.

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Congelan 1.500 productos de la canasta básica hasta enero de 2022

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Sin poder lograr un acuerdo con el sector privado, la Secretaría de Comercio Interior oficializó hoy el congelamiento de precios de casi 1.500 productos de la canasta básica, que regirá en todo el país durante tres meses.

La medida podrá prorrogarse “en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivan”, aclaró el organismo.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 1050/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la cual establece, hasta el 7 de enero de 2022, “la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos” que forman parte del listado.

Comercio Interior requirió a las empresas de consumo masivo que incrementen su producción “hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitren las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.

Por su parte, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores publicará en su página web de forma destacada los precios máximos de venta al consumidor final para cada uno de los productos alcanzados.

El gobierno advirtió que el incumplimiento de lo establecido será sancionado conforme lo previsto en la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, conocida como Ley de Abastecimiento.

En este marco, justificó la fijación de precios de manera unilateral al señalar que “se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”.

“Este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población, extremo que exige la toma de decisiones urgentes que establezcan marcos de racionalidad y estabilidad”, añadió. Según Comercio Interior, esos aumentos oscilan entre el 7% y el 82%.

El organismo también indicó que, en los últimos años, “diversos programas (como Precios Cuidados) se han implementado a fin de concretar políticas para el afianzamiento de la competencia y aumento de la oferta de bienes y servicios, como herramienta fundamental para garantizar la estabilidad de precios de referencia de productos de consumo masivo”.

Pero aclaró que “pese a los esfuerzos por parte de la Administración, corresponde sin más dilaciones y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, disponer temporalmente, hasta el 7 de enero de 2022, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos”.

Por último, explicó que “a fin de alcanzar la estabilización de los precios de los productos que conforman la canasta de consumo de los hogares, la Secretaría de Comercio Interior, partiendo del análisis de la información proporcionada al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (Sepa) por almacenes, mercados, autoservicios, supermercados, hipermercados y supermercados mayoristas -como así también de aquella contenida en los índices de precios relevados por el Indec)- determinó los productos alcanzados por la presente medida y sus respectivos precios”.

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Para no ser pobre, una familia argentina necesitó $70.532 en septiembre

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El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), informó este martes que l costo de la canasta básica aumentó un 3,2% en septiembre y que una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre un ingreso de $70.532 para no ser considerada pobre.

Además, una familia requirió un ingreso mínimo de $30.014 para no ser considerado indigente, registrando una suba del 2,7% contra el mes anterior, señaló el instituto.

La suba mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se ubicó por debajo de la inflación del mes del 3,5%. En la comparación interanual la CBT registra un aumento del 49,4% y desde diciembre pasado el alza llega al 28,7%, ambas mediciones por debajo de la variación del alza de precios minorista en el mismo período.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia creció un 54,5% en el último año, por encima de la inflación del 52,5% y aumentó en los primeros nueve meses un 32,4%, por debajo del costo de vida del 37%.

La inflación se aceleró en septiembre, alcanzó 3,5% y suma 37% en el año. Tras cinco meses en baja, la inflación se aceleró y cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%, informó hoy el Indec.

De este modo, la medición anualizada, es decir, en la comparación con septiembre de 2020, trepó al 52,5%, en medio de la preocupación oficial.Entre enero y septiembre de 2021, el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%.

Con el resultado de septiembre, el indicador interrumpió una racha declinante iniciada en abril, cuando la inflación había sido del 4,1% contra el 4,8% de marzo.

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