Nacionales
Catholics for Choice, Amnistía Internacional y parlamentarios irlandeses piden por el aborto legal en Argentina
BUENOS AIRES. En el marco del debate por la legalización y despenalización del aborto, Amnistía Internacional le pidió a la senadora y presidenta de la Banca de La Mujer en la Cámara alta, Inés Imelda Blas, que no vote en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Catholics for Choice, una organización católica internacional le pide al Senado que apruebe la legalización del aborto y hasta parlamentarios irlandeses le escribieron una carta a los senadores argentinos para que voten a favor.
A través de una carta Amnistía Internacional llamó a la legisladora de la Nación a reflexionar acerca de la oportunidad que tiene nuestro país de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Más aún teniendo en cuenta su rol de presidenta de la Banca de la Mujer, espacio que tiene como mandato dictaminar sobre cuestiones penales, de igualdad, de salud y de violencia que afecten específicamente a las mujeres. Desde Amnistía Internacional también instan a todos los senadores a no dar la espalda a las mujeres y a acompañar con su voto el aborto legal.
“Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que Argentina hace años está incumpliendo. Los tratados internacionales firmados por nuestro país así lo imponen. Reconocer y defender los derechos de las mujeres es también un paso inexorable para entrar de una vez por todas en la modernidad y estar a la par de los países desarrollados a los que Argentina se quiere parecer” indicó Mariela Belski – Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En esa misma línea, una organización católica internacional presentó un pedido a la Cámara Alta para que apruebe el “aborto de buena fe”. Se trata de Catholics for Choice (Católicos por el derecho a decidir, en español), con sede en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, una entidad que apoya las políticas y estructuras de gobierno que aboguen por la separación entre la Iglesia y el Estado.
Catholics for choice reclama una “postura liberal” sobre el tema, desde la idea que los preceptos católicos incluyen el valor de la conciencia individual y el derecho a disentir. “El respeto a la vida debe incluir el respeto a la vida de las mujeres”, consideró el presidente de la organización, el irlandés Jon O’Brien.
Para Catholics for Choice la teoría de que el feto es persona se basa en conceptos científicos del siglo XVII y que “han sido superados por la evidencia actual”. Y explica que la jerarquía de la Iglesia ya rechazó esa idea en la Declaración Sobre el Aborto Provocado, de 1974, donde el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte en persona: “No hay una tradición unánime respecto a este tema y los autores aún se encuentran en desacuerdo”, cita.
Por otro lado, 60 parlamentarios de Irlanda le enviaron una carta a sus pares argentinos para que “pongan fin a las injusticias contra las mujeres y las niñas”. Irlanda aprobó en mayo la legalización del aborto con un referéndum que fue votado por el 66 por ciento de la población. En la misiva los parlamentarios afirman: “Les escribimos para instarlos a que respalden el proyecto de ley presentado ante el Senado argentino que propone despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo y garantizar así el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro”.
Además, expresan su “preocupación” porque “la criminalización del aborto en la Argentina obliga a cientos de miles de mujeres cada año a someterse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo sus vidas y su salud”. “Al continuar criminalizando el aborto, su Estado está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Incluso en las circunstancias limitadas en las que el aborto es legal, cuando el embarazo es el resultado de una violación o si la vida o la salud de la mujer corre peligro, las mujeres y las niñas continúan enfrentando múltiples obstáculos para acceder al aborto legal”, expresaron en el texto.
Nacionales
Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país
Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.
En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
Los casos que rondaron Misiones
Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.
Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo.
Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.
Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.
Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.
Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones
Nacionales
El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis
El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.
De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.
Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.
El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.
La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.
La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.
Nacionales
La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.
El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.
Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.
En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.
El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.
El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.
En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
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