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Argentina avanza en la creación de una vacuna contra el coronavirus

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Un equipo del Conicet desarrollará el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica. Se suma a las más de 100 investigaciones en curso actualmente.

 

BUENOS AIRES. Un equipo de científicos liderado por la doctora Juliana Cassataro, investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-Intech) de la Universidad de San Martín (Insam) y especialista en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas, ganó un subsidio de 100.000 dólares otorgado por la Unidad Coronavirus, Agencia de Investigación que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para desarrollar una vacuna contra el coronavirus.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en Latinoamérica.

Ya es un lugar común decir que “se sabe poco del coronavirus” y que hace apenas cinco meses fue identificado por primera vez como el responsable de infecciones y muertes. Sin embargo, los expertos se siguen sorprendiendo ante el hecho de que -aunque todavía no pasaron 180 días desde que se conoce su genoma- ya hay en investigación 115 vacunas diferentes.

Entre estas figura la idea que están desarrollando científicos del Conicet. Bajo la coordinación de la doctora Juliana Cassataro, los 100.000 dólares serán usados para desarrollar una idea original en el rubro de la prevención contra el coronavirus.

“La nuestra sería la primera iniciativa para desarrollar una vacuna de este tipo en toda América Latina. Y avanzamos con un concepto nuevo, por ahora completando la fase de estudios preclínicos”, dijo Cassataro al diario Perfil.

Su equipo está tratando de combinar varias proteínas y antígenos del coronavirus con otros compuestos que ya lograron poner a punto en su laboratorio y que, incluso, están patentados internacionalmente.

“Ya probamos con éxito en formulaciones orales contra otros patógenos en ratones y en aves de corral. Por lo que sabemos hasta ahora nuestros productos logran una combinación que puede desatar un tipo de inmunidad efectiva para el coronavirus, ya que provoca en el sistema inmune la creación de anticuerpos IgA, que, además, se generan en el mejor lugar del cuerpo: las mucosas respiratorias. Estas moléculas también lograron generar linfocitos T-helper 1 y T CD8”.

La investigadora agregó otro detalle clave: “Para nuestra formulación pensamos utilizar antígenos de las cepas y de linajes virales específicos del Sars-cov-2 que circulan en Argentina y que fueron secuenciados en el Malbrán”.

Finalmente, si la vacuna resultante, además de ser efectiva, pudiera suministrarse en forma oral, sería un bonus track, porque eso facilitaría la distribución y el proceso de vacunación”.

Según esta experta en inmunología desde los laboratorios globales se plantearon cuatro estrategias biotecnológicas diferentes para desarrollar esta vacuna: trabajando con virus inactivados (como la vacunas para Hepatitis A y para la rabia); basadas en adenovirus; partiendo de ADN, diseñadas en base a ARN viral.

A estas cuatro plataformas que están en fase I/II, la semana pasada se agregó una quinta, con candidatas hechas en base a proteínas recombinantes o de subunidad, como las actuales contra el HPV o la hepatitis B.

Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas, incluyendo la seguridad para la persona que la va a recibir, la novedad tecnológica o dificultades para producirlas en la cantidad necesaria y garantizar su accesibilidad.

“Ese no es un tema menor porque los expertos de la OMS hablan de que necesitaríamos fabricar al menos 1.000 millones de dosis en el menor tiempo posible”, dijo la experta de la Unsam, y agregó: “Por eso es muy bueno que haya varias opciones en desarrollo, porque además de no poder saber cuál funcionará y cuál no, también es posible tener más opciones para fabricar las exitosas. Eso explica, también, que la OMS tenga registrados no menos de 115 proyectos diferentes”, enumeró la experta.

Finalmente, Cassataro advierte sobre la ansiedad para tener resultados concretos. “Es increíble todo lo que avanzamos en muy poco tiempo. Pero no podemos afirmar categóricamente que en doce o 18 meses tendremos una vacuna. Me encantaría, pero la ciencia avanza de otra manera. Vacunas vamos a tener. Pero no antes de probarlas en miles de personas, de estar seguros que no causan más daños que los que previenen y que son efectivas para protegernos”. Y concluyó: “¿Cuándo llegará? Todavía no podemos saberlo con certeza”.

Acceso global

Una de las grandes barreras que deberán superar las futuras vacunas no es inmunológica, sino industrial y económica: que lleguen a todas las personas que la necesitan, en forma accesible y en el menor tiempo posible.

No es un tema menor, y la misma OMS se preocupó por el tema. “Tenemos  que impulsar la vacuna y que todo el mundo tenga acceso”, dijo el director general de la OMS, Tedros Gebreyesus. Y agregó: “El mundo la necesita y rápido. Experiencias pasadas nos han enseñado que incluso cuando existen, no han estado disponibles igualmente para todos. No podemos permitir que eso ocurra”, sostuvo.

Los problemas son varios. Desde quién tendrá la patente de estas moléculas, al costo a la que se comercializará y qué grupos de personas o naciones tendrán prioridad para ser vacunadas con las primeras partidas producidas.

La carrera mundial

Entre las más de 100 vacunas candidatas -hasta ahora todas las iniciativas se asientan en laboratorios de China, EE.UU. o Europa– al menos diez ya llegaron a ensayos en humanos, algo totalmente inédito en la industria farmacéutica, donde esos tiempos se suelen medir en lustros y hasta décadas.

También es inédito la cantidad de dinero que se está invirtiendo. Por ejemplo, el gobierno británico destinó 93 millones de libras a la construcción del primer centro dedicado a la fabricación e innovación de vacunas del Reino Unido.

“Tener una vacuna efectiva es la única manera de lograr que la población tenga defensas adecuadas para esta enfermedad sin pagar costos altísimos en vidas”, comentó Cassataro.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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ayuda escolar

El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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