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Amplían denuncia contra Macri y Dietrich por beneficios a empresas aéreas

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El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tahilade, presentó ante el juez Sergio Torres una ampliación de la denuncia que había realizado a fines del año pasado contra Mauricio Macri, su padre, y distintos funcionarios del gobierno nacional, en el marco de la escandalosa entrega de rutas áreas a las empresas “low cost”, Avian y Fly Biondi, vinculadas al primer mandataria y el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana. Algunas de estas ganaron rutas para llegar hasta Misiones.

En este marco, Tahilade solicitó ser considerado como “Amicus Curiae” del tribunal.

En la primera denuncia presentada por Tailhade y Juan Cabandié el 30 de diciembre del año pasado; el jefe de Estado Mauricio Macri, su padre y funcionarios del gobierno nacional como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales. Pidiéndose, en aquel momento, la investigación por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

En el escrito de ampliación de la denuncia presentado ante la Justicia, se sumaron a dicha investigación dos nuevos hechos donde las empresas aéreas vinculadas a la familia Macri se ven claramente beneficiadas.

Por un lado, la concesión realizada por el Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) de las rutas áreas de cabotaje e internacionales a empresas “low cost”, donde según el documento de la JATA se dieron marcadas “arbitrariedades” y “beneficios” a las empresas Avian y Fly bondi – vinculadas al presidente Macri y al coordinador del gabinete económico Mario Quintana – en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

Además, la quita de los mecanismos de autorización de servicios no regulares y otros controles en beneficio casi exclusivo a la empresa AVIAN LINEAS AEREAS SA, continuadora de la empresa MACAIR JET SA, y sus empresas vinculadas, todo ello de propiedad del Presidente de la Nación y su familia, realizado mediante la Resolución ANAC 79/2017 dictada por el Administrador de la ANAC, el Ingeniero Juan Pedro Irigoin.

De este modo, la ampliación de la denuncia por beneficios a las empresas aéreas vinculadas al Presidente de la Nación y su familia, suma a la investigación lo actuado en beneficio de estas empresas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC, Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez por infracción a los artículos 248 y 256 del Código Penal, y 218 del Código Aeronáutico.

En este marco, la justicia federal recibió esta semana una denuncia contra el presidente, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por un supuesto fraude al Estado.

El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.

La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. “Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas”.

“La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante “colombiano” (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder”, dice la denuncia.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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