Nacionales
Amplían denuncia contra Macri y Dietrich por beneficios a empresas aéreas
El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tahilade, presentó ante el juez Sergio Torres una ampliación de la denuncia que había realizado a fines del año pasado contra Mauricio Macri, su padre, y distintos funcionarios del gobierno nacional, en el marco de la escandalosa entrega de rutas áreas a las empresas “low cost”, Avian y Fly Biondi, vinculadas al primer mandataria y el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana. Algunas de estas ganaron rutas para llegar hasta Misiones.
En este marco, Tahilade solicitó ser considerado como “Amicus Curiae” del tribunal.
En la primera denuncia presentada por Tailhade y Juan Cabandié el 30 de diciembre del año pasado; el jefe de Estado Mauricio Macri, su padre y funcionarios del gobierno nacional como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales. Pidiéndose, en aquel momento, la investigación por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
En el escrito de ampliación de la denuncia presentado ante la Justicia, se sumaron a dicha investigación dos nuevos hechos donde las empresas aéreas vinculadas a la familia Macri se ven claramente beneficiadas.
Por un lado, la concesión realizada por el Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) de las rutas áreas de cabotaje e internacionales a empresas “low cost”, donde según el documento de la JATA se dieron marcadas “arbitrariedades” y “beneficios” a las empresas Avian y Fly bondi – vinculadas al presidente Macri y al coordinador del gabinete económico Mario Quintana – en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Además, la quita de los mecanismos de autorización de servicios no regulares y otros controles en beneficio casi exclusivo a la empresa AVIAN LINEAS AEREAS SA, continuadora de la empresa MACAIR JET SA, y sus empresas vinculadas, todo ello de propiedad del Presidente de la Nación y su familia, realizado mediante la Resolución ANAC 79/2017 dictada por el Administrador de la ANAC, el Ingeniero Juan Pedro Irigoin.
De este modo, la ampliación de la denuncia por beneficios a las empresas aéreas vinculadas al Presidente de la Nación y su familia, suma a la investigación lo actuado en beneficio de estas empresas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC, Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez por infracción a los artículos 248 y 256 del Código Penal, y 218 del Código Aeronáutico.
En este marco, la justicia federal recibió esta semana una denuncia contra el presidente, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por un supuesto fraude al Estado.
El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.
La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. “Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas”.
“La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante “colombiano” (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder”, dice la denuncia.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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