La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.

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Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.

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La Justicia brasileña fijó para el próximo 19 de octubre, más de 17 años después del hecho, el juicio oral contra tres ciudadanos correntinos acusados del crimen de Ariel Malvino (23), un estudiante de abogacía coterráneo que también vacacionaba en las playas de Ferrugem.

El hecho se registró el 19 de enero de 2006, Eduardo Braun Billinghurst, Horacio Pozo y Carlos Andrés Gallino Yanzi, todos correntinos, quienes al momento del suceso tenían entre 22 y 27 años, y nunca fueron detenidos.

El debate oral, según especificaron desde la web del Poder Judicial del estado brasileño de Santa Catarina, comenzará el próximo 19 de octubre y se desarrollará en el Ayuntamiento de Garopaba.

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Para el proceso fueron citados un total de 20 testigos, cinco de parte del Ministerio Público Fiscal, encargado de la acusación, y 15 a pedido de la defensa técnica de los tres acusados.

Respecto a los imputados, se informó que dos (Yanzi y Pozo) están acusados por el delito de “lesiones corporales seguidas de muerte” y el restante (Braun Billinghurst) por “homicidio agravado”.

Sobre ellos, la Justicia brasileña también indicó que “el juzgado local contó con la “colaboración de la Coordinación General de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal, entidad de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del gobierno federal, para solicitar a las autoridades bonaerenses la citación de los imputados a comparecer ante el jurado, a paso que ya se ha completado”.

Ariel Malvino era estudiante de abogacía y tenía 23 años al momento del hecho.

Según la reconstrucción trazada, el asesinato del estudiante de abogacía Ariel Malvino ocurrió el 19 de enero de 2006, cerca de las 5 de la mañana, durante una gresca registrada sobre la calle general de la playa de Ferrugem.

El Ministerio Público de Santa Catarina estableció que en ese momento Gallino Yanzi, Pozo y Braun Billinghurst participaban en una “riña” y peleaban contra diez personas “en agresiones físicas recíprocas”.

En esas circunstancias, Malvino observaba el hecho de forma pasiva desde la entrada de su posada hasta que lanzó a los gritos un “un comentario despectivo sobre la actitud de los denunciados destacando la estupidez de las personas involucradas en la pelea”.

Consecuencia de ello, los tres correntinos acusados abandonaron la pelea, se dirigieron hacia Malvino y, tras una breve discusión, comenzaron a golpearlo a puñetazos.

La reconstrucción añade que uno de esas agresiones provocó que la víctima se desvaneciera y al caer golpeara su cabeza contra el suelo, impacto que, según la autopsia, derivó en su muerte.

Sin embargo, también se estableció que mientras Malvino se encontraba inconsciente en el suelo las agresiones continuaron y en esas circunstancias uno de los imputados arrojó una piedra de 17 kilogramos sobre el pecho de la víctima.

Tras el hecho, los tres acusados regresaron al hospedaje en el que se encontraban, tomaron sus cosas y regresaron hacia Corrientes capital.

Investigadores brasileños llegaron hacia ellos mediante el aporte de varios testigos, entre ellos del personal del establecimiento hotelero donde se hospedaban, quienes entregaron documentos relacionados a las reservas del lugar. Los implicados siempre negaron las acusaciones.

Respecto a la demora de la llegada del juicio, desde Brasil explicaron que “el hecho de que los implicados y la mayoría de los testigos fueran extranjeros provocó demoras procesales, siendo necesario emitir numerosas cartas rogatorias -un instrumento legal de comunicación entre tribunales de diferentes países, con la objetivo de obtener colaboración para la práctica de actos procesales- y plazos ampliados para su cumplimiento”.

Durante todo este tiempo la familia de Malvino reclamó constantemente la llegada de este momento. A mediados de enero de 2021, mientras en el país era noticia nacional el crimen de Báez Sosa, cometido en similares circunstancias, los padres del joven correntino rogaron justicia por última vez: “Esperemos que 2021 nos recompense con este bendito juicio”.

Ese día, finalmente llegó y será el próximo 19 de octubre.

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La localidad brasileña de Dionisio Cerqueira, ubicada en plena frontera seca con Bernardo de Irigoyen, continúa con las refacciones de su pista de aterrizaje y las autoridades se ilusionan con reabrir el aeropuerto para marzo de 2024, en primera instancia para vuelos particulares y de carga.

En la jornada de ayer, las obras fueron visitadas por Beto Martins, titular de la secretaría de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles del estado de Santa Catarina, quien destacó el avance de los trabajos y prometió conseguir las habilitaciones correspondientes “lo más rápido posible”.

“Estamos verificando que falta muy poco para terminar una parte importante de la obra. Ya tenemos el recapado del asfalto, ahora estamos en el proceso de pintura”, aseguró Martins en diálogo con Radio Fronteira.

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Y añadió que “puedo asegurar que, siguiendo la orientación del gobernador, nos vamos a dedicar para que esto suceda lo más rápido posible. Tengo la expectativa de que en marzo de 2024 esto pueda ocurrir”.

Junto a Martins también estuvo Thyago Gnoatto, prefeito (intendente) de Dionisio Cerqueira, quien se expresó en la misma línea.

“Después de mucho trabajo, etapa por etapa, estamos cumpliendo todas las exigencias. Ahora estamos en la recta final y dentro del menor espacio de tiempo tendremos al aeropuerto de nuevo funcionando, el cual tiene un gran potencial y que infelizmente está inhabilitado desde 2003”, sostuvo.

Dada las características de la pista y de la infraestructura en general, se prevé que el aeropuerto primero funcione para vuelos particulares y de carga, aspectos que también fueron abordados por ambas autoridades políticas.

En ese punto, Gnoatto aprovechó la oportunidad y señaló que “hay que desmitificar eso de que este aeropuerto solo beneficiará a quienes tengan un avión. El aeropuerto es un gran factor de atracción para inversiones, donde hay aeropuerto es progreso. Esto atraerá inversiones, rentas, nuevos empleos y oportunidades. Esto modificará para siempre nuestra historia”.

Por su parte, Martins opinó en la misma sintonía y sostuvo que “esto significa un gran equipamiento que atraerá a otros empresarios a venir hasta acá y también servirá de seguridad, ya que aviones de seguridad del Estado podrán parar acá, también equipamientos de Salud y de Bomberos”.

Las obras de refacción comenzaron durante el primer semestre de 2022 pero luego fueron suspendidas por un reajuste de contratos y finalmente reiniciadas en junio de este año.

Según las cifras oficiales, el gobierno brasileño lleva más de 4 millones de reales invertidos en el proyecto.

“Con la orden de reinicio y las obras finalizadas, podremos sumarnos a la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) en el proceso de apertura al tráfico aéreo del aeropuerto para operaciones visuales diurnas con una pista completamente rediseñada de 1.496 metros de largo y 18 metros. de ancho ”, detalló Martins en aquel entonces.

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