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Pareja de gendarmes presos por tráfico de marihuana en Itatí

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Agustina Faraone Sigel y Joselino Borjas no solo vestían el mismo uniforme de la Gendarmería en Corrientes , sino que convivían.

ITATÍ. CORRIENTES. Se habían conocido vestidos de verde. Él, subalférez y de un escalafón menor; ella, numeraria. Ambos fueron detenidos tiempo atrás y terminaron procesados como presuntos cómplices de la banda narco que, desde Itatí, dominaba el ingreso y la distribución de marihuana en siete provincias de la Argentina.

Agustina, que hoy está con prisión domiciliaria porque tiene un bebé, es hija del exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, detenido a mediados de octubre pasado. Su madre, Ariana Sigel, es la actual vicepresidenta del Concejo Deliberante de aquella localidad de 15.000 habitantes situada en el noroeste correntino.

La gendarme quedó comprometida en la causa que instruye el juez federal porteño Sergio Torres por su nexo con la banda liderada por Sebastián “Morenita” Marín, que fue detenido el 12 de octubre pasado por la llamada ” megacausa Itatí”, en la que también están imputados el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y dos de sus secretarios.

Desde fines de 2014 el fiscal federal Carlos Schaefer y el titular de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias, reunieron decenas de expedientes relativos a esta banda que actuaba con complicidades políticas, judiciales y de las propias fuerzas de seguridad, en este caso, la Gendarmería.

Agustina Faraone Sigel aparece mencionada en varias escuchas que estaban dentro de un lote de 4000 CD que -según fuentes de la investigación- nunca se investigaron en profundidad hasta que fueron remitidos desde el juzgado federal de Corrientes a Comodoro Py.

Faraone Sigel fue detenida en el Escuadrón de Seguridad Vial de la Gendarmería en el Barrio Uno, de Ezeiza. Fue acusada de haber jugado un rol clave para ocultar a Morenita tras un enfrentamiento que sus propios colegas de la fuerza habían mantenido con Marín en la capital correntina, en octubre de 2016. Faraone Sigel fue quien -según señalaron fuentes de la investigación- ayudó a escapar al narco y a esconderlo en Empedrado, por directivas de su propio padre.

El 8 de octubre de 2016 un grupo de 20 gendarmes fue a un departamento del sur de la capital correntina en el que creían que se ocultaba Marín, que tenía pedido de captura nacional e internacional a través de Interpol. Cuando llegaron a ese lugar, los efectivos cercaron la zona a la espera de la orden de allanamiento del juzgado federal, según publicó oportunamente el diario El Litoral, de Corrientes.

Inesperadamente, Morenita -que estaba prófugo- salió de la propiedad, subió a un Volkswagen Gol y trató de huir hacia el sur. Los gendarmes lo siguieron y se enfrentaron con él a tiros. A pesar de estar herido de un disparo, y tras chocar a los efectivos, Marín consiguió escapar a pie. Según las escuchas telefónicas de la causa, el auto en el que se movía había sido adquirido por Juan Manuel Faraone a un empresario de la comunidad gitana.

Faraone es quien le recomendó a Marín que se escondiera en Empedrado, ciudad de la que fue intendente entre 1991 y 1997, donde quien ayudó al narco prófugo fue la gendarme hija del dirigente del Partido Nuevo.

Conexión política
Agustina estaba en ese momento en pareja con Joselino Borjas, subalférez de la Gendarmería, un joven que prestaba servicios en Itatí, donde Morenita tenía su base de operaciones para distribuir la marihuana que provenía de Paraguay, del otro lado de la costa del río Paraná.

Borjas tenía una relación muy cercana con Fabio Aquino, viceintendente de Itatí que fue detenido en marzo de 2017 con el jefe comunal Natividad “Roger” Terán, en el inicio del escándalo de la narcopolítica.

El 13 de febrero de 2017, a las 19.37, Aquino se comunicó con el gendarme para avisarle que lo iba a llamar un hombre del riñón de Morenita Marín que era el encargado de transportar marihuana. El viceintendente contactó al camionero Walter Villalba con el subalférez para que coordinaran el traslado.

Aquino registra otro diálogo con Borjas en el que hablan de la entrega de “70.000 pesos y el resto en un cheque” y en el que se agregó: “Si necesita, podrían hacer una factura de superior monto al real”.

Borjas custodiaba a uno de los jueces federales que investigaba a esta banda. Yaca, como le dicen en la fuerza, vendía cierta influencia en los tribunales. Luego, el gendarme fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, destinado al Destacamento Móvil 6 de la Gendarmería, en el Centro Recreativo Nacional, un predio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Ezeiza.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional, Faraone Sigel y Borjas no fueron detenidos en su momento porque fueron usados como “carnada”.

Faraone y Borjas no son los únicos gendarmes detenidos en esta causa que sigue adelante el juez Torres, con los fiscales federales Schaefer, Flavio Ferrini y Carlos Stornelli, y con Iglesias, de la Procunar.

En marzo de 2017, el instructor de la Gendarmería Gabriel Fernando Alcaraz, de 37 años, fue apresado en la Escuela de Suboficiales de Jesús María, Córdoba, donde se desempeñaba como instructor en segundo año. Fue acusado de pasar información sobre los controles que se realizaban en la ruta 12 para evitar que los narcos fueran atrapados.

La Nación

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Empieza el juicio del caso Loan en Corrientes: 17 imputados y 161 testigos

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Loan Peña Juicio

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público que buscará determinar qué ocurrió con el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.

El proceso judicial, considerado uno de los más trascendentes de los últimos años en Argentina, tiene en el banquillo a 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos a lo largo de audiencias que podrían extenderse hasta diciembre.

La primera jornada se inició en instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tres días después de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo un misterio.

Los números del juicio

El debate estará atravesado por cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la investigación.

En total son 17 los acusados. Siete de ellos llegan al juicio señalados como presuntos responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los diez restantes están imputados por supuestas maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación posterior.

Entre los principales acusados figuran la tía del menor, Laudelina Peña; su pareja, Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes participaron de la excursión al naranjal donde Loan fue visto por última vez; el ex comisario Walter Maciel; y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, considerados por la acusación como piezas centrales en la presunta sustracción del niño.

La causa también incluye a diez integrantes y allegados vinculados a una fundación que, según la investigación federal, habrían desplegado distintas acciones para generar pistas falsas, influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la pesquisa.

La hipótesis 

El eje de la acusación es contundente: Loan no se perdió.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño habría sido sustraído de manera planificada y retirado del lugar en un vehículo, en un operativo que habría contado con la participación coordinada de varios de los imputados.

La teoría fiscal sostiene que la desaparición no fue producto de un accidente ni de un extravío en la zona rural donde se desarrolló el almuerzo familiar, sino el resultado de una maniobra previamente organizada. Incluso, resoluciones judiciales anteriores señalaron que el supuesto acuerdo habría consistido en sustraer a un menor, siendo Loan la víctima elegida ese día.

La desaparición de Loan se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la última década. La investigación atravesó múltiples hipótesis, desde la búsqueda en montes y esteros hasta sospechas de trata de personas, pasando por denuncias de encubrimiento, pruebas presuntamente plantadas y versiones contradictorias aportadas por algunos de los acusados.

Ahora, con el inicio del juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrenta el desafío de reconstruir qué ocurrió aquella tarde de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados en una causa que mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.

Un mes sin Loan: de la desaparición, a la trata y a un oscuro misterio

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Axel Kicillof llega a Corrientes el miércoles para presentar su libro

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.

El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.

La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.

Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.

 

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Frontera

Dos familias argentinas fueron rescatadas de trabajo esclavo en Brasil

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trabajo esclavo brasil

Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.

El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.

El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.

Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.

Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.

Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.

En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.

El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.

La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.

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