La Región
Pareja de gendarmes presos por tráfico de marihuana en Itatí
Agustina Faraone Sigel y Joselino Borjas no solo vestían el mismo uniforme de la Gendarmería en Corrientes , sino que convivían.
ITATÍ. CORRIENTES. Se habían conocido vestidos de verde. Él, subalférez y de un escalafón menor; ella, numeraria. Ambos fueron detenidos tiempo atrás y terminaron procesados como presuntos cómplices de la banda narco que, desde Itatí, dominaba el ingreso y la distribución de marihuana en siete provincias de la Argentina.
Agustina, que hoy está con prisión domiciliaria porque tiene un bebé, es hija del exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, detenido a mediados de octubre pasado. Su madre, Ariana Sigel, es la actual vicepresidenta del Concejo Deliberante de aquella localidad de 15.000 habitantes situada en el noroeste correntino.
La gendarme quedó comprometida en la causa que instruye el juez federal porteño Sergio Torres por su nexo con la banda liderada por Sebastián “Morenita” Marín, que fue detenido el 12 de octubre pasado por la llamada ” megacausa Itatí”, en la que también están imputados el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y dos de sus secretarios.
Desde fines de 2014 el fiscal federal Carlos Schaefer y el titular de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias, reunieron decenas de expedientes relativos a esta banda que actuaba con complicidades políticas, judiciales y de las propias fuerzas de seguridad, en este caso, la Gendarmería.
Agustina Faraone Sigel aparece mencionada en varias escuchas que estaban dentro de un lote de 4000 CD que -según fuentes de la investigación- nunca se investigaron en profundidad hasta que fueron remitidos desde el juzgado federal de Corrientes a Comodoro Py.
Faraone Sigel fue detenida en el Escuadrón de Seguridad Vial de la Gendarmería en el Barrio Uno, de Ezeiza. Fue acusada de haber jugado un rol clave para ocultar a Morenita tras un enfrentamiento que sus propios colegas de la fuerza habían mantenido con Marín en la capital correntina, en octubre de 2016. Faraone Sigel fue quien -según señalaron fuentes de la investigación- ayudó a escapar al narco y a esconderlo en Empedrado, por directivas de su propio padre.
El 8 de octubre de 2016 un grupo de 20 gendarmes fue a un departamento del sur de la capital correntina en el que creían que se ocultaba Marín, que tenía pedido de captura nacional e internacional a través de Interpol. Cuando llegaron a ese lugar, los efectivos cercaron la zona a la espera de la orden de allanamiento del juzgado federal, según publicó oportunamente el diario El Litoral, de Corrientes.
Inesperadamente, Morenita -que estaba prófugo- salió de la propiedad, subió a un Volkswagen Gol y trató de huir hacia el sur. Los gendarmes lo siguieron y se enfrentaron con él a tiros. A pesar de estar herido de un disparo, y tras chocar a los efectivos, Marín consiguió escapar a pie. Según las escuchas telefónicas de la causa, el auto en el que se movía había sido adquirido por Juan Manuel Faraone a un empresario de la comunidad gitana.
Faraone es quien le recomendó a Marín que se escondiera en Empedrado, ciudad de la que fue intendente entre 1991 y 1997, donde quien ayudó al narco prófugo fue la gendarme hija del dirigente del Partido Nuevo.
Conexión política
Agustina estaba en ese momento en pareja con Joselino Borjas, subalférez de la Gendarmería, un joven que prestaba servicios en Itatí, donde Morenita tenía su base de operaciones para distribuir la marihuana que provenía de Paraguay, del otro lado de la costa del río Paraná.
Borjas tenía una relación muy cercana con Fabio Aquino, viceintendente de Itatí que fue detenido en marzo de 2017 con el jefe comunal Natividad “Roger” Terán, en el inicio del escándalo de la narcopolítica.
El 13 de febrero de 2017, a las 19.37, Aquino se comunicó con el gendarme para avisarle que lo iba a llamar un hombre del riñón de Morenita Marín que era el encargado de transportar marihuana. El viceintendente contactó al camionero Walter Villalba con el subalférez para que coordinaran el traslado.
Aquino registra otro diálogo con Borjas en el que hablan de la entrega de “70.000 pesos y el resto en un cheque” y en el que se agregó: “Si necesita, podrían hacer una factura de superior monto al real”.
Borjas custodiaba a uno de los jueces federales que investigaba a esta banda. Yaca, como le dicen en la fuerza, vendía cierta influencia en los tribunales. Luego, el gendarme fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, destinado al Destacamento Móvil 6 de la Gendarmería, en el Centro Recreativo Nacional, un predio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Ezeiza.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional, Faraone Sigel y Borjas no fueron detenidos en su momento porque fueron usados como “carnada”.
Faraone y Borjas no son los únicos gendarmes detenidos en esta causa que sigue adelante el juez Torres, con los fiscales federales Schaefer, Flavio Ferrini y Carlos Stornelli, y con Iglesias, de la Procunar.
En marzo de 2017, el instructor de la Gendarmería Gabriel Fernando Alcaraz, de 37 años, fue apresado en la Escuela de Suboficiales de Jesús María, Córdoba, donde se desempeñaba como instructor en segundo año. Fue acusado de pasar información sobre los controles que se realizaban en la ruta 12 para evitar que los narcos fueran atrapados.
La Nación
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.
Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.
Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.
En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.
El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.
Implacable
Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.
El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.
Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.
Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.
Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.
Celestina
Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.
Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.
Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.
Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.
Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.
Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.
En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.
Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.
En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.
El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.
Fantasías
Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.
El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.
El paso internacional que conecta Ituzaingó (Corrientes-Argentina) con Ayolas (Misiones-Paraguay) permanecerá abierto durante las fiestas de fin de año, según informaron desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Los puestos migratorios instalados en las cabeceras de la represa sobre el río Paraná funcionarán los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 de 9 a 19 horas.
De acuerdo al comunicado, “la medida busca facilitar el tránsito de ciudadanos y visitantes en estas jornadas especiales, promoviendo la integración y el intercambio entre ambas comunidades fronterizas”.
El cruce sobre la represa Yacyretá es un punto estratégico para la movilidad regional, sumando una alternativa más y favoreciendo a descomprimir el tránsito sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.
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