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Lula fue condenado por una quinta que no es suya

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BRASIL. El ex presidente brasileño nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la casa de su amigo que él usaba con frecuencia. Tampoco existen pruebas de que Lula haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el Gobierno.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la cartera de Justicia.

Según Hardt el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.

Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.

“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.

“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, señaló la jueza. El pasado noviembre, Hardt interrogó al ex mandatario por este caso, en la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.

La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del líder petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.

En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorias internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal. No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar.

Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.

Además de Lula, según publica Página 12, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.

Página 12.

Frontera

Traficaban chatarra plástica en dos camiones de Argentina a Brasil: un detenido

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La Policía Federal, con el apoyo de la Policía Militar de Santa Catarina, decomisó dos camiones cargados con chatarra plástica de contrabando procedente de Argentina, dejando como resultado un conductor detenido, mientras que el otro abandonó el vehículo y huyó de la escena al percatarse de la proximidad de los equipos policiales.

Los operativos se realizaron esta semana en la región fronteriza entre Paraná y Santa Catarina. En ese marco, el primer vehículo fue interceptado en Flor da Serra do Sul.

Durante el acercamiento, el conductor no presentó la documentación válida de la carga y terminó siendo trasladado a la Comisaría de Policía Federal de Dionísio Cerqueira, donde se le practicó el procedimiento formal de detención y fue arrestado en flagrante delito por contrabando

Minutos después, se localizó en Barracão un segundo camión, también cargado con el mismo tipo de material irregular. El conductor, sin embargo, logró escapar al percatarse de la llegada de los equipos policiales y abandonó el vehículo.

Tanto los camiones como la carga ilegal fueron enviados al Servicio Federal de Ingresos, que realizará el análisis y determinará el destino de los materiales incautados.

La Policía Federal continúa investigando el caso para identificar posibles conexiones con redes de contrabando que operan en la frontera.

Incautan seis olivos de contrabando que iban de Misiones a San Pablo

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Luis Petri anunció que el Ejército reforzará la frontera seca con Brasil

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ejército frontera seca

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció ayer el envío de equipos de control y vigilancia del Ejército Argentina para reforzar la seguridad en las zonas de Misiones que tienen frontera internacional con Brasil.

La noticia fue dada anoche, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, y tiene correlación con el contexto de la escalada de violencia que se registra en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho que culminó con más de 120 muertes y decenas de desaparecidos.

“Así como la Armada controla la zona económica exclusiva y la Fuerza Aérea los cielos, el Ejército debe colaborar con la Gendarmería para cuidar las fronteras”, adelantó Petri, que recientemente fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza.

Y en ese marco dio el anuncio: “Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones”.

Según explicó el titular de la cartera de Defensa, la ideal inicial era reforzar las fronteras en Formosa, pero debido a lo ocurrido en Brasil decidieron alterar el plan y dar ese paso en Misiones.

“Estaba previsto primero ir a Formosa, pero en lugar de eso vamos a enviar equipos de control y vigilancia del Ejército a Misiones para reforzar la frontera con Brasil, teniendo en cuesta este desbande que la ministra (Patricia Bullrich) dice que puede llegar a ocurrir”, agregó.

Sobre el operativo, señaló que “en Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y es válido”.

Ese mismo día, pero más temprano, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también hizo un anuncio relacionado al mismo tema y activó una “alerta máxima” en las fronteras.

Todas estas decisiones tienen vinculación directa con la megaoperación que ejecutó la Policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Penha y Complexo do Alemão, dejando un saldo de al menos 123 muertos, entre ellos 13 agentes.

Tras la masacre, donde los narcos también respondieron con fusiles, granadas y drones, el gobierno brasileño decretó estado de emergencia y movilizó al Ejército. Autoridades temen fuga masiva hacia fronteras vecinas, incluida Argentina.

Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río

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Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río

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masacre de río

En un contexto de creciente inestabilidad regional marcado por la reciente escalada de violencia en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, que culminó con más de 130 muertes y decenas de desaparecidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este martes la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas.

La medida, impulsada por la -hasta ahora- ministra Patricia Bullrich, busca prevenir el posible desplazamiento de miembros de bandas narcotraficantes hacia territorio nacional, con un enfoque especial en la Triple Frontera –el área compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay– y otros pasos fronterizos clave de la provincia de Misiones, como la frontera seca de Bernardo de Irigoyen con sus vecinas ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao.

El anuncio se produce apenas un día después de un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos y más de 80 detenidos en enfrentamientos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río”, declaró Bullrich durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

La funcionaria enfatizó que el refuerzo implica controles exhaustivos en los ingresos del norte del país, con comunicación constante entre las fuerzas argentinas y sus pares brasileños.

Una ‘alerta máxima’ significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta”, agregó, precisando que el foco estará puesto “en la triple frontera y en Tancredo Neves”, donde se registran “mucho movimiento”.

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