La Región
Lula fue condenado por una quinta que no es suya
BRASIL. El ex presidente brasileño nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la casa de su amigo que él usaba con frecuencia. Tampoco existen pruebas de que Lula haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el Gobierno.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la cartera de Justicia.
Según Hardt el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.
Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.
“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.
“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, señaló la jueza. El pasado noviembre, Hardt interrogó al ex mandatario por este caso, en la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del líder petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.
En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorias internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal. No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar.
Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.
Además de Lula, según publica Página 12, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.
Página 12.
Los hermanos paraguayos Artemio López Ruiz (45) y Juan de la Cruz López Ruiz (43) fueron atrapados en su país durante un operativo de Interpol y aguardarán ser extraditados a la Argentina para responder ante la Justicia bonaerense por un homicidio cometido una década atrás.
Los prófugos fueron arrestados en el distrito de Edelira, en el vecino departamento paraguayo de Itapúa, donde fueron localizados por agentes de la Policía Nacional local e integrantes de Interpol.
El operativo le puso fin a más de una década de impunidad y ahora los extranjeros deberán responder ante la Justicia por el crimen de Rafael Franco Cabrera, registrado el 19 de julio de 2014 en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.
Según precisaron fuentes del vecino país, los hombres permanecerán detenidos en la comisaría Primera de Encarnación, a disposición del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de la magistrada Yanina Vallejos, quien ahora intervendrá en el trámite de la extradición.
Los hermanos registraba un pedido de captura internacional en sus contra. Están acusados de homicidio simple y son requeridos por el Juzgado de Garantías Dos de La Matanza, dependencia que instruye el expediente por el asesinato de Franco Cabrera.
Dos hombres escaparon durante el control de Migraciones en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y abandonaron su auto cargado con más de 100 kilogramos de marihuana ocultos en doble fondos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el procedimiento se dio esta mañana, cuando al control fronterizo del lado argentino ingresó un Chevrolet Spin proveniente de la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Dentro del vehículo iban dos hombres que ante las primeras consultas evidenciaron severas inconsistencias, dado que respondieron que provenían de Foz de Iguazú y que viajaban hacia Camboriú, ruta completamente diferente al recorrido que estaban realizando.
Esa situación levantó sospechas y el personal de la Dirección General de Aduana decidió ahondar en la requisa.
Los ocupantes del rodado escaparon cuando presentaron los documentos del auto.
En esa instancia, los dos sujetos descendieron del rodado para entregar los documentos del automotor y aprovecharon el momento para huir a las corridas del puesto de frontera en dirección hacia Brasil.
Consecuencia de ello, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos países para ubicar a los fugitivos cuya identidad ni nacionalidad llegó a ser determinada.
Mientras tanto, el personal interviniente continuó la inspección del rodado y durante las labores finalmente incautaron 188 paquetes de marihuana que totalizaron 112,571 kilogramos.
Tanto los estupefacientes como el vehículo y las documentaciones del rodado fueron incautados y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
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