La Región
Lula fue condenado por una quinta que no es suya
BRASIL. El ex presidente brasileño nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la casa de su amigo que él usaba con frecuencia. Tampoco existen pruebas de que Lula haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el Gobierno.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la cartera de Justicia.
Según Hardt el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.
Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.
“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.
“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, señaló la jueza. El pasado noviembre, Hardt interrogó al ex mandatario por este caso, en la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del líder petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.
En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorias internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal. No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar.
Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.
Además de Lula, según publica Página 12, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.
Página 12.
La senadora paraguaya y parlamentaria del Mercosur, Lilian Samaniego, criticó las nuevas exigencias migratorias establecidas por el gobierno argentino y opinó que “atentan contra la integración regional”.
La parlamentaria paraguaya se refirió a la reforma migratoria del DNU 366/2025 del presidente Javier Milei en la reciente sesión del Parlasur y abogó por su revisión, en virtud de los “lazos históricos comunes” entre ambos países.
Samaniego valoró el protocolo firmado por Paraguay y Argentina para avanzar con el control integrado en los puestos fronterizos, porque “será en beneficio de los ciudadanos de a pie”, y cuestionó la decisión del gobierno argentino de endurecer las condiciones de ingreso al país, agregando requisitos que antes no existían, como el seguro médico obligatorio.
En opinión de la parlamentaria paraguaya, el gobierno de Milei “va de contramano a estas intenciones de agilización, como poner mayores requisitos, como un seguro médico, para las personas que cruzan la frontera”.
“Es importante advertir que poner requisitos demás atenta contra la integración regional, que diría debe ser la consigna”, afirmó Samaniego.
“A lo largo de la historia, Paraguay y Argentina han compartido mucho más que una frontera”, historió la parlamentaria del vecino país y enumeró: “Sangre, trabajo, canciones, palabras, sueños y en muchas ciudades argentinas uno cruza la calle y escucha el guaraní”.
“Con el respeto absoluto a la soberanía de nuestros países, levanto mi voz para que las decisiones políticas no rompan los lazos hermanados que nos ha hecho grandes como región, y que en el momento de reglamentar tengan en cuenta todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros vínculos con la Argentina”, señaló y concluyó: “No existen paraguayos que no tengan vínculos con los argentinos”.
Un numeroso grupo de paseros, en su mayoría motociclistas, realizan un corte total del tránsito a mitad del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Aparentemente, la medida de fuerza comenzó por los controles de la Aduana Argentina y el cobro por parte del personal de “coimas” para el traslado de mercadería.
“Nosotros no somos perritos de ellos, no le debemos un centavo a ningún agente, ni a ningún gendarme, aduanero, ni a ningún jefe. Estamos hartos de que los compañeros todos los días son maltratados por esa gente porque tiene su chaleco azul”, reclama una pasera oriunda de Paraguay a efectivos del vecino país en medio del cruce internacional.
En esa línea, la mujer sostiene que “todos, tanto argentinos como paraguayos, trabajamos en el paso y vivimos del paso, no le robamos a nadie un centavo y por qué ellos tienen que poner límites de compra”.
La pasera argumenta que todos los trabajadores tienen sus vehículos con los papeles “en regla” y pregunta “cuál es el problema con ellos -en referencia a los trabajadores de la Aduana Argentina-. No se puede llevar una colcha porque sos paraguayo, pata sucia, raja de acá no te quiero ver”.
Por último, la mujer denuncia que “no se puede llevar nada porque ellos no quieren. Si llevas una colcha, un termo, un par de zapatillas tenés que pagar 200 mil pesos porque a ellos se le da la gana, dónde hay un estatuto que diga que porque llevaste una colcha, un termo y dos zapatillas se tiene que pagar 200 mil pesos, eso quiero que me expliquen”.
La medida de fuerza de los paseros, tanto argentinos como paraguayos, inició alrededor de las 8.30 por tiempo indeterminado.
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FOTO Y VIDEO: Fabián Sánchez
Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.
El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3a Compañía de la 21a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.
Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.
Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.
Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.
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