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Economista paraguayo sobre conflicto con Argentina: “Es un show mediático”

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El abogado, economista y académico paraguayo Rubén Lisboa Lescano ubica a la escalada paraguaya contra Argentina por la hidrovía y Yacyretá, como parte de una arremetida mediática del gobierno de Santiago Peña para ocultar una nueva toma de deuda destinada a financiar intereses de préstamos anteriores impagos, y medidas impopulares como autoaumentarse el sueldo y subir el de sus ministros.

“Estamos en un momento crítico de la economía y cualquier conflicto de este tipo, la hidrovía, los camiones de gas retenidos en Clorinda, la deuda de Yacyretá, todo suma para tapar el verdadero problema que tiene el país”, afirmó Lisboa, entrevistado por La Voz de Misiones.

“En un lapso de 10 años, Paraguay quintuplicó su deuda externa”, señaló el economista y precisó: “Paraguay tenía una deuda de U$S2.900 millones, y hoy estamos rondando los U$S16.000 millones”.

Lisboa es abogado, economista y tiene una maestría en Ciencias Políticas. Además, enseña historia diplomática del Paraguay y economía política en la Universidad Católica, sede Carapeguá, una ciudad del Departamento Central, vecino a la capital paraguaya.

El académico paraguayo fue prisionero político de la dictadura de Alfredo Stroessner en dos ocasiones, en 1983, procesado por la Ley 209/70 “De defensa del orden público y libertad de las personas”; y en 1984, en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II al país.

Desvistiendo santos

Lisboa sostuvo que, en la década que siguió al golpe de Estado de 2012 contra el presidente Fernando Lugo, “se produjo un verdadero carnaval en toma de préstamos, que como se hace con la figura de los ‘bonos soberanos’, nadie sabe, exactamente, de dónde viene el dinero”.

“Lo concreto y real es que hoy tenemos una deuda gigantesca que para el Paraguay es impagable, porque su materia económica sigue siendo del siglo XVIII, agrícola ganadera, y esos dos rubros, que son los que más ingresan, no pagan impuestos”, argumentó y razonó: “Por lo que la deuda tendrá que pagarla la ciudadanía, la más pobre, a la que le sacan vía impuestos indirectos lo poco que tiene”.

El especialista sostuvo que “hace tiempo” que el Estado paraguayo “no está pagando los intereses” de la deuda, por lo que estos nuevos préstamos que tramita el Congreso del país incorpora un pasivo que no se traduce en realizaciones para la gente.

“En estos días, el Estado tuvo que recurrir a un nuevo préstamo de U$S48 millones para cubrir gastos y salarios de Yacyretá”, apuntó el economista.

“Se está desvistiendo un santo para vestir a otro”, graficó Lisboa.

Falta lo peor

“Esto va a empeorar. Paraguay no tiene forma de obtener recursos más allá de los préstamos; salvo aumentar impuestos, que tampoco tiene posibilidades de éxito porque la población no tiene condiciones de cumplir”, afirmó.

“Aparte, nuestra condición de país mediterráneo nos impide hacer algo distinto de lo que hicimos en los últimos 132 años, después de la Guerra de la Triple Alianza”, añadió.

“La situación es mucho más grave de lo que se conoce afuera”, indicó el académico paraguayo.

“Acá siempre te hablan de la moneda más estable, de que el país es un paraíso para las inversiones, pero la verdad es que todo eso no influye en la vida del ciudadano; es propaganda”, expresó.

“La ciudadanía no tiene salud, educación, vivienda, trabajo”, dijo Lisboa, al enumerar indicadores de resultados crónicos que revelan la desinversión pública en la materia, y apuntó: “Encima, el nuevo censo que se hizo arroja que tenemos 1.300.000 habitantes menos de lo que creíamos, eso repercute en el PBI, la deuda per cápita; todo va en la dirección contraria a la que se sostiene desde el gobierno”.

“El censo arrojó que el 66% de la población es urbana y solo el 33,3% es rural”, indicó Lisboa, y explicó que “toda esa masa de población se desplazó hacia las ciudades sin ninguna forma de insertarse en la economía formal, o para emigrar, fundamentalmente, a la Argentina, que es adónde va la mayoría, porque ahí vos tenés salud, tenés un poco de trabajo, tenés educación, aún con los problemas que tiene la Argentina, porque acá no hay posibilidades de nada”.

“Tampoco tenemos muchos recursos naturales, infraestructura para poder implementar políticas que ayuden al país a salir del encierro. Acá sobra energía pero no hay líneas de trasmisión para utilizar la energía”, agregó.

El profesor se refirió también al impacto en la economía, un sector informal del orden del 40%, vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Esta informalidad contiene otros tipos de negocios, como el hecho de que se ha extendido mucho el lavado, el narco, que se insertaron en la economía, con actividades de maquillaje, y sirven a la dinámica de la economía formal”, explicó.

El economista, abogado y cientista político sostuvo que también “este sector informal también se achicó, y está atravesando una crisis, que termina impactando en todo el modelo”.

Lisboa citó las sucesivas apariciones del embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, para informar sobre decisiones del gobierno norteamericano en torno a conocidos empresarios y políticos paraguayos de la primera línea del poder, para graficar las restricciones que encuentra ahora este sector informal de la economía paraguayo arraigado en la ilegalidad.

“El embajador calificó de corruptos a ciertos y determinados personajes, entre ellos, un ex presidente, un vicepresidente y otros políticos muy renombrados”, manifestó Lisboa, sobre los anuncios en la sede diplomática estadounidense contra el ex presidente Horacio Cartes, el entonces vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, miembros de Yacyretá y el Poder Judicial, a quienes además les prohibió el ingreso al país y todo vínculo con empresas que operen en territorio norteamericano.

“Los yanquis no son los más indicados para otorgar calificaciones, pero eso creó un problema muy serio interno, porque esa economía informal que se expandió a través del lavado, el contrabando y el narcotráfico, ya venía teniendo problemas”, explicó Lisboa.

Bonos soberanos

El estudioso sostuvo que ninguna de las administraciones que siguieron a la caída de Lugo auditó la deuda que el Estado paraguayo engroso a partir de la primera emisión de los denominados “bonos soberanos”, acuñados por el gobierno del liberal Federico Franco, el vice del presidente derrocado y parte de la conspiración, cuyo capítulo final se vivió el 22 de junio de ese año, con la destitución presidencial.

Con Franco nació la “deuda soberana”, que continuó con el tabacalero Horacio Cartes y su sucesor, Mario Abdo Benítez, quien precedió a Santiago Peña, actual mandatario.

“Nunca hubo una auditoría sobre el dinero que se trajo en los 10 años”, afirmó Lisboa, “tampoco es posible saber exactamente qué se hizo con la deuda”, agregó.

“Por la vida que estamos llevando, con menos salud, menos educación, menos vivienda y menos trabajo, es evidente que ese dinero no fue al sector productivo”, expresó.

“Se quedó en las obras mal hechas que hicieron los empresarios vialeros y con los empresarios farmacéuticos”, apuntó.

“En el Paraguay, si uno quiere tener recursos, tiene que trabajar con el Estado”, dijo Lisboa.

“En el sector privado, no existen formas de acumular los recursos que algunos acumulan”, indicó, apuntando sin dar nombres a los principales grupos económicos del país, siempre señalados como crecidos a expensas de los fondos públicos y mediante negocios ilícitos.

Los misiles

“Hoy las escuelas están con problemas, los hospitales no tienen infraestructura y medicamentos; se carece de ningún plan de vivienda, de generación de empleo genuino y formal”, comentó Lisboa sobre el panorama que observa en su país.

El economista indicó que “el mayor empleador en Paraguay es el Estado”, y precisó: “La suma de todo el sector privado, no alcanza a lo que el Estado provee en materia de empleo”.

“Estamos viviendo una situación sumamente delicada en lo económico y social”, remarcó el economista paraguayo, y argumentó que “este deterioro de las condiciones se cubre con pequeños conflictos como el que tenemos ahora con la hidrovía y Yacyretá, que se magnifican para tapar el verdadero problema, con una política de Estado que no cambia y profundiza la crisis”.

Como ejemplo, mencionó el caso del diputado paraguayo Rubén Rubín, que propuso en una sesión reciente del Congreso armar al país con misiles para un hipotético conflicto armado con la Argentina.

“Lo de Rubín es producto de que en Paraguay cada vez más se eligen como autoridades políticas gente que no tiene idea de qué se trata hacer una vida política y tener posiciones políticas”, opinó Lisboa.

“En primer lugar, la Constitución en el artículo 144 dice que Paraguay renunció a la guerra”, sostuvo Lisboa, aunque aclaró que la letra chica del dogma consagra “la legítima defensa” y autoriza “operaciones especiales al estilo de Rusia”.

“Es una muestra más de la ignorancia del diputado, un show mediático; es parte de la operación mediática, una distracción más”, reiteró.

El profesor paraguayo agregó que el hecho de que el viralizado episodio provenga del diputado Rubín, un hombre de la industria del entretenimiento televisivo, “ayuda a entender la intención, el circo mediático armado”.

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Diario Folha de Sao Paulo retrata “éxodo” de misioneros a Brasil

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El diario Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes de Brasil, se hizo eco en su edición del sábado de la migración de trabajadores misioneros a territorio brasileño, en un extenso artículo donde atribuye el fenómeno a las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei.

La nota, titulada “Argentinos vienen a trabajar a Brasil, después que Milei acabó con el precio mínimo de la yerba mate” y firmada por los periodistas Felipe Gutierrez y Carlos Villela, parte del incremento en la emisión de la tarjeta conocida como CPF (Cadastro de Pessoas Físicas / Registro de Personas Físicas) que otorga la Receita Federal, órgano tributario y aduanera brasileño, y es indispensable para trabajar legalmente en el país.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año, entre 2016 y 2021, y a casi 40.000 el año pasado, de acuerdo a datos de la Receita Federal”, señala el artículo del Folha.

“El documento es exigido para trabajar en Brasil, objetivo de parte de ese contingente después de una especie de éxodo de la provincia de Misiones, extensión argentina que hace frontera con Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Es donde queda la ciudad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera”, describe la nota.

Comenta que la tierra colorada es “la región argentina más productora de yerba mate”, un sector que “fue afectado por una de las políticas liberales de Javier Milei”, que “acabó con la fijación del precio mínimo de la materia prima” y “llevó el precio del producto a caer por la mitad”.

El artículo habla del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), de su origen en 2002, “después de una larga protesta del campo”; y de su papel de “árbitro” hasta el DNU 70/23 de Milei, que lo despojó de sus atribuciones y liberó el precio de la yerba mate.

La nota recoge la declaración de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales, Ana Cubilla, quien describió a los periodistas brasileños la función del Inym en la cadena yerbatera.

“Su principal tarea era, todos los años, fijar el precio. Muchas veces no había consenso entre los diferentes directores y ahí la cuestión era elevada a un arbitraje, donde intervenía el ministro de Agricultura”, dijo Cubilla al Folha.

“El precio de mercado nunca quedaba abajo del mínimo fijado por el Instituto”, escribe el diario brasileño y precisa que “con la elección de Milei, las reglas cambiaron”, ya que el nuevo presidente argentino “despojó al Inym del poder de fijar precios mínimos y liberó el comercio para transacciones sin ese parámetro”.

“Hasta 2023, el kilo de hoja verde era de $420 (R$1,57, en la cotización actual). Tres años después, se paga $180 (R$0,67), y todos los insumos y combustibles tuvieron aumentos”, afirma Cubilla en la nota.

Tareferos

El artículo recoge también las palabras del misionero Ángel Enrique Ozeñuk, productor de San Vicente, quien cuenta que “consigue cerca de $220 (R$0,82) por kilo (de hoja verde) en el ‘secadeiro’”, y revela que “las pequeñas propiedades rurales están siendo abandonadas por los tareferos”.

“Nuestra mano de obra, por suerte, han conseguido ir en grandes cantidades a Brasil para mantener a sus familias”, comenta Ozeñuk en la nota.

Joaquín Ríos, 32, padre de dos criaturas, dice que es de la ciudad de San Pedro, en Misiones”, presenta el artículo al primero de los migrantes misioneros entrevistados: “Yo soy tarefero, vengo de un municipio donde hay 17.000 hectáreas de yerba mate”, cuenta Ríos.

“Hace un mes, él fue para la cosecha de uva en la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira, entre Caxias do sul y Bento Goncalves. En la Argentina, afirma, el debería recibir $79 (R$ 0,30, en la cotización actual) por kilo de yerba mate, pero no encontraba a nadie que pagase eso, apenas $40 (cerca de R$ 0,15)”, relata el artículo.

Destaca que el misionero elogia el trato recibido en Brasil: “Además del pasaje, tenemos almuerzo y cena, y podemos cocinar”, consigna que les contó Ríos y que, también, les aseguró que “donde él está trabajando hay cerca de 500 argentinos”.

“El tarefero sabe que el trabajo actual debe terminar en dos semanas y dice que va a tratar de encontrar alguna otra ocupación para ‘quien sabe, más adelante traer a mi familia a Brasil’. Si no lo logra, volverá a Misiones”, relata el Folha.

Lucio Rodríguez Velásquez, 26, es un veterano. Él vino a Brasil en 2018, dice que ya trabajó en la cosecha de tomate, uva y morango y conoce algunas de las ciudades donde hay trabajadores rurales argentinos (Flores da Cunha, Nova Pádua e Caxias do Sul, todas no Rio Grande do Sul)”, escribe el diario brasileño.

“Gano R$180 por día, paso el mes y sobra más de la mitad”, cuenta Rodríguez Velásquez.

Conocedores

El artículo del diario paulista recoge también las palabras de sindicalistas y empresarios brasileños que destacan la “predisposición”, “habilidad”, “conocimiento” y “relación cultural con el campo” de los trabajadores rurales misioneros.

“El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirma que el número de argentinos en la cosecha de uva del municipio viene creciendo hace tres años”, escribe el Folha.

“Uno va trayendo a otro. Tiene un hermano, un pariente, un vecino conocido, y ellos encuentran aquí una condición en que los agricultores son bien remunerados en la cosecha de uva”, relata el entrevistado.

“Postal afirma todavía que los trabajadores argentinos tienen mayor predisposición al trabajo formal. Las contrataciones por el régimen CLT (Ley de Contrato de Trabajo) aumentaron en las cosechas de uva gaúchas desde 2023, luego de que más de 200 trabajadores de una empresa tercerizada fueran rescatados de condiciones análogas con la esclavitud”, informa.

Asimismo, recoge el testimonio de Ilvandro Barreto, coordinador de la Cámara Sectorial de la Yerba Mate de Río Grande do Sul, quien señala que, en el mercado internacional del producto, Argentina “había perdido terreno con Brasil antes del cambio en la política de precios”, dispuesta por Milei.

“Ese cambio volvió a Argentina más competitiva en precio. Hizo que trabajen con un precio próximo al nuestro. Antes, tenían un precio mayor y dificultades en el mercado internacional”, analiza el empresario brasileño.

Según señala el artículo de Folha, “Barreto elogia a los tareferos argentinos que, segun él, tienen una relación cultural con la yerba mate, entienden la fisiología del árbol y hacen una cosecha que no perjudica a la planta”.

Cita también a Domingos Velho Lopes, de la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, quien habla de la “falta de mano de obra para la cosecha en Brasil” y afirma que los trabajadores misioneros “son calificados, tienen educación y conocen tanto la agenda agraria como la vida del campo”.

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Joven productor yerbatero propuso tomar el Inym: “Es para visibilizar el tema”

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Manuel Mielniczuk es un joven productor yerbatero de San Pedro que, en medio de discusiones y debates sobre la crisis que atraviesa al sector, propuso en el grupo de WhatsApp Impulso Yerbaterotomar el Inym”. En diálogo con La Voz de Misiones, explicó que desde su mirada la medida  “sería una opción para visibilizar la problemática”. 

La idea fue propuesta en formato de encuesta y fueron pocos los que emitieron su voto. Solo 6 de los 683 integrantes se inclinaron por la opción positiva. No obstante, cabe señalar que la participación en el grupo suele ser baja y que entre sus miembros también hay dirigentes políticos y periodistas.

Desde hace 5 años administra 15 hectáreas familiares, bajo un contrato de aparcería. La producción total de su chacra ronda los 100.000 kilos anuales. Sin embargo, asegura  “la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos que me tocó vivir”.

Manuel Mielniczuk

El año pasado participó del corte de rutas junto a un grupo numeroso de productores de su ciudad. Aunque para él la decisión de trasladar el reclamo a Rentas “no tenía sentido”.

“Eso se resolvió en asamblea con representantes de distintos puntos de la provincia, aunque yo quería acampar frente a la Casa de Gobierno en Posadas para visibilizar más el conflicto”, explicó.

Según detalló, en su zona el kilo de hoja verde se paga alrededor de 60 pesos en planta. Puesta en secadero, el valor alcanza los 240 pesos, pero tras los descuentos, entre ellos corresponsabilidad gremial y rentas, el productor termina percibiendo cerca de 180 pesos por kilo. Además, los pagos se realizan con cheques a 30 días, que luego se extienden a 90 días más. “Esos valores no cubren los costos de producción”, aclaró.

Desde que cayó el precio, sostiene que mantener el esquema productivo se volvió prácticamente imposible. “Hoy realizo por mi cuenta las tareas de limpieza y mantenimiento del yerbal porque no puedo afrontar el costo de un empleado. Es supervivencia”, declaró.

Al comparar con la situación anterior, señaló que antes del cambio de gobierno nacional cobraba alrededor de 370 pesos por kilo en efectivo.  “Antes necesitaba 4 o 5 kilos de yerba para pagar una boleta de luz; hoy requiere más de 200 kilos. En el caso del combustible, hace 3 años un kilo de hoja verde equivalía aproximadamente a un litro de nafta, mientras que ahora necesitas unos 15 kilos para cubrir ese mismo litro”, detalló.

En cuanto a las responsabilidades políticas, consideró que la principal responsabilidad recae en Nación, aunque también atribuyó un grado de responsabilidad a la Provincia por no haber implementado medidas más firmes. “En reuniones con funcionarios provinciales, la respuesta fue que no pueden hacer nada”. Manuel aclaró que no votó a La Libertad Avanza y percibe que muchos productores que inicialmente acompañaron al Gobierno nacional hoy están desilusionados.

De cara al futuro, advirtió que, si no hay cambios, el conflicto podría profundizarse. Señaló que productores de mayor edad le describen escenarios previos a la creación del Inym, como intercambios de supervivencia

“Dentro de poco esto va a volver a como era antes: por 1.000 kilos de yerba te daban una bolsa de harina y un bidón de aceite”, afirmó. Y sostuvo que “mientras el Gobierno no cambie su postura, o cambie el gobierno, esto va a ir cada vez más para ese lado”. 

Actualmente tiene previsto comenzar la cosecha a mediados de mes porque no cuenta con otra alternativa: debe afrontar gastos básicos como luz, combustible y alimentación. “No queda otra”, sentenció.

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Gobierno del Chaco elimina fondo salarial de 600 empleados estatales

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El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial para los trabajadores del Ministerio de Producción creado en 2015.

Según denunció el gremio de los empleados estatales chaqueños, la medida de Zdero, que gobierna aliado con La Libertad Avanza (LLA), fue “unilateral” y significa “un golpe crítico al poder adquisitivo de las familias”.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), sostiene que la eliminación del FEP representa una reducción de hasta el 95% de los ingresos totales de los empleados del Estado provincial en los casos más extremos.

A través de comunicados y asambleas, la UPCP advirtió que el gobierno de Zdero descontó “el 80%” del salario a los trabajadores de la cartera de Industria, que suman unos 600 funcionarios.

“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo”, señaló a la prensa local el dirigente sindical Raúl Cantero Garcilazo.

“Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, contó.

“El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, indicó.

Por su parte, la administración de Zdero justifica la medida argumentando que el mecanismo del FEP era contrario a la ley y que su eliminación responde a una necesidad de corregir irregularidades administrativas.

“El fondo se percibe desde 2015. Primero, por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó Cantero Garcilazo.

 

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