La Región
Dilma advirtió que “el futuro de Brasil está en juego” y denunció violación de la Constitución
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se presentó hoy ante el Senado para dar la batalla en su último intento por no ser destituida de su cargo. La líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), suspendida del cargo desde hace más de tres meses, compareció ante la Cámara alta durante alrededor de 12 horas de una agotadora jornada que abrió con un combativo discurso, quizá el último que pronuncia como jefa de Estado.
“No esperen de mí el generoso silencioso de los cobardes”, dijo Rousseff ante los legisladores que deben decidir en las próximas horas, posiblemente el martes o miércoles, sobre su destitución tras cinco años y medio de Gobierno. “Estamos asistiendo a un golpe”, subrayó varias veces.
La mandataria, que enfrenta un controvertido juicio político por acusaciones de haber permitido manipulaciones fiscales inconstitucionales durante su Gobierno, reiteró que no renunciará voluntariamente al cargo y recordó los momentos más difíciles de su biografía para asegurar que continuará “luchando”.
Su discurso ante el Senado tenía un toque personal, alejado en muchos pasajes de tecnicismos, como querían sus simpatizantes. En Brasilia se da prácticamente por sentado que los opositores de la mandataria conseguirán la mayoría de dos tercios necesaria para destituirla.
Varios aliados de la presidenta, entre ellos su mentor político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abogaban por eso por un discurso con un énfasis mucho más emocional para “documentar” el lugar que le corresponderá a Rousseff y al juicio político en su contra en la historia de Brasil.
La presidenta cumplió con esa expectativa. Rousseff recordó la tortura que sufrió como joven militante clandestina de izquierdas, acusó a sus rivales de forjar una “alianza golpista” y apeló a su condición de ser la primera presidenta mujer de Brasil para criticar a intereses “ultraconservadores” empeñados en sacarla del poder.
“Hicieron todo para destabilizarme a mí y a mi Gobierno”, enfatizó.
También resaltó su imagen de política honesta, frente a las sospechas de corrupción que salpican a su principales rivales políticos, entre ellos el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los más mentados hoy por Rousseff y sus aliados como artífice del proceso de destitución.
Cunha renunció hace algunas semanas a la presidencia de la Cámara baja por las acusaciones de corrupción en su contra.
El juicio contra la presidenta está enmarcado en varios escándalos de corrupción que salpican prácticamente a toda la clase política brasileña y en una dura crisis económica en la primera economía de América Latina.
En su discurso Rousseff no mencionó directamente a su vicepresidente y ex aliado político, el actual jefe de Estado interino Michel Temer, pero fustigó al Ejecutivo del líder conservador por lo que considera un “golpe de Estado”.
“Un golpe que, si es consumado, resultará en la elección indirecta de un Gobierno usurpador”, reclamó la presidenta.
En caso de que Rousseff sea destituida, Temer asumirá definitivamente la presidencia hasta las elecciones de 2018. El centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer encauzó en marzo el proceso de “impeachment” tras volverle la espalda a Rousseff, tras más de cinco años de alianza política.
El PMDB y el PT de Rousseff encabezaban desde 2011 una peculiar coalición multipartidista de Gobierno. La previsible caída de Rousseff pondrá fin a más de 13 años de Gobiernos de izquierda en Brasil.
La mandataria rechazó hoy una vez más las acusaciones en su contra. La destitución de Rousseff por las llamadas “ruedas fiscales” es controvertida, ya que la práctica para maquillar el verdadero déficit público del Estado era habitual también en Gobiernos anteriores.
“No cometí los delitos de los que soy acusada injusta y arbitrariamente”, reclamó Rousseff. “La acusaciones dirigidas contra mí son meros pretextos”, agregó.
Su mensaje final lo dirigió a los senadores que podrían estar aún indecisos respecto a su voto final: “Voten contra el ‘impeachment’. Voten por la democracia”, pidió Rousseff.
La presidenta se sometió después de su intervención a preguntas y cuestionamientos de más de 40 legisladores, entre aliados y detractores, en una fase que parecía ya una mera formalidad para un proceso que difícilmente cambiará de rumbo.
Al menos 52 senadores ya se han decantado contra Rousseff. El número de votos necesarios para destituirla es 54.
El proceso de “impeachment” contra la presidenta divide desde hace meses al país. Decenas de manifestantes salieron hoy a las calles de la metrópoli financiera Sao Paulo para protestar contra el Gobierno de Temer. La policía los dispersó con gases lacrimógenos.
Centenares de simpatizantes de Rousseff se reunieron desde temprano fuera de la sede del Legislativo en Brasilia para expresarle su apoyo con rosas rojas. Pero también sus críticos se congregaron desde el domingo con pancartas con la inscripción “Chau, querida”, exigiendo su destitución.
Desde el jueves pasado, en los tres días de sesiones para escuchar a los testigos de las partes, el Senado vivió momentos de tensión, sobre todo por el intercambio de agresiones a los gritos entre legisladores. Hasta hoy, las negociaciones eran frenéticas para disputar voto a voto, teniendo en cuenta que el último sondeo fue el de hace dos semanas, cuando venció 59 a 22 el acogimiento de la acusación para iniciar el proceso, que está conducido por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski.
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció ayer el envío de equipos de control y vigilancia del Ejército Argentina para reforzar la seguridad en las zonas de Misiones que tienen frontera internacional con Brasil.
La noticia fue dada anoche, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, y tiene correlación con el contexto de la escalada de violencia que se registra en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho que culminó con más de 120 muertes y decenas de desaparecidos.
“Así como la Armada controla la zona económica exclusiva y la Fuerza Aérea los cielos, el Ejército debe colaborar con la Gendarmería para cuidar las fronteras”, adelantó Petri, que recientemente fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza.
Y en ese marco dio el anuncio: “Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones”.
Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones. A partir de los acontecimientos de Brasil, vamos a mandar equipos de control y vigilancia del @Ejercito_Arg a la frontera. pic.twitter.com/4oPtYc1wrO
— Luis Petri (@luispetri) October 30, 2025
Según explicó el titular de la cartera de Defensa, la ideal inicial era reforzar las fronteras en Formosa, pero debido a lo ocurrido en Brasil decidieron alterar el plan y dar ese paso en Misiones.
“Estaba previsto primero ir a Formosa, pero en lugar de eso vamos a enviar equipos de control y vigilancia del Ejército a Misiones para reforzar la frontera con Brasil, teniendo en cuesta este desbande que la ministra (Patricia Bullrich) dice que puede llegar a ocurrir”, agregó.
Sobre el operativo, señaló que “en Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y es válido”.
Ese mismo día, pero más temprano, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también hizo un anuncio relacionado al mismo tema y activó una “alerta máxima” en las fronteras.
Todas estas decisiones tienen vinculación directa con la megaoperación que ejecutó la Policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Penha y Complexo do Alemão, dejando un saldo de al menos 123 muertos, entre ellos 13 agentes.
Tras la masacre, donde los narcos también respondieron con fusiles, granadas y drones, el gobierno brasileño decretó estado de emergencia y movilizó al Ejército. Autoridades temen fuga masiva hacia fronteras vecinas, incluida Argentina.
Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río
En un contexto de creciente inestabilidad regional marcado por la reciente escalada de violencia en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, que culminó con más de 130 muertes y decenas de desaparecidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este martes la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas.
La medida, impulsada por la -hasta ahora- ministra Patricia Bullrich, busca prevenir el posible desplazamiento de miembros de bandas narcotraficantes hacia territorio nacional, con un enfoque especial en la Triple Frontera –el área compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay– y otros pasos fronterizos clave de la provincia de Misiones, como la frontera seca de Bernardo de Irigoyen con sus vecinas ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao.
El anuncio se produce apenas un día después de un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos y más de 80 detenidos en enfrentamientos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río”, declaró Bullrich durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
La funcionaria enfatizó que el refuerzo implica controles exhaustivos en los ingresos del norte del país, con comunicación constante entre las fuerzas argentinas y sus pares brasileños.
“Una ‘alerta máxima’ significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta”, agregó, precisando que el foco estará puesto “en la triple frontera y en Tancredo Neves”, donde se registran “mucho movimiento”.
El Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó, este miércoles en Asunción, la reanudación de las obras de maquinización del brazo Aña Cuá, luego de aprobar de forma definitiva las garantías presentadas por el consorcio Aña Cuá WRT, integrado por las empresas Webuild, Rovella y Tecnoedil.
Los directores de ambas márgenes de la Binacional, Luis Benítez Cuevas, de Paraguay, y Alfonso Peña, de Argentina, encabezaron la reunión de hoy en la capital paraguaya, y destacaron “destacaron el avance técnico y administrativo alcanzado, que garantiza la reanudación plena de los trabajos”, según informó la EBY.
“La continuidad de Aña Cuá representa un paso clave para el desarrollo energético y económico de la región”, sostuvo la Entidad Binacional en un comunicado publicado en su página web. “La obra permitirá incrementar la capacidad de generación eléctrica de Yacyretá en un valor estimado de USD 80 millones anuales, fortaleciendo la matriz energética binacional y contribuyendo a la sustentabilidad económica de la Entidad”, reseñó.
La publicación aseguró que “el proyecto impulsará la reactivación productiva en las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina), a través de la contratación de más de 900 trabajadores y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios, generando un efecto multiplicador en ambas márgenes del río Paraná”.
Según la información, “los componentes electromecánicos presentan un grado de avance muy significativo, lo que permitirá que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante el año 2028”.
“Estamos muy contentos por este paso trascendental que estamos dando”, afirmó el director paraguayo, de acuerdo al parte de prensa. “Aña Cuá representa mucho para nuestros dos países: más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”, expresó Benítez Cuevas.
El argentino Peña subrayó, por su parte, “el valor estratégico de la obra y su alineamiento con los objetivos de desarrollo federal y eficiencia en la gestión”.
“La continuidad de Aña Cuá refleja una decisión política firme y sostenida: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal”, señaló el director argentino.
“Bajo una lógica de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión, este emprendimiento fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”, manifestó.
Paralización
Las obras del brazo Aña Cua se habían interrumpido a fines de diciembre de 2023, debido a problemas financieros y cambiarios en Argentina, y también se mencionan despidos masivos que ocurrieron alrededor de esa fecha.
La información periodística de la época menciona la devaluación del peso argentino, resuelta a fines de diciembre de 2023 por el recién asumido presidente Javier Milei, y los problemas financieros del consorcio constructor, como las razones que llevaron a paralizar las obras.
La interrupción afectó entonces a unos 1.200 trabajadores paraguayos y argentinos, y provocó una crisis económica en las zonas de influencia de la represa.
El Comité Ejecutivo de la EBY, reunido en Asunción, este miércoles.
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