Judiciales
Revés del STJ para Pietrowski y sigue activo su pedido de captura
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones declaró inadmisible un último recurso de casación presentado por la defensa Pedro Darío Pietrowski (52), ex intendente y ex diputado provincial acusado de violencia de género contra su ex esposa, y de esta manera continúa vigente su pedido de captura para que finalmente sea juzgado por sus hechos en un debate oral y público, proceso que ya fue suspendido tres veces en un año por sus constantes faltazos.
El recurso que estaba en trámite de análisis en el STJ fue presentado por el letrado Ricardo Skanata, defensor de Pietrowski, luego que el magistrado César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, declarara prescripta la causa por desobediencia judicial contra el imputado, pero continuara el curso de la acción penal por el delito de amenazas.
Contra esa resolución Skanata presentó un recurso de casación, pero ahora el máximo órgano judicial resolvió declarar inadmisible el planteo. “Considero que la denegatoria del pedido de prescripción de la acción no resulta revisable por esta vía casatoria, en tanto no reviste el carácter de sentencia definitiva”, sostuvo en su voto el camarista Marcelo Benítez, según pudo confirmar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.
Jorge Antonio Rojas fue otro de los magistrados del STJ en votar en contra del planteo defensivo. “De la lectura de los autos se advierte que el objeto de la resolución recurrida no cumple con el requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal para habilitar la instancia casatoria”, coincidió con Benítez.
Pero en su voto Rojas también hizo un repaso de las reiteradas veces en que Pietrowski faltó a las audiencias de juicio programadas en su contra y puso en relieve el estado de rebeldía en que el imputado se encuentra desde hace más de un año.
“Conocido por todos es que a la fecha Pietrowski continúa en condición de rebeldía, y no sólo frustró la realización de las audiencias de debate, sino que también dio lugar a la formación de varios expedientes que corren por cuerda y dan cuenta de las constantes e infructuosas medidas que se han tomado a fin de dar con su paradero, generando nuevamente un dispendio jurisdiccional y policial innecesario. Descrito ello, encuentro necesario decir enfáticamente que el prófugo no puede ser oído, y la justicia no debe acordarle audiencia a quien se alza contra sus resoluciones”, sostuvo el camarista en su voto.
Y consideró que “receptar la petición de la defensa, sería, a mi criterio, institucionalizar la impunidad mediante el sendero de la Justicia decadente. En efecto, si cuando por realizarse el juicio oral el imputado desaparece y estando prófugo pide a través de su defensor la extinción del caso, resulta una burla a la justicia y un procedimiento imposible de consentir en una República de derecho”.
El resto de los camaristas intervinientes adhirieron a los votos de Benítez y Rojas, por lo que resolvieron declarar “mal concedido” el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, inadmisible.
Tras este revés judicial, el expediente volverá a manos del magistrado Jiménez, que deberá continuar el proceso normal de la causa por el delito de amenazas contra Pietrowski. Esto también significa que sigue declarado en “rebeldía” y continúa vigente su pedido de captura.
Faltazos
Pietrowski, ex intendente de Almafuerte y ex diputado provincial, faltó a su juicio en tres oportunidades durante el 2021.
La primera fecha estipulada para el juicio fue el 18 de abril de ese año, pero el hombre se ausentó sin aviso y dos días después presentó en forma electrónica un certificado médico en el cual alegaba un cuadro de hipertensión.
Con ese documento sorteó el pedido de detención que se había librado en su contra y el juicio se reprogramó para el 3 de junio, pero el proceso volvió a ser suspendido a raíz de la presentación de otro certificado médico, esta vez por Covid-19.
De esta manera, se programó una tercera fecha para realizar el juicio en la sala de debates del Palacio de Justicia el 27 de julio. El banquillo de los acusados volvió a estar vacío. Pietrowski faltó por tercera vez y su defensa presentó pedidos de nulidad.
Allí mismo, la fiscal María Laura Álvarez, interviniente en ese entonces por subrogancia legal, formuló un pedido para declarar en rebeldía al ex intendente y ordenar su detención. El juez Jiménez dio lugar al pedido.
En septiembre del año pasado hubo varios allanamientos en inmuebles y domicilios laborales relacionados al imputado, tanto en Misiones como en Corrientes, pero los resultados fueron negativos.
Las causas
La causa contra Pietrowski comenzó en agosto de 2018, cuando su ex esposa y actual intendenta de Almafuerte, Celia Smiak, lo denunció por reiterados hechos de violencia de género.
Según la denuncia, el último episodio ocurrió el 28 de julio de ese año. Esa noche, tras regresar del concejo local, el acusado amenazó a su pareja en el domicilio en el que convivían y también la agredió tomándola del cuello. “Te voy a eliminar, sí, yo lo voy a hacer, vos vas a suplicar por la vida”, habrían sido las palabras del acusado.
Pocos días después, la Justicia de Familia le impuso a Pietrowski una exclusión de hogar y restricción de acercamiento hacia su esposa e hijos, pero el hombre incumplió y eso le valió una segunda causa penal por el delito de desobediencia. Ese expediente fue declarado prescripto, pero el de amenazas continúa su curso.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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