A un día de cumplirse el decimoctavo aniversario de la desaparición de Mario Fabián Golemba, su hermano Eliezer, anunció que “el tiempo del silencio se está terminando” y adelantó que pronto habrán novedades judiciales que ayudarán a esclarecer el caso que se mantiene en la impunidad.

“Se cumplen 18 años sin Mario, pero a diferencia de años anteriores, hoy sabemos qué pasó. Hoy conocemos la verdad”, señaló Eliezer, en un breve video publicado por la cuenta Caíco Periodismo.

“Nunca fue un capricho: papá tenía razón. A Mario no se lo tragó la tierra. A Mario lo secuestraron. A Mario lo desaparecieron”, apuntó en la continuidad del audiovisual.

Eliezer adelantó que “estamos ante la inminente definición del caso” e indicó que “pronto la Justicia ordenará las medidas necesarias para esclarecer esta historia. El tiempo del silencio se está terminando. Falta poco”.

El hermano Mario Golemba resaltó que los avances judiciales se dieron a partir de una nueva denuncia radicada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vanesa Vignoles, quienes recurrieron a la Justicia Federal para investigar lo sucedido hace casi dos décadas atrás.

“La Justicia Federal hizo lo que la Justicia provincial no quiso hacer”, resaltó Eliezer.

Las últimas novedades que se habían registrado en la causa fueron a mediados de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó excavaciones e inspecciones oculares en predios e instalaciones de la Comisaría de Dos Mayo.

Los procedimientos fueron ordenados en base a la línea investigativa que sigue la hipótesis de que Golemba fue detenido, golpeado y desaparecido por agentes de la Policía de Misiones.

 

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El caso

Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.

La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.

A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.

Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.

La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.

En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.

Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.

Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.

Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría

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El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el misionero Oscar Thomas, imputado en la denominada “Causa Cuadernos” sobre una red de coimas y sobornos durante la década kirchnerista, declaró este jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, y negó cualquier vínculo con la trama de corrupción que se investiga.

La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, que también está procesado, anotó recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que figuran el misionero y la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Thomas, que aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas, declaró este jueves ante el tribunal oral por las visitas que, según Centeno, le hizo a su casa el “valijero” del caso, y negó haberle entregado nunca a Baratta los “bolsos con dinero” de los que habló el chofer, asegurando que en todas las ocasiones entregó al funcionario “bolsas de yerba mate”.

“Nunca integré una asociación ilícita, ni manejé dinero, ni emití cheques, ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue en el escenario de Yacyretá, un organismo internacional de Argentina y Paraguay con sus normas propias”, fue lo primero que dijo el misionero al tribunal, según publica el diario porteño Clarín.

Thomas, que en 2018 estuvo 47 días prófugo de la Justicia, comentó que se reunía con Baratta cuando visitaba a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y reconoció que Baratta lo visitó en su casa en la calle Juncal, pero negó que las visitas hayan sido 17, ni para buscar coimas, como reza la imputación armada a partir de los cuadernos del chofer Centeno.

“Siempre le traía yerba al personal que me trataba bien. A Baratta le llevaba yerba o se la hacía mandar por mi chofer. O pasaba por mi casa a retirar bolsas de yerba. Yo bajaba y se la daba en la puerta”, declaró el misionero y contó que, en otra ocasión, entregó al ex funcionario de De Vido un libro, que “era grande, pesaba ocho kilos, se llamaba ´Yacyretá energía para el desarrollo’”.

“Niego las 17 veces que se me nombra en los cuadernos. No recibí ni di dinero a nadie y nunca fui apretado”, recalcó el misionero, que comparte el mismo abogado defensor que la ex presidenta, José Manuel Ubeira.

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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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