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La Corte le dijo a Misiones que la prescripción tributaria es de 5 años; no de 10

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Fue en un fallo de la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”. Reafirmó la facultad de la Nación.

POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que “la prescripción de las obligaciones tributarias locales” se rige “por lo estatuido por el Congreso de la Nación para toda la República”, al rechazar el plazo de diez años que está en vigencia en Misiones.

El fallo correspondió a la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”.

El máximo órgano de administración de Justicia atribuyó a las normas superiores lo relativo a plazos, momento de inicio y causales de interrupción o suspensión que se aplican en las obligaciones tributarias locales.

De esa manera, desestimó la postura del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que había rechazado el planteo de prescripción opuesto por la Provincia y declaró aplicable el plazo de diez años previsto en el artículo 118 del Código Fiscal provincial, entonces vigente.

En su fallo, la Corte determinó que la prescripción “no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía”.

Límite a las Legislaturas

En consecuencia, “las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo”, remarcó la Corte con las firmas de Elena Highton de Nolazco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.

Y añadió que los hechos del caso “no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior”.

Ello debido a que “no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997. Esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior”.

Además “su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen”.

En dicho tramo, la Corte citó la resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002 y la resolución 183, del 4 de mayo de 2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones.

Disidencia

En disidencia, Rosatti, opinó que las provincias, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión y/o interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.

Añadió que “tampoco importa habilitar a las jurisdicciones locales a fijar plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión o interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar a los contribuyentes”.

“Los poderes fiscales provinciales y municipales -tal como ocurre con el nacional- se encuentran sujetos a los principios constitucionales de la tributación y, con particular referencia al caso, al principio de razonabilidad”, puntualizó.

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El Consejo de Caciques renovó autoridades y reclama derechos fundamentales

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Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional.

La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena.

Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes.   

La asamblea general de comunidades se realizó durante tres días en Capioví

Otras consideraciones

De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado.

La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana.

En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea.

Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”.

Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo.  

Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”

Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.

Alrededor de 100 comunidades mbya presentes a lo largo y ancho de la provincia participaron de la asamblea general

Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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El CGE explicó incompatibilidad en caso de portera cesanteada en Montecarlo

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A un día de la huelga de hambre iniciada por Julia Halbestard, quien se desempeñó desde el año 2021 como portera suplente de la Epet 11 de Montecarlo hasta perder esa fuente de trabajo en mayo pasado, el Consejo General de Educación (CGE) alegó que la misma “accede a una pensión” y por tanto el cargo en la institución educativa es “incompatible” conforme a lo establecido por la Ley 1- 104 (antes 3200).

Así lo confirmó Daniela López, directora del CGE al ser consultada por La Voz de Misiones, al mismo tiempo en que compartió un documento que corresponde al Registro Único Laboral de la Provincia de Misiones, que asegura que la trabajadora de servicio cuenta con una “pensión no contributiva nacional.- Pensión asistencial”.

A su vez, destaca que “si las personas que se mencionan en el párrafo anterior, serán designadas o contratadas por el organismo solicitante del presente informe, se encontrarán dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley I – N.° 104 (antes Ley 3200)”.

La mencionada ley, en su artículo primero, sostiene que: “Los beneficiarios previsionales de otras cajas que no sea el Instituto de Previsión Social de Misiones y el personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales o de otras provincias, que desempeñan cargos en el Estado provincial (inciso 2), deben optar en el plazo de diez (10) días de vigencia de esta ley o de producido el nombramiento en la Provincia, entre percibir el haber previsional o de retiro, en cuyo caso no tiene derecho a percibir remuneración alguna por el cargo que ocupa, o percibir el ingreso correspondiente a este último“.

Dada la situación, señalaron que Halbestard debería optar por continuar siendo beneficiaria de la pensión, o bien renunciar y tramitar el cargo como titular de servicio (portera) de dicha institución.

Huelga de hambre

Halbestard inició una huelga de hambre en la mañana de ayer, jueves, frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que ya no puede prestar servicio. 

La causa cobró gran repercusión en la comunidad educativa, con adhesión de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Al respecto, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) aseguró que Halbestard: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Por su parte, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), emitió un comunicado y destacó: “Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Julia Halbestard, quien se desempeñaba como personal de servicio suplente en la Epet 11 de Montecarlo, inició en la mañana de hoy una huelga de hambre frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que actualmente no puede continuar prestando servicios.

La situación generó preocupación entre los directivos, docentes, padres y sindicatos, ya que realizaron los reclamos pertinentes ante las autoridades competentes, sin recibir respuestas hasta el momento.

Consultado por La Voz de Misiones el director de la institución educativa Esteban Moudry profundizó: “Estamos solicitando el cargo desde inicios del ciclo lectivo, que cayó por jubilación del titular, además pedimos contención del gasto, pero el Consejo General de Educación (CGE) no habilita”.

Sobre esto, repudió: “Se atajan en que la matrícula no es suficiente, pareciera  que desconocen el funcionamiento de una escuela técnica, donde la matrícula se duplica entendiendo que están en doble turno los alumnos”.

Sobre la cantidad de estudiantes, detalló: “No llegamos a los 300 alumnos, pero por dos claramente deberían entender que necesitamos portera, además es muy grande la escuela”. 

Frente a esto, el reclamo por la habilitación del cargo y el acompañamiento a Halbestard tomó la adhesión de la comunidad educativa, cuyos padres intentaron tomar la escuela cuando inició la problemática. 

Actualmente, aguardan que las autoridades provinciales intervengan para destrabar el conflicto y brindar una pronta respuesta a su pedido.

Repercusiones 

El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) hizo eco de la situación y exigió pronta solución a través de un posteo en su cuenta de Facebook: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Y añadió: “Este año nuevamente fue castigada al congelarse el cargo en el que ejercía la suplencia, durante meses sus directivos realizaron tramites debido a su buen desempeño, no logrando revertir esta injusticia. También las organizaciones sindicales reclamaron por ella”.

Hoy sin ingresos y al borde del hambre, se instaló en la Defensoría Oficial del Juzgado de Familia de Montecarlo para buscar justicia, iniciando una Huelga de Hambre. Una vez más exigimos su nombramiento de manera inmediata y solicitamos a todos los trabajadores la mayor solidaridad”, concluyeron.

Al reclamo se sumó el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), desde donde emitieron un comunicado y destacaron: Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

“Cada acción, cada palabra de apoyo, cada gesto solidario, es un mensaje claro: tu resistencia nos fortalece y nos inspira. Exigimos a las autoridades competentes que atiendan de manera inmediata tu reclamo, reconociendo tu labor y garantizando tu nombramiento. La justicia laboral no es un privilegio, es un derecho, y nos comprometemos a seguir alzando nuestra voz hasta que se haga efectiva”, enfatizaron.

La huelga de hambre comenzó en la mañana de hoy y continuará por tiempo indeterminado frente al Juzgado de Familia de Montecarlo, donde Halbestard exige “una solución y justicia laboral” para recuperar el cargo que obtuvo en el año 2021 y le fue quitado en mayo pasado.

 

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