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Elevaron a juicio la causa de prestamista colombiano asesinado de 15 puñaladas

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En un año y medio, el expediente que investiga el crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), asesinado de 15 puñaladas durante un robo en su casa del barrio Yacyretá de Posadas, fue clausurado y elevado a  juicio oral con dos jóvenes acusados de un delito cuya calificación prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la información relevada por La Voz de Misiones, el requerimiento de elevación a juicio de la causa fue presentado el 20 de mayo por la fiscal Patricia Clérici y la resolución final para que el expediente sea enviado a una instancia superior fue firmado el último miércoles por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

En dicho documento se determinó que tanto Brayan Damián Casso Acosta (26) -también colombiano- como Juan Ramón Ramírez (27) deben ser juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura ante la cual ambos son pasibles de recibir el máxima pena prevista en el Código Penal de la Nación: la prisión perpetua.

Dicha calificación fue determinada a partir de la hipótesis del caso trazada mediante los diversos elementos de prueba recolectados a lo largo de la pesquisa. Según pudo saber LVM, la teoría del hecho plasmada en la elevación a juicio indica que ambos acusados asesinaron a Gallego Rojas para robarle 70.000 pesos y una motocicleta, y que para cumplir con dicho ardid vinieron exclusivamente desde Corrientes.

El crimen se registró en la chacra 103 del barrio Yacyretá. Foto: El Territorio.

El crimen

El crimen del extranjero, de 32 años, fue reportado el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, cuando sus vecinos del barrio Yacryterá (chacra 103) llamaron a la Policía para alertar que oyeron pedidos sus gritos de auxilio.

Cuando los efectivos acudieron a la vivienda, se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero de su departamento. Su cuerpo presentaba 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal estaba localizada en el tórax, según confirmó luego el examen de autopsia.

En el caso trabajó el personal de la Dirección Homicidios, que al recabar información supo que minutos antes del hecho dos hombres fueron vistos salir de la casa de Gallego Rojas a bordo de la moto de la víctima y llevándose consigo una caja fuerte portátil con 70.000 metros dentro.

Los sospechosos y las pruebas

Familiares de la víctima apuntaron sus sospechas hacia un sujeto con el cual aparentemente Gallego Rojas había tenido un conflicto laboral relacionado a la venta de inmuebles que derivó en una enemistad.

Así apareció sobre la mesa el primer nombre, el de Brayan Damián Casso Acosta -compatriota de la víctima-, y el devenir de la investigación lo terminó acorralando.

Es que más testimoniales lo ubicaron morando una vivienda a 200 metros de la casa de Gallego Rojas apenas unos días antes del hecho y otros testigos mencionaron haberlo visto llegar a ese mismo lugar con la Honda Titán de la víctima en un horario posterior al crimen.

Con todos los datos recolectados, la Policía lo ubicó y detuvo el 1° de marzo de ese mismo año. El joven sindicado como su acompañante, en tanto, fue capturado tres días más tarde en Corrientes y en un principio su grado de participación parecía menor, pero en la elevación a juicio se determinó que ambos deben responder como coautores del crimen.

De igual manera, al margen de las testimoniales, en el expediente obran otras pruebas que complican a los detenidos, principalmente a Casso Acosta.

Se tratan de pericias de ADN que ubican al sospechoso en la escena del crimen y cotejos científicos que determinaron que la sangre hallada en prendas de vestir incautadas en su poder correspondía a la víctima.

Ambos implicados están procesados con prisión preventiva y permanecen alojados en distintas unidades penales de la provincia.

Ahora, el expediente será remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la concreción del debate oral en el cual se determinará la responsabilidad y la pena para ambos imputados.

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Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales

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contador obereño

El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.

El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.

En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.

Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.

Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.

Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.

La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.

Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.

En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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crimen del penitenciario

Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

crimen del penitenciario

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

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Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles

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El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.

En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.

Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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