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El STJ limita posteos de los empleados del Poder Judicial en redes sociales

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Los ministros del máximo tribunal provincial buscan poner un freno, por ejemplo, a quienes se fotografían con expedientes y publican en horario de trabajo. La modificación del reglamento pondría en riesgo la libertad de expresión de los judiciales.

 

POSADAS. Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones resolvieron, a través de una Acordada, modificar un artículo del Reglamento del Poder Judicial incluyendo a las redes sociales dentro de la “conducta irreprochable” que se exige a todos los empleados de ese poder del Estado.

Se trata de la modificación al Inciso 1 del Artículo 254 del Reglamento Interno, que en su ampliación incluyó a las redes sociales, al compararlas con medios tradicionales de comunicación.

En ese sentido, los magistrados consideraron que “el uso masivo y constante de las distintas plataformas digitales de comunicación ha extendido individualmente los ámbitos donde los agentes del Poder Judicial desarrollan sus conductas, en los que pueden observarse actitudes reñidas con la obligación de decoro y dignidad que se exigen a quienes son parte de este poder del Estado”.

Luego de analizar decenas de casos de empleados que se fotografiaban junto a carpetas con expedientes en las oficinas del Palacio de Justicia y en horario laboral, los ministros coincidieron en la Acordada número 73, del 11 de junio, en poner el ojo en la conducta de los trabajadores y sus publicaciones en las redes sociales.

Así, el Inciso 1 del Artículo 254 fue modificado y quedó redactado: “Observar una conducta irreprochable tanto en el desempeño de sus tareas como fuera de ellas, y el uso de las distintas plataformas digitales de comunicación”.

Ciberconducta bajo la lupa

Para el secretario general seccional Misiones de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Luis Oudín, la decisión despierta dudas y, al ser consultado por La Voz de Misiones, remarcó: “No sabemos cuál es el verdadero fin de esta medida”.

Oudín, quien además es abogado, advirtió que “la única forma de que pueda ser interpretado es dentro del contexto laboral, en cuestiones exclusivamente del trabajo mismo”.

Y es que el sindicalista observa una delgada línea que los máximos jueces provinciales podrían cruzar. “Cualquier observación de las autoridades sobre publicaciones de los empleados, por ejemplo, por quejas en las condiciones laborales, sería una intervención en el ámbito de la esfera privada”, dijo y remató: “Lo consideraríamos ciberpatrullaje y presentaríamos una demanda”.

La acordada del STJ está firmada por la presidenta del cuerpo, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y los demás ministros, Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva, Liliana Mabel Picazo y Froilán Zarza. La nueva reglamentación entrará en vigencia a partir del 1 de julio.

 

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Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia

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“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.

El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.

“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.

Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.

El juicio

A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.

Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.

Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.

Los hechos

“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.

El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.

Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.

La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.

Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.

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Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas

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Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.

Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.

El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.

Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.

Agradecimiento a su familia y a sus padres

Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.

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Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla

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La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.

La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.

La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.

 

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