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Crimen de El Palomar: absolvieron por el beneficio de la duda a las condenadas a perpetua

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Sostuvo la Corte Suprema que “correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo”.

BUENOS AIRES y POSADAS (Diarios, agencias y redacción de LVM). La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, absolvió a Cristina Liliana Vázquez (foto) y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de Ersélide Leila Dávalos, cometido en 2001 en el barrio El Palomar de Posadas.

Vázquez y Rojas habían sido condenadas a prisión perpetua, aunque en intervención anterior la Corte ya había ordenado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que revisara esta condena.

El máximo órgano de administración de Justicia del país también había dispuesto que su homónimo en Misiones tratara los descargos por los que las imputadas sostenían su inocencia con respecto al hecho por el que habían sido condenadas.

Sin embargo la Corte misionera con otra integración, volvió a revisar la sentencia de condena y la confirmó.

Ahora la Corte Suprema entendió que en la sentencia que confirmó la condena no se había tratado en forma adecuada el descargo de Vázquez y Rojas por el que sostenían no ser responsables del hecho que se les atribuyera.

Remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria en tanto se había apartado de las constancias de la causa, desatendiendo prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad.

También aludió a que fue desatendida la garantía de presunción de inocencia, convalidando un doble estándar de valoración probatoria, en desmedro de dichos principios al efectuarse un análisis parcial y sesgado de la prueba.

Consideró asimismo que la causa resultó ser un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo y que ello se debía a la revisión parcial y sesgada que se había hecho del fallo.

El máximo tribunal sostuvo que si no hay un debido proceso, entonces no puede existir el respeto a la garantía de la defensa y al derecho a ser oído y si esa garantía se encuentra ausente, no hay posibilidad de garantizar la presunción de inocencia.

Por ello, la Corte entendió que tras más de nueve años de procedimiento recursivo todavía la sentencia apelada no cumplía con el derecho de las imputadas a que su condena fuera revisada de conformidad con los mandatos que derivan de la mencionada presunción de inocencia.

Además, dispuso que en función de ello, aplicando el beneficio de la duda, concluyó que correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo.

En su voto conjunto, los ministros manifestaron que la aplicación del principio in dubio pro reo permitió arribar a una solución que –aunque en forma tardía- pone fin a la injusticia con dos personas que han pasado varios años encarceladas. En este sentido, remarcaron que ésta era la única respuesta judicial posible y expedita hacia quienes hasta ahora estuvieron condenadas.

Vázquez y Rojas se encontraban hasta ahora privadas de su libertad sin sentencia firme, en el caso de Rojas desde hace más de catorce años y, en el caso de Vázquez, desde hace más de once.

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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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Comienzan los alegatos del juicio al represor Carlos Carvallo, en Paraná

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El expolicía, agente del batallón 601 del Ejército y locutor de FM Show de Posadas, está acusado de privación ilegítima de la libertad y torturas durante la última dictadura.

 

 

El juicio que se sigue en Paraná, Entre Ríos, al expolicía, agente del batallón 601 del Ejército y locutor de FM Show de Posadas, Carlos Carvallo, por el secuestro de un militante, entrará este miércoles en etapa de alegatos.
Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra el militante Manuel Ramat, quien fue secuestrado en 1976 (primero estuvo en la Jefatura de Policía en Paraná y luego en el centro clandestino de detención “El Brete”) y reconoció al expolicía como su captor.
Este proceso se trata de un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito -por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal-.
Sin embargo, a pedido de la querella, los alegatos serán orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura nacional e internacional, y en 2018 fue capturado en Posadas, donde vivía recluido en la casa de una hermana.

Postergación

Los alegatos en la causa contra Carvallo estaban previstos para el pasado 25 de septiembre, pero fueron postergados a último momento para este miércoles por disposición del juez federal encargado de dictar sentencia, Pablo Seró.
La decisión se adoptó en línea con las partes que se manifestaron disconformes porque solamente tenían 10 minutos para exponer cada una, en una audiencia que se iba a realizar de modo remoto como consecuencia de la pandemia.
Según trascendió, el magistrado había otorgado tan escaso tiempo para alegar porque la audiencia se iba a realizar mediante la versión gratuita de la plataforma zoom, que apenas acepta reuniones de 40 minutos.
Ante esto se presentaron las partes acusatorias, quejándose por la imposibilidad de explayarse en una causa por delitos tan graves como son los de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

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La mamá que apuñaló y abandonó su beba declaró, pero no recuerda nada

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El 7 de septiembre en la Costanera Oeste de Posadas, un profesor de gimnasia en medio de sus ejercicios de rutina encontró a una bebé recien nacida, llorando y gravemente lesionada. Ocurrió entre puentes de la avenida Chacabuco y Blas Parera, a metros del arroyo Mártires.

A las pocas horas la mamá de la beba fue apresada, estuvo internada por complicaciones médicas y ahora finalmente pudo declarar ante el juez de instrucción, Marcelo Cardozo.

La progenitora fue fue notificada e imputada formalmente por el delito tentativa de homicidio. La joven aceptó declarar, pero dijo que no recuerda nada, relató cuestiones de su vida antes del episodio y expresó incoherencias, sin relevancia para el caso.

Ante dicha declaración el juez, ante el reclamo por su familia y su defensa, ordenó una pericia psicológica para determinar si la mujer es consciente de su actos,  Según su abogado Manuel Rondón sufrió una “psicosis posparto” por ende no fueron voluntarios sus actos.

 

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