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Periodista revivió su detención y torturas en la dictadura ante la condena de los verdugos
Es Patricio Downes, quien se desempeñó en varios medios de Misiones y en el diario porteño Clarín. Calificó como “histórico” un fallo reciente contra un grupo de represores que lo detuvieron y torturaron hace “42 años, 8 meses y 27 días”, en Rosario.
POSADAS. En una columna, el periodista santafesino Patricio Downes, de amplia trayectoria en medios de Misiones y en el diario porteño Clarín, revivió sus vivencias como víctima de la detención ilegal y torturas a las fue sometido en la dictadura cívico militar de 1976.
“Histórica condena en videconferencia por delitos de lesa humanidad y abuso sexual en un centro clandestino”, es el título del trabajo publicado en el portal Misiones on Line, referido al fallo judicial que se conoció el pasado jueves en Santa Fe.
El trabajo periodístico relata:
“Pasaron 42 años, 8 meses y 27 días desde que la “patota” del represor Agustín Feced entró a mi casa en el centro de Rosario, rompió y robó lo que encontró a su paso y me hundió en la sangrienta catacumba del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe.
Antes lastimaron a tres de mis hermanos que vivían conmigo y que luego fueron liberados. De mi hogar también se llevaron a Esther Cristina Bernal, luego dirigente de CTERA y diputada provincial por el PJ en Misiones. Y a su hija, entonces de 3 años.
Compartí con otros secuestrados días de dolor, de solidaridad y también de angustia. Esta se acentuaba cuando veíamos a exmilitantes que se pasaron de bando, como José “El Pollo” Baravalle, quien en 2008 se quitó la vida en Italia al ser rodeado por la policía ante un pedido argentino de extradición.
Por el SI pasaron 2.000 detenidos-desaparecidos. Fue entonces una gracia de Dios estar vivo este jueves 14 de mayo para presenciar el fallo de prisión perpetua para integrantes de esa “patota” cobarde, perversa y asesina.
Veredicto histórico, por dos razones. El tribunal falló en sesión virtual, por videoconferencia. Y porque por primera vez en la Argentina, además de la condena por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario tuvo en cuenta el abuso sexual contra detenidas durante la dictadura cívico-militar.
En la jerga tribunalicia fue el final de la causa Feced III y IV, por la que estos asesinos ya habían recibido condenas anteriores. Se hilo conductor fue Agustín Feced, el comandante de Gendarmería de quien aseguran que murió y fue enterrado en Formosa en 1986.
Para los represores José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote, el tribunal dictó prisión perpetua por homicidio, torturas y abuso sexual. Es la primera vez que ocurre.
A prisión perpetua también fueron condenados Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos. La justicia federal los encontró culpables, como a Lofiego y Marcote, de los delitos contra 188 víctimas.
Además recibieron condenas Héctor Gianola y Eduardo Dugour, a 22 años; Julio Héctor Fermoselle, a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. El único que no contaba con ninguna condena previa era Gianola.
Agradezco a Dios que me dio vida suficiente para dar testimonio de sus crímenes. Y a los valientes jueces que enjuiciaron a estos asesinos y a los abogados y familiares que nunca dejaron de luchar.
Sin odio ni rencor
No me mueven el rencor ni el odio, pero no puedo olvidar que son culpables entre otros crímenes del asesinato a sangre fría de mi amigo Eduardo Bracaccini cuyo cuerpo arrojaron al costado de la Autopista Rosario-Santa Fe. Lo destrozaron en la tortura y lo balearon en las afueras de la ciudad.
Debo también mi vida a compañeros y amigos que lograron sacarme de Rosario luego de ser liberado. Entre ellos el periodista y dirigente del gremio docente santafesino Santiago Serrati, el entrerriano de Paraná, Rubén Graf, y mi compañero de la secundaria Miguel Angel “Tucho” Aguirre, arquitecto, músico, cantante y exprimera voz de Los Trovadores.
Durante años no pude conciliar el sueño a horario. Temía el secuestro, la tortura, la agresión, en plena madrugada. Se inauguró un tiempo de inestabilidad. Solo la compañía de los amigos misioneros, luego de mi mudanza aquí, amortiguó tanta angustia.
Entre los querellantes se contaron María Inés Luchetti, esposa del asesinado exdiputado nacional Leonardo Bettanin, Juan José Gollán, hermano de Daniel Gollán, actual ministro de Salud en el gobierno bonaerense, y la mamá de Eduardo, Gladys Bonafede de Braccacini.
Y el apellido Bracaccini, de una familia de Casilda, me lleva al otro responsable, el presbítero católico Eugenio Zitelli. Este era capellán policial y me interpeló cuando yo estaba torturado y vendado. Me agregó más sufrimiento ver allí al capellán policial, el de la misma fe católica que yo mantengo.
Pude constatar que era Zitelli, porque a principios de los ’60 había sido teniente cura de mi tío, el padre Juan Ignacio Downes. Sacerdote de gran fe y compromiso con los fieles, mi tío fue secretario del cardenal Antonio Caggiano, y luego párroco de las ciudades santafesinas de Peyrano, Melincué, Weelright y Rufino, antes de fallecer en 1962 víctima de leucemia.
Marcas y protagonistas
Tenía grabado el rostro de Zitelli, quien me levantó la venda para ver mi rostro, porque conocía sus anteojos de gruesa armazón. Esto me permitió testimoniar cómo recorría el área del centro clandestino de detención e interrogaba a los presos como hizo con la esposa de Bettanin y su suegra.
Actuó como un torturador más, cuando alentó esperanzas a los familiares de Eduardo Bracaccini, sus vecinos de Casilda. Nunca les dio verdad ni consuelo sabiendo que atravesaba el infierno de la tortura y se encaminaba a la muerte.
Zitelli fue procesado como partícipe necesario de torturas, secuestros y desapariciones.Por chicanas judiciales, en especial del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, su vida se extinguió en 2018 antes de ser condenado por la justicia humana.
Este jueves 14 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario fue calificar los delitos que allí se juzgaron como “crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio”. Lo integraron los jueces de Cámara Subrogantes, doctores Lilia Graciela Carnero, Eugenio Martínez Ferrero y y Aníbal Pineda.
La misma jueza recordó antes de dar el veredicto que “las fuerzas de seguridad, iglesias, poder judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc.” habían formado parte del entramado de “una de las etapas más oscuras” de la historia de la República”.
(*) Los subtítulos fueron agregados como complemento del escrito original.
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Joven mbya representará a Misiones frente a la ONU en Nueva York
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
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Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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Advierten por sueldo de choferes y servicio de transporte en riesgo en Posadas
Guillermo Leumann, empresario del transporte e integrante de Fatap a nivel nacional, en una nota periodística explicó la crisis del transporte urbano en Posadas y la incertidumbre por el pago de sueldos o para sostener la operación en condiciones normales.
Durante una entrevista con Radio República, Leumann, referente de Tipoka, describió al sistema de transporte público asfixiado por atrasos en compensaciones y subsidios, a los que calificó como “irrisorios” frente a un escenario general de costos en alza que ya dejó de ser manejable.
“El subsidio provincial, que viene con un atraso significativo en el cálculo o estudios de costos en virtud del cual aplican las compensaciones. El subsidio general municipal, concretamente a las empresas del sistema integrado de las empresas de Posadas, prácticamente tiene números que han quedado históricamente atrasados”, sostuvo.
Explicó, además, que el problema no es exclusivo de Misiones, sino que atraviesa a buena parte del interior del país, donde los servicios vienen acumulando desequilibrios por falta de reconocimiento real de costos y demoras en los pagos estatales.
En el caso puntual de Posadas, Leumann puso la lupa sobre los aportes municipales al sistema integrado. “Las cuatro empresas de Posadas perciben mensualmente 2 millones, 2 millones 500 mil pesos por subsidio general municipal”, señaló y describió a la cifra como “prácticamente simbólica” frente al volumen de gastos operativos.
También cuestionó la escasa compensación por gratuidades y beneficios que el sistema debe absorber, mientras la prestación sigue exigiendo combustible, mantenimiento, salarios y frecuencias.
En esa línea, Leumann sostuvo que el boleto de Posadas, hoy en $1.380, sigue estando entre los más bajos del país y remarcó que el verdadero problema no pasa por discutir solamente la tarifa, sino por la falta de compensaciones adecuadas del Estado.
“No hay más recursos para sostener la operación de una manera adecuada, con las frecuencias que el usuario merece o para renovar el material rodante en tiempo y forma”, sentenció.
A esa ecuación le sumó otro frente delicado: el aumento del combustible, la dificultad para conseguir precio cierto en algunos abastecimientos y la nueva pauta salarial firmada en marzo, con retroactivos incluidos.
“Entre el salvaje incremento del precio del combustible, sumado en nuestro caso a la pauta paritaria de la Fatap, ni siquiera podemos proyectarnos al primer semestre”, determinando que la combinación de esos factores deja a las empresas sin margen financiero inmediato.
“No saben qué puede pasar este miércoles”, anticipó el empresario atribuyendo la decisión de la continuidad al resultado de la reunión de Fatap que se está realizando hoy por la tarde.
A la escasez de recursos para atender la nueva obligación salarial se le suma el crecimiento del transporte informal, al que definió como una competencia desleal que se profundiza en tiempos de crisis.
“Entonces los cierres de negocio, la pérdida de actividad, la pérdida de trabajo, trae aparejado que el que tiene una moto o un auto, necesita trabajar y saca la moto, dos cascos, y sale a transportar gente por el mismo precio del boleto, con todo el riesgo que eso significa”, cuestionó Leumann.
“Al comerciante le aparecen los manteros en la vereda, a nosotros estos manteros del transporte, compiten de esta manera generando un riesgo enorme para el usuario”, planteó.
En ese contexto, el reclamo que dejó planteado fue concreto: revisar con seriedad las compensaciones, actualizar estudios de
Al Finalizar Leumann resumió el cuadro de situación: “el transporte en Posadas sigue funcionando, pero cada vez con menos margen y más incertidumbre”.
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