TUCUMÁN. Las autoridades de Salud de Tucumán insisten en que la víctima de abuso sexual en la infancia siga adelante con la gestación. La menor de 11 años fue internada por “autolesiones”. Fundación Huésped también se sumó al reclamo de diferentes organizaciones locales para que la menor pueda acceder al aborto no punible.

La nena embarazada de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela en Tucumán pidió que le practiquen un aborto legal. Pero las autoridades de Salud de esa provincia insisten en obligarla a seguir adelante con la gestación. Desde el movimiento “Ni Una Menos” reclama que se practique la intervención.

La periodista de Página/12, Mariana Carabajal, contó que desde el área de psicología del Hospital del Este Eva Perón, donde la nena se encuentra internada, confirmaron que ésta manifestó su voluntad de acceder a un aborto legal. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, fueron las palabras que le dijo la menor a la psicóloga y que están inscriptas en su historia clínica. En el documento también consta que la menor se quiso suicidar.

El embarazo de la niña había sido detectado el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de Salud, en la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, Tucumán. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. La niña ingresó por intento de suicidio. El cuerpo forense que investiga el caso por abuso sexual indica que “hay alto riesgo obstétrico” si continúa con el embarazo, pero el sistema de salud provincial decidió ignorar el informe.

También se supo que la fiscal Adriana Giannoni intervino de oficio para buscar un defensor al “no nacido” e impedir que el cuerpo médico garantice los derechos de la menor. Ante esto, el colectivo de mujeres Ni Una Menos Tucumán (NUM) realizó una presentación en el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) y ante el Ministerio Público Fiscal para pedir que la menor pueda interrumpir el embarazo. Sin embargo, el organismo aseguró que ni la madre ni la niña pidieron esa interrupción.

La abogada Soledad Deza, referente de NUM Tucumán, señaló en conferencia de prensa que “vemos con preocupación que el Sistema Provincial de Salud ignore la voluntad de esta niña que solicitó una interrupción legal del embarazo (ILE), tanto en la sede sanitaria a la que asistió en un primer momento, como en la Justicia”.

Por su parte, desde la institución que trabaja en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos, cuestionó la excesiva demora en la autorización práctica por parte del SIPROSA. “La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura”, plantearon desde la Fundación Huésped .

Tucumán, junto con las provincias del NOE argentino, tiene altas tasas de mortalidad materna por abortos clandestinos. El año pasado, la directora del mismo hospital donde está la niña internada, Elizabeth Ávila, negó una interrupción legal del embarazo a una mujer que cursaba un embarazo con feto anencefálico.

Además es la única provincia que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva sancionada hace 15 años. Tampoco adhirió a la Ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

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