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Nena violada y embarazada en Tucumán: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”
TUCUMÁN. Las autoridades de Salud de Tucumán insisten en que la víctima de abuso sexual en la infancia siga adelante con la gestación. La menor de 11 años fue internada por “autolesiones”. Fundación Huésped también se sumó al reclamo de diferentes organizaciones locales para que la menor pueda acceder al aborto no punible.
La nena embarazada de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela en Tucumán pidió que le practiquen un aborto legal. Pero las autoridades de Salud de esa provincia insisten en obligarla a seguir adelante con la gestación. Desde el movimiento “Ni Una Menos” reclama que se practique la intervención.
La periodista de Página/12, Mariana Carabajal, contó que desde el área de psicología del Hospital del Este Eva Perón, donde la nena se encuentra internada, confirmaron que ésta manifestó su voluntad de acceder a un aborto legal. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, fueron las palabras que le dijo la menor a la psicóloga y que están inscriptas en su historia clínica. En el documento también consta que la menor se quiso suicidar.
El embarazo de la niña había sido detectado el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de Salud, en la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, Tucumán. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. La niña ingresó por intento de suicidio. El cuerpo forense que investiga el caso por abuso sexual indica que “hay alto riesgo obstétrico” si continúa con el embarazo, pero el sistema de salud provincial decidió ignorar el informe.
También se supo que la fiscal Adriana Giannoni intervino de oficio para buscar un defensor al “no nacido” e impedir que el cuerpo médico garantice los derechos de la menor. Ante esto, el colectivo de mujeres Ni Una Menos Tucumán (NUM) realizó una presentación en el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) y ante el Ministerio Público Fiscal para pedir que la menor pueda interrumpir el embarazo. Sin embargo, el organismo aseguró que ni la madre ni la niña pidieron esa interrupción.
La abogada Soledad Deza, referente de NUM Tucumán, señaló en conferencia de prensa que “vemos con preocupación que el Sistema Provincial de Salud ignore la voluntad de esta niña que solicitó una interrupción legal del embarazo (ILE), tanto en la sede sanitaria a la que asistió en un primer momento, como en la Justicia”.
Por su parte, desde la institución que trabaja en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos, cuestionó la excesiva demora en la autorización práctica por parte del SIPROSA. “La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura”, plantearon desde la Fundación Huésped .
Tucumán, junto con las provincias del NOE argentino, tiene altas tasas de mortalidad materna por abortos clandestinos. El año pasado, la directora del mismo hospital donde está la niña internada, Elizabeth Ávila, negó una interrupción legal del embarazo a una mujer que cursaba un embarazo con feto anencefálico.
Además es la única provincia que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva sancionada hace 15 años. Tampoco adhirió a la Ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
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Lideresa mbya ante la ONU: “Nuestro modo de vida está en riesgo en todo el país”
Keila Zaya (19) intervino durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York con un discurso en representación de todos los pueblos indígenas de Argentina, quienes reclaman respeto por su identidad y cultura ante el acecho de empresas forestales y mineras a lo largo y ancho del país.
En ese marco, reiteró al Estado argentino la titulación inmediata y colectiva de los territorios indígenas y la implementación efectiva de la consulta previa, libre, informada y de buena fe en todos los proyectos que los afectan.
Según consta en el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, inicialmente, el mensaje de quien integra la comunidad mbya Arandú, situada en la localidad misionera de Pozo Azul, estuvo dirigido a las autoridades y miembros del Foro: “Señora Presidenta, distinguidos miembros del Foro Permanente. Vengo en representación de los pueblos indígenas de Argentina, y especialmente del pueblo Mbya Guaraní de la comunidad Puente Quemado II, en la provincia de Misiones”.
Puente Quemado II, hace más de dos décadas enfrenta disputas territoriales con la empresa forestal multinacional Arauco. Al mismo tiempo, su funcionamiento impacta sobre el ambiente y la población, que se ve imposibilitada de consumir el agua del río y de las vertientes cercanas como consecuencia del alto nivel de contaminación que presentan, vulnerando así los derechos a la identidad cultural, la niñez indígena, la salud y a un ambiente sano.
“Nosotros somos preexistentes al Estado argentino. Nuestro territorio no es una mercancía, es el espacio donde se sostiene nuestro modo de vida, nuestra espiritualidad y nuestra identidad. En nuestro idioma esta concepción se expresa como “Ñande Reko”. Hoy ese modo de vida está en riesgo en todo el país”, alertó.
En ese sentido, apuntó contra el agronegocio: “Un factor que vulnera el derecho a la salud de los pueblos originarios ya que el Estado argentino no ha garantizado la titulación de los territorios comunitarios indígenas. Esta falta de seguridad territorial permite el avance de empresas forestales, mineras y del agronegocio sobre nuestros territorios”.
Por lo que reiteró el pedido de respeto por la cultura y las normas vigentes: “No se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se aprueban proyectos extractivos sin consultar a las comunidades, mucho menos tomar en cuenta su consentimiento, violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
“Exigimos el reconocimiento de los territorios indígenas mediante títulos comunitarios y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto no es un pedido, es una obligación del Estado. Las consecuencias son concretas y graves para la salud de nuestra gente. La supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas —y en particular de las mujeres y niñas— depende de la garantía efectiva de sus derechos colectivos sobre los territorios, los recursos naturales y el acceso al agua limpia, tal como lo reconoce la Recomendación General N.º 39 del CEDAW”, añadió.
Seguidamente, enfatizó: “Sin territorio no hay vida, sin agua limpia no hay salud, sin salud no hay futuro para nuestros niños y niñas”. Y reiteró: “Proteger estos derechos no es solo una cuestión ambiental, sino una obligación internacional vinculada a la vida, la dignidad y la continuidad de los pueblos indígenas”.

Keila Zaya ante la ONU junto a lideresas de diferentes pueblos originarios del mundo.
Solicitud
Ante los miembros y autoridades de la 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Keila Zaya reiteró al Estado argentino que haga efectiva la titulación inmediata y colectiva de los territorios indígenas en todo el país, y la implementación efectiva de la consulta previa, libre, informada y de buena fe en todos los proyectos que nos afecten.
A las empresas, el cese de actividades que contaminen sus aguas y territorios, y la reparación integral de los daños causados. Para finalizar, sugirió al Foro Permanente que monitoree la situación de los pueblos indígenas en Argentina y acompañe la lucha por la defensa territorial y la salud colectiva.
El encuentro que reúne a lideresas indígenas de diferentes países, se desarrollará hasta el 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU. Allí, Zaya cuenta con el acompañamiento de Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
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Joven mbya representará a Misiones frente a la ONU en Nueva York
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Revelan alto valor nutricional en semillas de cáñamo de una ONG misionera
En el marco del convenio de cooperación entre la asociación civil Misiones Activa, la ONG Ciencia Sativa y el INTA Bariloche, dieron a conocer los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre semillas de cáñamo producidas en Misiones, lo que consolidaría un avance clave hacia el desarrollo de una nueva cadena de valor agroindustrial.
Los informes técnicos del INTI, elaborados en el Departamento de Alimentos NEA, confirmaron un perfil nutricional altamente competitivo. De esta manera, en una base de 100 gramos de semillas, se registraron: Proteínas: 29,1 ± 0,5 g, Grasas totales: 36,9 ± 0,5 g, Fibra dietaria 19,44 ± 0,01 g, Humedad: 7,01 ± 0,02 g, Cenizas totales: 7,56 ± 0,01 g y Sodio: 32 ± 2 mg.
Desde Misiones Activa, consideraron que estos valores, verificados bajo metodologías oficiales AOAC, “posicionan al cáñamo como un alimento de alto valor biológico, destacándose especialmente por su contenido proteico, que supera el de fuentes tradicionales como la carne vacuna o porcina en términos relativos”.
El ensayo fue desarrollado bajo la dirección técnica de cultivo de Lionel Matías Fernández, quien coordinó el proceso productivo y la implementación de los protocolos agronómicos que permitieron obtener las muestras analizadas, garantizando trazabilidad y calidad en cada etapa.
“Este resultado no es casualidad, es el producto de una articulación inteligente entre organizaciones, sistema científico y territorio. El cáñamo industrial representa una oportunidad estratégica para la provincia de Misiones: diversifica la matriz productiva, genera valor agregado en origen y abre la puerta a una nueva economía basada en la innovación y la sostenibilidad. Hoy contamos con evidencia científica que respalda la necesidad de avanzar en políticas públicas que acompañen este desarrollo”, puntualizó.

Director técnico de cultivo, Lionel Matías Fernández
Desafíos en la regulación
El avance técnico mencionado anteriormente contrasta con la situación actual del marco regulatorio nacional. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo encargado de otorgar licencias para el desarrollo del cáñamo industrial, registra una parálisis operativa que se extiende desde hace más de dos años.
En este contexto, la Asociación Civil Misiones Activa presentó su solicitud de licencia hace más de 200 días, sin haber recibido respuesta hasta el momento, configurándose un escenario de silencio administrativo que limita la posibilidad de escalar este tipo de iniciativas productivas.
Desde ese espacio, analizaron que “Este desfasaje, entre la capacidad técnica demostrada y la falta de definiciones regulatorias, pone en evidencia la necesidad urgente de reactivar los mecanismos institucionales que permitan transformar el potencial del cáñamo en desarrollo económico real”.
Y añadieron: “Desde una perspectiva técnica y política, el estudio valida no solo la calidad nutricional del cultivo, sino también su potencial como política de desarrollo productivo, alineada con las nuevas demandas globales de alimentos saludables y sostenibles”.
En un contexto internacional donde crece la demanda de proteínas vegetales, Misiones cuenta hoy con una ventaja competitiva concreta: datos científicos, capacidad técnica y condiciones agroecológicas favorables.
Según sus referentes, el desafío hacia adelante será consolidar el marco normativo, habilitar la operatoria del sector y construir una cadena de valor que permita transformar este logro técnico en desarrollo económico, empleo y oportunidades para los productores misioneros.
Experto asegura que el cultivo de cannabis puede ser una alternativa al tabaco
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Amenazas a colegios: secuestran armas en la casa de un alumno en Puerto Rico
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
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